En previa del diálogo político, CGT embolsa $4.000 millones para obras sociales y negocia más
Los desembolsos forman parte de un compromiso para este año que, según el Gobierno, asciende a $110 mil millones y, en cálculos sindicales, a 184 mil millones de pesos.
La CGT consiguió del Gobierno 4 mil millones de pesos para blindar las cuentas de sus obras sociales y negocia con Sergio Massa otros $6 mil millones en lo inmediato. Son desembolsos del Tesoro no reintegrables comprometidos para este año por la administración de Alberto Fernández que, sin embargo, no reducen una deuda que la central obrera le achaca al Presidente por 16 mil millones de pesos que no ejecutó en 2022. Los pagos y el ritmo de su distribución forman parte de las negociaciones entre sindicatos tradicionales y el Frente de Todos en la previa del diálogo político en el PJ que arrancará este jueves.
Los fondos en debate se remontan a un almuerzo que el jefe de Estado compartió en la quinta de Olivos con la mesa chica de la CGT. Allí les prometió a los dirigentes que el Estado asistiría por primera vez de manera directa a las prestadoras sindicales con recursos del Tesoro para compensarles la disparada en los costos de atención de los afiliados discapacitados. En aquella oportunidad comprometió 11.400 millones de pesos.
Hasta entonces los únicos recursos que la central discutía con cada gobierno provenían del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), constituido con parte de los aportes de las propias obras sociales al fisco y utilizado para el repago de tratamientos médicos y remedios de alto costo. De la promesa de Alberto aquel año solo se ejecutaron poco más de 6 mil millones de pesos. El año pasado, en tanto, por el mismo concepto el Gobierno aseguró que asistiría a las prestadoras gremiales con un total de 24 mil millones de pesos durante el último cuatrimestre, de los cuales sólo se pagaron $8 mil millones.
En el arranque del año hubo gestiones de Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, y de José Luis Lingeri, el principal referente en la problemática de las obras sociales, para agilizar cobros. Como resultado de esas tratativas el Estado giró una primera partida de $4 mil millones que, aclararon en la central, forman parte de los pagos negociados para este año. En el Presupuesto 2023 el Gobierno incluyó en el capítulo referido a “Obligaciones del Tesoro”, dentro de la Jurisdicción 91, una partida por 148 mil millones de pesos “para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado” así como la atención de “obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales”.
Ayer en CGT dijeron que ese monto total se estiró “en el renglón 95” a 184 mil millones de pesos. Cuando Ámbito consultó por las partidas comprometidas a las obras sociales sindicales en el equipo económico dijeron que no sería más de 110 mil millones el monto puesto a resguardo para cubrir agujeros financieros provocados por los servicios de educación y transporte a los discapacitados, dos ítems que en los últimos años pasaron a consumir más de la mitad del FSR.
A los $4 mil millones de pesos distribuidos en enero la central obrera espera sumarles otros 6 mil millones de pesos en los próximos días. Los dirigentes suponen que la definición de ese segundo desembolso fue una de las razones para que Massa suspendiera una reunión que tenía previsto para hoy con el Consejo Directivo de la CGT y la reprogramase para el 23 de febrero. En el equipo económico dijeron que también el ministro prepara el anuncio de ampliación de las asignaciones familiares a 900 mil hijos e hijas de trabajadores que no las perciben por haber superado el tope establecido por la ANSES para estos beneficios.
