El Gobierno inició el proceso para vender Aerolíneas Argentinas
03/10/2024 La Nación – Nota – Economía – Pag. 20
Diego Cabot
decisión. Se formalizó el decreto que declara la empresa sujeta a privatización; mientras, se tensa la relación con los empleados
No ahorraron ni una coma ni un adjetivo y, menos aún, ninguna cifra. El decreto mediante el cual se volvió a iniciar el proceso de venta de Aerolíneas Argentinas es un «manual ilustrado» del pensamiento de Javier Milei respecto de la línea aérea. Casi una confesión oficial, en los considerandos que barnizan la norma, de dos artículos de fondo y tres de forma.
Formalmente, se publicó un decreto mediante el cual la línea aérea se declara sujeta a privatización. Ahora se abrirá otro debate parlamentario, ya que la norma sobre la que se basa esta decisión autoriza esta posibilidad, pero establece que se deberá iniciar un trámite parlamentario preferente. Será el Congreso el que tenga que tachar la «inmunidad para ser vendida» que le entregó con la Ley Bases por esta autorización para privatizarla. La norma empieza con algo de historia, como una línea de partida necesaria como para relatar los números actuales que, según la visión de la Casa Rosada, generan la necesidad de privatizarla. La historia reciente empezó en 2007, con la sanción de la ley 26.412, cuando el Estado rescató las acciones de Aerolíneas Argentinas, Austral y Cielos del Sur, además de las empresas controladas. En ese momento, se argumentó que «la estatización de la compañía tenía como objetivo contribuir, mediante el turismo, al crecimiento del producto bruto interno, al ingreso de divisas y a la integración internacional».
«En ese sentido ?rememora el decreto firmado ayer?, se indicó que el salvataje tendría por finali dad la prestación de un servicio de excelencia que proyectara positivamente la imagen del país y permitiera acoger a los usuarios locales y extranjeros con hospitalidad, compromiso y conciencia gracias al buen servicio que debía brindar la línea aérea». Y entonces, empieza la fuerte crítica, ya no a las sucesivas gestiones, sino a los trabajadores de la compañía, especialmente a los pilotos, el gremio que maneja Pablo Biró y que está en una lucha sin cuartel con el Gobierno. «A pesar de las buenas intenciones que podrían haber sustentado la sanción de la ley 26.412, luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados.
A lo largo de este período, la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional con el fin de garantizar la continuidad operativa», finaliza el decreto para, ahora sí, esbozar la situación actual. Las negociaciones entre la actual gestión, que encabeza Fabián Lombardo, y tres de los gremios ?pilotos (APLA), aeronavegantes (AAA) y personal aeronáutico (APA)? se tensó en los últimos meses. De hecho, hubo varias semanas en las que los vuelos tuvieron serias complicaciones. Justo en medio de esta tensión, tal esa costumbre de Javier Milei de acelerar en la curva, el Presidente justificó el decreto que autoriza la privatización con fuertes críticas a los empleados: «A pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas, sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta.
Entre tales beneficios se encuentran los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de dos familiares o de un acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros». También hubo lugar para repasar algunas críticas. De acuerdo con las cifras que relata el decreto, la línea aérea cuenta con una dotación de 1107 pilotos para 81 aeronaves activas, lo que representa una relación de aproximadamente 14 pi lotos por cada avión operativo: «Un número desproporcionado con relación a los estándares de la industria». Entonces, lo comparación con compañías aéreas de la región.
«La empresa argentina cuenta con un promedio de 125 empleados por aeronave; Gol, 97, y Copa, 70. «La situación de Aerolíneas Argentinas no representa un caso frecuente en un mundo en el que las compañías de bandera relevantes, incluso las vinculadas a países con superficies territoriales mayores que la Argentina, evolucionaron a sistemas de propiedad mixta, mayoritariamente privada», finaliza. La norma cuenta que desde la estatización el Estado aportó alrededor de 8000 millones de dólares en concepto de subsidios y que, «en un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%, el Estado nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen». Así las cosas, la cuestión quedó planteada. Formalmente, lo que sigue ahora es iniciar el camino legislativo. El «poroteo» no será fácil.
Los gobernadores, aportantes de manos para levantar en las dos cámaras, siempre fueron verdaderos defensores de la compañía, interesados como ninguno en que haya vuelos a sus provincias. Les interesan el comercio y el turismo, pero también el traslado de decenas de funcionarios que van y vienen en los aviones estatales. Allí gestionan sin problema; en las empresas privadas les cuesta más. Los parlamentarios son beneficiarios de centenares de pasajes por año para ellos, para regalar, para hacer política y para bancar la demagogia.
No será fácil convencerlos de que la cuestión cambiará y que el mostrador será de una empresa privada. Mientras todo sucede, el Estado, como accionista mayoritario, propiciará la salida de Biró del directorio. Ya está convocada una asamblea para removerlo. Tratan de rodear al piloto y exponerlo. Creen que ante el escenario de que todos pierdan frente a una venta, algunos trabajadores se levantarán contra el piloto o, al menos, cuestionarán su autoridad. Pero el comandante es un veterano en el ring, y además el «crédito del Instituto Patria» está invicto.
La empresa aérea de bandera volverá a ser tema de debate en el Congreso.
