El Gobierno vuelve a poner la mira sobre las cajas de los sindicatos

19/08/2024 El Cronista Comercial – Nota – Economía & Política – Pag. 10

REORDENAMIENTO DE OBRAS SOCIALES

Julián Alvez jalvez@cronista.com

A través de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ejecutivo seguirá con nuevas auditorías de las obras sociales sindicales y mira nuevas reformas de cara al mediano y largo plazo.

Los auditores pertenecientes a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) afirman que realizan entre dos y tres visitas por semana a diferentes obras sociales sindicales. El objetivo es cumplir con el plan de reordenamiento del sistema sanitario que impulsa el ministro de Salud, Mario Russo, en conjunto con el presidente Javier Milei.

Esto se hace bajo la presunción -no solo de los funcionarios sanitarios sino de alfiles del Gobierno como Federico Sturzenegger- de que las obras sociales son la principal caja de los sindicatos y que «se deben acabar con los curros con los que se financian».

El ministro de Desregulación todavía se relame por el intento fallido para eliminar la obligatoriedad de las «contribuciones solidarias», una de las principales fuentes de ingresos para los gremios. Funcionarios que lo conocen muy bien indican que es la reforma que más lo obsesiona, ya que la cree como el punto decisivo para debilitar la posición de los gremios.

Quien por el momento le pone un freno en esa misión es el propio Milei, que pese a estar de acuerdo con esa propuesta, sabe que sería generar ruido enun contexto donde requiere dosificar los conflictos políticos.

Pareciera ser que el Congreso más robusto que se le presentará a La Libertad Avanza luego de las legislativas de 2025 sería un escenario más propicio para insistir con un paquete de reformas recargado.

¿Qué implicaría la quita de la obligatoriedad de esos aportes? En muchos casos la baja sustancial del principal aporte que reciben esas obras sociales. En la actualidad, los trabajadores registrados direccionan el 3% de su sueldo a su obra social, mientras que el empleador aporta un 5% del mismo.

Aunque más del 80% se destina directamente para la obra social, el porcentaje restante se destina al Fondo de Solidario de Redistribución (FSR), que -como lo indica su nombre- redistribuye dinero a las entidades de la salud para poder costear tratamientos complejos de salud o para que estas puedan cumplir con los requisitos del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Cada uno de estos programas tiene un propósito detrás, los cuales están siendo revisados.
Un ejemplo es el SUMA, un subsidio creado durante 2012 para corregir asimetrías entre obras sociales más grandes y las que tienen menos de 5000 afiliados, dándoles más fondos por cabeza. Ese programa fue retocado meses atrás por la SSS y en su primer mes de aplicación se evidenció un ahorro de $ 3.481.169.537,22. La más perjudicada por la medida, la Obra Social de Modelos Argentinos, dejó de percibir $ 124.695.532,91 por mes.

Aunque no se replica en todos los casos, algunos de esos ejemplos fueron divisados en las decenas de auditorías que ya realizó la SSS. Además de controlar los balances, memorias y registros de las empresas de salud. El objetivo también es atestiguar si hay una prestación de servicios genuina.

Al menos eso no se divisó en cuatro obras sociales, lo que hizo que se iniciaran acciones para intervenirlas. Las primeras fueron la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Esta última es la segunda obra social más grande del país con más de 650.000 afiliados.

Durante la última semana, el Gobierno tomó el primer paso para intervenir otras dos entidades más a través del nombramiento de administradores provisorios: el lunes, la Superintendencia sacó una resolución en la que oficializó esa movida en la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) y el miércoles en la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM).

Ahora se espera que el decreto con la oficialización salga en el cortísimo plazo. «Van a haber más», ratifican de Gobierno.

El ministro Sturzenegger encabeza la estrategia oficial para desarticular el financiamiento de los gremios.