Cuota Solidaria. Libertarios vs Sindicalismo: Caputo y Sturzenegger van contra la representación gremial

En el marco de la recposición política lograda por el oficialismo tras las elecciones, el Gobierno de Javier Mieli se apresta a avanzar en múltiples iniciativas que volverán a enfrentarlo con las organizaciones sindicales. Además de la polémica reforma laboral que pretenden discutir en el Parlamento en diciembre, se anticipa una nueva ofensiva para la eliminación de las cuotas solidarias en los convenios colectivos, una propuesta que ya estaba presente en el cuestionado DNU 70, impulsado a inicios de la gestión libertaria y luego impugnado en buena parte de sus capítulos laborales por la Justicia.

Desde el Gobierno, uno de los principales impulsores de esta nuevo plan de ataque contra las organizaciones sindicales es el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, apoyado por su par de Economía Luis Caputo. Ambos buscan incluir la eliminación de la cuota sindical «compulsiva» en los planes de reforma laboral que se presentarán al debate en el Congreso. El propio Sturzenegger lo anticipó en el reciente Coloquio de IDEA, definiendo a las cuotas solidarias como «peajes» o «impuestos privados ilegales» que afectan negativamente los salarios y encarecen los costos empresariales.

Tras calificar estos aportes como “impuestos privados ilegales”, explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora y puso en números el impacto de este punto: en el caso del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, se fijó una cuota solidaria equivalente al 3% del sueldo de convenio y un 4% adicional por otros conceptos, lo que representa un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador y un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.

Las «cuotas solidarias» fueron establecidas por el artículo N° 9 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, cuando plantea que «la convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió». Y luego se especifica: «Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención».

La limitación para el pago de estas cuotas, definidas como «coercitivas», ya había sido incluido en el DNU 70, habilitando el cobro por parte de los gremios «sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo». Entonces la Confederación General del Trabajo (CGT) planteó una impugnación legal a la iniciativa, consiguiendo el respaldo de la Justicia del Trabajo. De todos modos, el Gobierno volvió a incluir el punto en el borrador de la Ley Bases, pero en las negociaciones previas a su aprobación (en abril 2024) finalmente fue retirado.

En la previa de las elecciones para la renovación del Consejo Directivo cegetista y ante las constatación de una nueva ofensiva antisindical por parte del Gobierno, el cotitular de la CGT Héctor Dáer consideró: «Si es para retroceder, no vamos a negociar. Hasta ahora no hay ningún indicio de cuál es el borrador que pretende el Gobierno». Y anticipó: «La CGT tiene que construir las mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar los avances como hasta ahora. Si eso no alcanza, generar presión política y gremial como hicimos con el DNU 70».