El gobierno reafirmó la vigencia del decreto que modificó el régimen electoral de los sindicatos
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(5 de septiembre) El Ministerio de Capital Humano, por medio de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que conduce Julio Cordero, reafirmó la plena vigencia del Decreto 342/2025 que introduce modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales en el régimen electoral. La normativa, firmada por el presidente Javier Milei, se presentó desde el Ejecutivo como un avance para garantizar la libertad sindical y reducir la injerencia del Estado en la vida interna de los gremios.
Según un comunicado de prensa de la cartera que encabeza Sandra Pettovello, el Decreto 342/2025, publicado en el Boletín Oficial en mayo de 2025, busca alinear la legislación nacional con los principios de libertad sindical establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo esgrimido por el gobierno, en esa línea, apunta fortalecer la transparencia, autonomía y la vida democrática de las asociaciones sindicales.
Los cambios clave de la nueva normativa se centran en limitar la intervención de la autoridad de aplicación, que anteriormente tenía amplias facultades para fiscalizar y regular los procesos internos.
Restricción de la intervención estatal: La potestad del Ejecutivo para intervenir en las elecciones internas de los sindicatos queda restringida únicamente a situaciones de acefalía sin una resolución estatutaria. En estos casos excepcionales, se podrá designar un funcionario con un mandato limitado a 120 días hábiles, cuya única tarea será convocar a elecciones para normalizar la situación.
Fin de la facultad para convocar a elecciones: Se eliminó la potestad de la Secretaría de Trabajo para intimar a una entidad sindical a que no realice la convocatoria a comicios en los plazos correspondientes. Hasta ahora, si el gremio no cumplía, el Estado podía designar delegados electorales para llevar a cabo el proceso.
Cese de la intervención por denuncias de irregularidades: El nuevo decreto también suprime la posibilidad de que el Estado suspenda un proceso electoral o la toma de posesión de cargos ante denuncias de irregularidades. Los conflictos de esta índole deberán ser resueltos en la Justicia del Trabajo.
Estas modificaciones, según el Gobierno, responden a la necesidad de eliminar injerencias que se consideran excesivas en la autonomía y autodeterminación de las organizaciones sindicales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que celebró la medida en mayo, afirmó que “menos injerencia estatal permitirá una mayor libertad sindical”.
Desde el gobierno insisten en que el retiro del Estado de la vida interna de las organizaciones, asegurará mayor transparencia y libertad en las entidades gremiales y permitirá fortalecer la institucionalidad democrática en las mismas, en línea con la política de desregulación que viene aplicando en otros sectores.
Imagen: archivo
