Exclusivo: FAdeA bajo sospecha
Manco habría vendido un avión que luego fue reparado a bajo costo en la fábrica estatal. Inconvenientes chats Por Darío Rosatti
Córdoba – 9 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) volvió a quedar en el centro de un nuevo escándalo sensible para el área de Defensa. Denuncias internas, presentaciones ante organismos de control y un expediente judicial en Córdoba apuntan contra la gestión de Julio Manco, presidente de la compañía estatal, por presuntas irregularidades en procesos licitatorios, posibles conflictos de interés en trabajos sobre aeronaves privadas, operaciones comerciales de bajo costo y la intervención de personas externas a la estructura formal de compras de la empresa.
El caso adquiere mayor gravedad porque involucra a una empresa estratégica del Estado argentino, con capacidad industrial, tecnológica y aeronáutica, pero también con un historial de crisis operativa, quebrantos, parálisis productiva y disputas políticas. En un país que necesita recuperar capacidades de defensa, mantenimiento, drones, partes aeronáuticas y producción industrial con valor agregado, FAdeA debería ser una herramienta nacional. Sin embargo, las denuncias vuelven a mostrarla como un escenario de internas, favores, sospechas y negocios poco claros.
Antes de llegar a FAdeA, Manco se desempeñó durante la administración de Mauricio Macri como director general de Logística de la Flota Aérea Presidencial. En ese cargo habría construido una red de vínculos dentro del sector aeronáutico, especialmente con operadores de servicios, jets privados y proveedores vinculados a aeronaves ejecutivas. Ese pasado hoy vuelve a aparecer como una pieza central para entender los cuestionamientos.
Uno de los nombres que surge en esa trama es el de Claudio Cavina, capitán de corbeta retirado de la Armada Argentina en los años 90, luego de haber cumplido funciones en la Casa Militar durante la etapa en la que acompañó al almirante Carlos Marrón. Allí, según fuentes del sector, Cavina conoció a Alberto Kohan, histórico operador político del menemismo, vínculo que le habría permitido construir una relación fluida con figuras relevantes del peronismo y del mundo de los negocios aeronáuticos.
Tras retirarse de la Armada, Cavina quedó en planta permanente de la Presidencia de la Nación, puntualmente vinculado a la Flota Presidencial, desde donde con el tiempo habría extendido su influencia hacia áreas mucho más amplias del ecosistema aeronáutico estatal y privado. Esa trayectoria es clave para comprender por qué su eventual intervención en asuntos vinculados a FAdeA genera tanta preocupación dentro de la fábrica.
La pregunta que formulan sectores internos es directa: ¿por qué Manco habría aceptado el pase en comisión de Cavina, quien prestaría servicios en el Ministerio de Justicia y que arrastra una grave denuncia, para intervenir o gestionar asuntos vinculados a licitaciones de FAdeA, cuando la empresa cuenta con una estructura formal de Compras y Contrataciones integrada por personal especializado y responsable de esos procedimientos?
La inquietud se agravó con la aparición de un grupo de WhatsApp denominado “Licitaciones FAdeA”, creado por el propio Manco, en el que, según testimonios internos, figuraba Cavina. En uno de los intercambios citados por denunciantes, el presidente de la fábrica consultó por el estado de distintos procesos licitatorios y pidió una “calendarización” de los procedimientos. Cavina respondió: “Estoy trabajando en eso, pero me falta info”. Manco contestó: “Por favor arbitremos los medios para que te den todo lo que necesitas, lo quiero URGENTE”.
El intercambio podría leerse como una coordinación administrativa. Pero la situación cambió de escala cuando intervino la abogada Julia Enríquez, gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA, con una advertencia que encendió todas las alarmas: “Julio, a raíz de la comunicación que recibí al mail de transparencia informando que se habían filtrado los pliegos, yo pedí que no se compartieran más los pliegos hasta tanto no salgan publicados, sólo deben tener el pliego quien firma el RMS y compras. Ya hablé con Claudio y va a pedir info sólo de los cronogramas para avanzar”.
La frase es explosiva porque reconoce la existencia de una comunicación interna sobre presunta filtración de pliegos antes de su publicación oficial. Si esa filtración ocurrió, el problema no sería menor: el acceso anticipado a documentación licitatoria puede otorgar ventaja competitiva a proveedores elegidos de antemano, permitirles ajustar ofertas a requisitos técnicos todavía no publicados y dejar afuera a competidores que sólo conocen las condiciones cuando el proceso ya está formalmente abierto.
Los pliegos presuntamente filtrados, según las denuncias, abarcarían servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento de espacios verdes, refrigerio y almuerzo, mantenimiento industrial de máquinas y equipos, además de albañilería y tareas generales. No se trata de rubros accesorios: son contratos de funcionamiento cotidiano, de alto volumen y con impacto directo sobre la administración de una empresa estatal que debería operar bajo estándares estrictos de transparencia.
La investigación también apunta a posibles conflictos de interés en operaciones comerciales con aeronaves privadas ingresadas a FAdeA para trabajos de mantenimiento y pintura. Uno de los casos señalados involucra a una aeronave Cessna 402, matrícula LV-JHP, ingresada a través de la empresa Flight Edge para el cliente final Juan Leiva.
Ese nombre no aparece aislado. Según la información aportada por fuentes confiables a TNA, Juan Leiva es primo de Delia Leiva, madre de Julio Manco. La relación familiar agrega un elemento delicado al análisis de la operación, especialmente porque fuentes del área comercial sostienen que Manco habría intervenido personalmente para revisar cotizaciones a la baja, reduciendo el margen comercial de FAdeA en beneficio del cliente final.
El caso de la Cessna 402 matrícula LV-JHP suma ahora un dato todavía más delicado. Según fuentes de Total News Agency, Julio Manco habría intervenido o participado en la venta de una aeronave cuyas características coincidirían con las del avión reparado en FAdeA a bajo costo por orden del propio titular de la fábrica estatal. La operación, de confirmarse, podría abrir un nuevo frente de investigación sobre un eventual conflicto de interés entre la función pública, la utilización de capacidades industriales del Estado y negocios privados vinculados al mercado aeronáutico.
Las mismas fuentes señalaron que en esa operatoria también habría tenido intervención Florencia Gastaldi, pareja de Manco, quien colaboraría con él en el ámbito privado en gestiones vinculadas a la compraventa de aeronaves. Gastaldi fue directora general de Logística, área que primero dependió de la Secretaría General de la Presidencia y luego pasó a la órbita del Ministerio de Defensa, por lo que su eventual participación en operaciones privadas del sector aeronáutico adquiere relevancia institucional.
El dato resulta particularmente sensible porque FAdeA no es un taller privado ni una empresa cualquiera. Es una fábrica estatal, financiada con recursos públicos, con certificaciones técnicas estratégicas y capacidad de mantenimiento aeronáutico. Si una aeronave vinculada a una operación comercial privada fue reparada o acondicionada a valores inferiores al costo real, y luego habría sido vendida en una operación donde intervinieron o colaboraron personas relacionadas con la conducción de la empresa, la Justicia y los organismos de control deberían determinar si existió beneficio indebido, direccionamiento comercial o utilización de recursos estatales para favorecer negocios particulares.
La hipótesis no implica, por ahora, responsabilidad penal acreditada. Pero sí agrega un elemento de peso a la trama: ya no se trataría solamente de cotizaciones reducidas, filtración de pliegos o presencia de actores externos en licitaciones. También podría existir una conexión entre decisiones comerciales adoptadas dentro de FAdeA, trabajos realizados sobre aeronaves privadas y posteriores operaciones de compraventa en las que habrían participado Manco y Gastaldi desde su esfera privada.
Ese posible circuito debería ser reconstruido con documentación precisa: ingreso de la aeronave a FAdeA, orden de trabajo, cotización original, costo técnico calculado por las áreas internas, precio finalmente aprobado, materiales utilizados, facturación, identidad del cliente final, eventual intermediación comercial, fecha de venta, comprador, vendedor y participación de terceros. Sólo con esa trazabilidad podrá determinarse si la fábrica estatal actuó como prestadora legítima de servicios o si terminó siendo utilizada como eslabón de una operación privada de beneficio para un círculo cercano a su conducción.
El caso se vuelve todavía más complejo por el entorno de Manco. El presidente de FAdeA está en pareja con Florencia Gastaldi, ex directora general de Logística, área que dependía de la Secretaría General de la Presidencia y luego pasó al ámbito del Ministerio de Defensa. Gastaldi también aparece vinculada a Claudio Cavina, a quien se menciona en la trama relacionada con la compra de un avión Embraer ERJ-140LR para la Fuerza Aérea Argentina, operación cuestionada por su precio.
Según la información bajo análisis, la Fuerza Aérea habría pagado el año pasado alrededor de 4 millones de dólares por un Embraer ERJ-140LR, cuando una aeronave similar podía conseguirse por aproximadamente 2,3 millones de dólares. La diferencia, de confirmarse en sede administrativa o judicial, amerita una explicación técnica y documental exhaustiva: estado de la aeronave, mantenimiento, horas de vuelo, equipamiento, intermediarios, comisiones, costos de traslado, inspecciones, adecuaciones y razones de oportunidad.
Otro episodio señalado involucra trabajos de pintura sobre una aeronave matrícula LV-GRQ, de la empresa Pacific Ocean, con sede y base operativa en San Fernando. Según documentación interna citada por denunciantes, las áreas técnicas calcularon costos por 12.540 dólares, pero el precio finalmente convenido con el cliente habría sido de apenas 5.000 dólares. La diferencia dejó a la operación prácticamente sin rentabilidad y generó objeciones dentro de la estructura comercial.
El entonces gerente comercial Pablo Salort habría informado en un chat que el precio de 5.000 dólares fue convenido por el propio Manco con el cliente. La situación quedó reflejada en un Acta de Comité de Precios, donde la distancia entre el costo calculado y el valor acordado expuso una operación ruinosamente baja para las cuentas de la empresa. Según las denuncias, Salort habría evitado colocar su firma en el acta, justamente por la inconsistencia económica del acuerdo.
El argumento que habría circulado para justificar precios inferiores al mercado fue intentar ganar escala mediante costos bajos. Pero en una empresa estatal con problemas financieros, semejante estrategia suena más a fantasía que a política comercial. Cobrar barato para clientes vinculados o cercanos no es competitividad: puede ser subsidio encubierto con recursos públicos.
A los cuestionamientos económicos se suma un riesgo técnico de mayor gravedad. En los casos de las aeronaves LV-JHP y LV-GRQ, las denuncias advierten sobre el uso o provisión de pinturas que no cumplirían los estándares aeronáuticos
Ese punto es extremadamente sensible. Una fábrica de la magnitud de FAdeA está obligada a utilizar materiales aeronáuticos
La advertencia es aún más grave porque FAdeA obtuvo en 2025 la certificación como Approved Repair Station bajo la normativa 14 CFR Part 145 de la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos. Esa certificación acredita que la empresa cumple estándares técnicos, operativos y de gestión exigidos por la autoridad aeronáutica
En otras palabras, cualquier desviación de estándares, utilización de materiales no certificados o falla de trazabilidad puede afectar no sólo una operación puntual, sino la credibilidad internacional de FAdeA. Si la empresa obtuvo una habilitación estratégica para expandir su negocio de mantenimiento y reparación, no puede ponerla en riesgo por decisiones comerciales discrecionales o favores a clientes del entorno.
Las denuncias ya habrían llegado a la Oficina Anticorrupción, donde fueron analizadas bajo la carpeta SISA OA Nº 23.563, y luego derivaron en una denuncia que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Vaca Narvaja, en el expediente Nº 15488/2026. Hasta el momento, no existen resoluciones judiciales que acrediten responsabilidades penales de los involucrados. Pero la acumulación de indicios, testimonios, chats y decisiones administrativas exige una investigación profunda.
El caso también obliga a mirar el cuadro político más amplio. FAdeA no debería ser una caja de favores, una estación de negocios privados ni una prolongación de viejas relaciones de la Flota Presidencial. Debería ser una herramienta de soberanía tecnológica, producción aeronáutica, mantenimiento militar, integración regional, desarrollo de drones y generación de divisas.
La Argentina atraviesa una crisis severa en materia de defensa. Los militares abandonan las fuerzas por salarios indignos, los sistemas de armas envejecen, la industria nacional está subutilizada y el mundo demanda municiones, drones, mantenimiento, repuestos, software, sensores y capacidades que el país podría producir. En ese contexto, que FAdeA aparezca envuelta en sospechas por pliegos filtrados, precios de favor, posibles conflictos de interés y presuntas operaciones privadas vinculadas a aeronaves reparadas dentro de la fábrica resulta doblemente grave.
La trayectoria de Cavina, su relación con la Casa Militar, el vínculo con Alberto Kohan, la llegada al mundo de los negocios aeronáuticos, el paso por la Flota Presidencial, la relación con Manco, la mención de Gastaldi y la sombra de la compra del Embraer ERJ-140LR componen una trama que merece ser revisada sin concesiones. No alcanza con negar internamente las denuncias ni atribuirlas a disputas de poder. La única salida razonable es transparentar expedientes, pliegos, chats, cotizaciones, actas de precios, certificaciones de materiales, vínculos de los beneficiarios y operaciones privadas de compraventa de aeronaves relacionadas con el entorno de la conducción.
La pregunta que sobrevuela la fábrica es simple: ¿se está administrando FAdeA para convertirla en un actor estratégico de la defensa argentina o para beneficiar a un pequeño círculo del negocio aeronáutico? La diferencia no es menor. En el primer caso, el país gana capacidad industrial. En el segundo, pierde patrimonio, prestigio y soberanía.
La nueva información aportada por fuentes de Total News Agency sobre la eventual venta de una aeronave coincidente con la reparada a bajo costo en FAdeA, con presunta intervención privada de Julio Manco y Florencia Gastaldi, obliga a ampliar el foco de la investigación. La pregunta ya no es sólo si hubo pliegos filtrados o precios ruinosos para la fábrica, sino si la estructura estatal pudo haber sido utilizada para mejorar, acondicionar o facilitar operaciones privadas en el mercado aeronáutico.
Por ahora, la Justicia deberá determinar si las presuntas filtraciones de pliegos, las operaciones con aeronaves privadas, los vínculos personales descriptos y la eventual compraventa de aeronaves configuran delitos o irregularidades administrativas. Pero políticamente el daño ya está hecho: una empresa que debería producir futuro vuelve a quedar atrapada en el pasado más conocido de la Argentina, el de los amigos, los favores, los intermediarios y los negocios opacos alrededor del Estado.
Imagen: ilustrativa
