Fideicomisos en lugar de indemnización, la reforma laboral entra en otra fase

Como un nuevo avance en la saga de la reforma laboral, la Resolución 1066/25 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), complementada por la 1071/25 propone transformar el sistema de protección contra el despido arbitrario. Estas normativas habilitan la creación de fondos de cese laboral y mecanismos financieros, como fondos comunes de inversión o fideicomisos, trasladando la protección laboral al mercado de capitales.

La modificación de la legislación laboral fue un tópico de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en 2023. Incluso siendo todavía candidato a presidente, Javier Milei hizo una pausa en su ofensiva sobre lo que califica como «la casta sindical» para dialogar con el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, motivado por su interés en el sistema de fondo de desempleo del sector de la construcción.

Pero lejos de impulsar el modelo Uocra, avanzó con un nuevo régimen que tiene a la CNV como autoridad encargada de supervisar y controlar el sistema, que establece que los aportes pueden ser realizados tanto por empleadores como por trabajadores, y serán inembargables.

En diálogo con BAE Negocios, el exministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango explicó que la iniciativa oficialista propicia el reemplazo del sistema indemnizatorio consagrado en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. «Lo hace bajo el argumento de modernizar las relaciones laborales, pero la transformación presenta problemas jurídicos y conceptuales que el análisis crítico no puede obviar», afirmó.

Cuartango consideró que el diagnóstico del gobierno parte de una visión financiera por sobre lo productivo. Al no abordar las causas estructurales de la informalidad, con un empleo no registrado que alcanza al 50 % del sector privado «se fomenta la especulación en lugar de impulsar medidas de formalización y fortalecimiento del empleo digno».

En esta línea, precisó que el nuevo régimen implica una serie de modificaciones sustanciales entre las que destacó: la protección ante el despido se convierte en un activo financiero, desligado de toda lógica reparatoria; la administración queda en manos de entidades privadas, sin respaldo estatal; y, por último, se rompe el vínculo entre la antigúiedad laboral y la compensación económica y los riesgos de inflación, devaluación o crisis son asumidos por el trabajador, no por el empleador.

Cuartango consideró que este esquema libertario vulnera derechos fundamentales garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece explícitamente la protección contra el despido arbitrario. «No se trata de impedir cualquier desvinculación, sino de garantizar que, ante una decisión unilateral e injustificada, haya reparación integral, suficiente y de valor constante», remarcó.

El abogado laboralista destacó que existe jurisprudencia clara al respecto. En el fallo «Vizzoti c/ AMSA» (2004), la Corte Suprema estableció que el derecho a no ser despedido sin causa o sin indemnización adecuada forma parte del núcleo intangible de la protección constitucional. En «Aquino e/ Cargo» (2004), la Corte advirtió que no es admisible una regresión en los derechos del trabajador mediante reglamentaciones que limiten su alcance.

Consultado sobre el modelo de la Uocra, Cuartango señaló que el mismo no puede utilizarse como precedente válido. «En el caso de la construcción, la alta rotación laboral dio origen a un régimen específico, pero aprobado mediante una ley formal, y no por simple resolución administrativa», explicó.

Para el analista, esta nueva fase de la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada no puede recurrir a normas de menor jerarquía para alterar garantías constitucionales. «Estas resoluciones de la CNV infringen el principio de legalidad en materia de derechos fundamentales. La pretensión de modificar el sistema de protección laboral por vía reglamentaria no solo desconoce el mandato del constituyente de 1957, ratificado en la reforma de 1994, sino que habilita una regresión inconstitucional en términos de progresividad de derechos», evaluó.

La CNV sería la encargada de controlar el sistema. El Gobierno le abrió camino a un nuevo régimen.