El Gobierno y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión de servicios hasta 2049:
Las millonarias inversiones que se esperan
La concesión aeroportuaria se prorrogó por el impacto de la pandemia; la compañía debe acreditar fondos en 2027 y ejecutar obras mayoritarias antes de 2031.
El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina cerraron un acuerdo para ampliar la concesión aeroportuaria que abarca 35 aeropuertos: la vigencia original, prevista hasta 2038, se extenderá hasta 2049 con posibilidad de prórroga hasta 2056. A cambio, la empresa se comprometió a ejecutar un plan de obras por USD 600 millones.
El texto oficial —publicado por Decisión Administrativa en el Boletín Oficial— fija que el 75% de esas inversiones deberá estar concluido antes del 31 de diciembre de 2031. Además, para que rija la ampliación se exige que la compañía acredite antes del 30 de junio de 2027, mediante auditoría de primer nivel, la disponibilidad de los fondos necesarios.
Condiciones y plazos que impone el Gobierno
Las partes admiten que la pandemia generó un desequilibrio económico que obligó a renegociar la concesión aeroportuaria. El acuerdo incorpora una tasa interna de retorno de referencia del 14,3% para recomponer el balance sin garantizar una rentabilidad fija. También se precisó que el plan no accederá al RIGI, según lo dispuesto en la Decisión.
La empresa había planteado originalmente una ampliación mucho más larga, que la hubiera llevado hasta 2078 si se sumaban prórrogas automáticas. Sin embargo, informes técnicos del organismo regulador determinaron que el plazo adecuado para la concesión aeroportuaria es hasta el 13 de febrero de 2049, con posibilidad de extenderse hasta 2056 en condiciones fijadas.
Compromisos y cierre de controversias
El acuerdo prevé que la prolongación del contrato facilite la amortización de las obras ejecutadas, siempre sujeta al cumplimiento de hitos de inversión. En concreto, la norma señala que la ampliación de siete años depende de que los fondos estén garantizados y que el cronograma de obras cumpla con el porcentaje mínimo exigido antes de 2031.
Como parte del arreglo, el Estado y la concesionaria acordaron renunciar a reclamos previos vinculados a la pandemia y cerrar las controversias acumuladas. En el Acta se consignó textualmente: “nada más tendrán que reclamarse mutuamente por ningún concepto de origen anterior al Acta Acuerdo ni por las consecuencias directas o indirectas de los perjuicios ocasionados a partir de la pandemia”.
Quedó prevista una salvedad limitada respecto de determinadas revisiones de inversiones anteriores, pero en líneas generales la intención oficial es evitar futuros pasivos que afecten al Estado y garantizar la continuidad y calidad del servicio aeroportuario en los aeropuertos incluidos en la concesión. El objetivo es también asegurar un ritmo de obras compatible con el crecimiento del tráfico aéreo.
