Empresas estatales en la vidriera

El intento privatizador que lanzó el presidente Javier Milei abarca a una multiplicidad de empresas del Estado y, además, busca generar un procedimiento que acelere el pretendido traspaso a manos privadas salteando toda una serie de requisitos legales. Si existiera responsabilidad y compromiso con la ley, el método así como está planteado debería abrir un profundo debate tanto en el Congreso como en Tribunales antes de llevarse a la práctica.

El DNU dispone la derogación del régimen de sociedades del Estado, así como toda «normativa que impida la privatización de las empresas públicas», según expresó Milei en su discurso.

A través de la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, «lo que se pretende es habilitar la venta de los paquetes accionarios en poder del Estado a través del mercado de capitales o un operador. Elimina la necesidad de aprobar una ley de privatización para cada empresa pública», explicó un especialista con fuerte experiencia legislativa pero también en funciones ejecutivas.

«Es una manera de hacer más volátil la propiedad de la empresa, ya no tenés que enajenar toda la empresa a un solo comprador», señaló otro especialista consultado, doctor en Derecho y Economía, y en Administración y Relaciones Internacionales. «La propiedad se hace volátil en acciones que representan parte de la empresa, y pueden ser adquiridas por cualquiera en la bolsa si se dispone que hagan oferta pública, o por un contrato de compraventa de acciones entre dos partes si no hacen oferta pública. Al constituirse en sociedades por acciones, las empresas públicas quedan a tiro de fondos de inversión extranjeros, como por ejemplo Black Rock».

Por otro lado, con la completa desregulación de los mercados, las obliga a competir como una empresa privada más, desnaturalizando el rol que cumple una empresa pública en un sector considerado estratégico o de interés social.

El DNU, en sus fundamentos, expresa que «es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades. Que este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido».

En su mensaje, Milei enunció como una de las reformas destacadas de las llamadas Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina», la autorización para «la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas».

«Se introducen modificaciones a las Leyes 26.412 y 26.466 a los fines de permitir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima a sus empleados», dice el DNU en sus fundamentos.

La aerolínea de bandera ya es una sociedad anónima, y sobre ella ya había adelantado el ahora presidente su idea de transferírsela a los empleados. Con una condición que entonces no mencionó pero que anoche quedó explicitada en los anuncios. Aerolíneas no pasaría a manos de sus empleados respetando su situación actual como línea de bandera, sino sometida a un nuevo contexto: entre sus anuncios, Milei incluyó la «Implementación de la política de cielos abiertos».

Vale recordar que se trató del intento del gobierno de Mauricio Macri de imponer un régimen aerocomercial totalmente favorable al capital privado (el surgimiento de las compañías low cost), en donde los mayores riesgos de inversión y costo de infraestructura corrían por cuenta de Aerolíneas. Algunos creen que fracasó. Otros analistas, en cambio, señalan que desde el punto de vista de los negocios de empresarios allegados a Macri, por sus resultados se trató de un negocio redondo.

Adicionalmente, los fundamentos del decreto señalan que «desaparecerán las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado  y las Sociedades de Economía Mixta. Y de inmediato, refiere que «se modifica el capítulo del Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696, a los fines de facilitar el traspaso de las acciones de las empresas actualmente estatales a sus empleados».

Otra mención explícita a una sociedad del Estado es al Banco de la Nación Argentina. «Deben incluirse cambios en la Ley N° 21.799 para adecuar al BNA a su nueva configuración societaria», dicen los fundamentos del decreto.

En otro pasaje de su mensaje, el presidente de la Nación mencionó, expresamente, la «desregulación de servicios de Internet satelital, para permitir el ingreso de empresas como Starlink». Se trata de la empresa de servicios en dicho rubro de Elon Musk, firma que ya hace un mes adelantó sus planes de empezar a prestar servicios en Argentina a mediados de 2024. Es decir, que su llegada no sería un mérito de la desregulación que se acaba de anunciar, sino que ya estaba decidida cuando aún no había sido elegido el nuevo presidente.

Starlink cuenta con una constelación formada por unos cinco mil satélites, brindando conexión a unos dos millones de usuarios. Los intereses comerciales de Elon Musk en el país tienen, en su radar, no sólo su buena relación personal con Javier Milei sino a la empresa estatal Arsat como objetivo. Quizás el multimillonario de nacionalidad estadounidense, nacido en Sudáfrica, sea parte de «las fuerzas del cielo» en las que Milei suele buscar inspiración y apoyo.