Flexiseguridad: la necesidad de una reforma laboral vs. la propuesta de la Ley Bases

El empleo es dinámico y los cambios en la productividad, la globalización y la digitalización obligan a modificar las reglas. Qué cambios propone el Gobierno y cómo impactarían en el escenario actual de Argentina.

Probablemente por su nombre, una de las medidas que más reacciones generó dentro de la Ley Bases es la de la reforma laboral. La palabra “reforma” siempre tiene una connotación negativa, pero para darle una vuelta de tuerca vale la pena preguntarse dos cuestiones: ¿es necesario modificar el mercado laboral? Y, por otro lado, ¿está bien hacerlo de esta forma?

Sabemos que estamos en la época en la que, si no estás a favor del total del conjunto de medidas pasás a formar parte del neocomunismo del corriente siglo y si estás a favor de todo, del más extremo anarcocapitalismo. Pero creo que hay algo en el medio que permite dar una discusión un poco más interesante.

Antes de empezar es necesario desmitificar algo: reformas laborales se hacen de forma constante en todos los países desarrollados. Para dar un ejemplo, en 2022 se hicieron más de 300 reformas en 28 países de la Unión Europea (UE) y tuvieron que ver con varios asuntos tales como seguros de desempleo, inmigración, cantidad de horas de trabajo, salario mínimo, políticas activas de inserción en el mercado de trabajo y cambios en los requisitos en el empleo público, entre otros. Esto indica que el mundo del trabajo es muy dinámico y que las transformaciones en la productividad, la globalización y la digitalización obligan a modificar las reglas que regían años atrás.

El concepto que ganó lugar en los países de la UE fue el de “flexiseguridad”, introducido en el año 2007 por la comisión europea entre sus objetivos. Para explicarlo de una manera muy simplificada que atenta contra la academia, no implica cuidar el empleo -que podría ser reemplazado por tecnología-, sino cuidar al empleado. Por ejemplo, dándole un sustento mientras se aplican políticas de entrenamiento para su adaptación al mercado laboral. Esto se rige formalmente por cuatro premisas: arreglos contractuales flexibles y confiables; estrategias integrales de aprendizaje permanente para garantizar la adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores; políticas estatales activas para acotar los períodos de desocupación y, por último, sistemas modernos de seguridad social como prestaciones por desempleo, pensiones y atención médica.

Qué busca solucionar la propuesta en Argentina

Existen aproximadamente 30 millones de personas en edad de trabajar en Argentina. Del total, 7,4 millones están inactivas -no buscan empleo-. Esto tiene sentido dado que en las métricas internacionales se considera que una persona está “en edad de trabajar” desde los 14 años. Cerca de 8 millones están en el mercado informal, casi 1,2 millones desempleados -en búsqueda- y algo menos de 14 millones tienen algún tipo de registro. Vamos a enfocarnos en este último segmento.

Cuando nos comparamos con países vecinos como Brasil, Uruguay o Chile, vemos que en Argentina este tipo de contratación que cuenta con vacaciones pagas, aguinaldo, aportes a la seguridad social, seguros médicos e indemnizaciones -entre otros- solo cubre a una porción reducida de la población trabajadora.

Lo que nos deja esta foto es años de estancamiento en la creación de puestos formales. En números: desde el año 2012, el empleo privado asalariado creció cerca de 4% en términos netos, mientras que el público lo hizo en un 37% y el independiente más de un 51%. Es decir, hubo un fuerte cambio de facto sin una reforma relevante. Sin ir más lejos, el propio Estado es quien realiza contratos de monotributo, cuando su propia legislación debería prohibirlo.

El lector podría argumentarme que el problema es el crecimiento económico: si no se crece, no se puede generar empleo. Y déjeme decirle que es cierto. Sin embargo, contamos con un problema adicional. Mientras que en los años 90 y principios de los 2000 la elasticidad del crecimiento era positiva -crecía el Producto Bruto Interno y el empleo formal crecía más proporcionalmente-, ahora es inverso: cuando el producto crece, el empleo crece mucho menos proporcionalmente. Hay algo más.

¿Hacia dónde va la reforma que se aprobó en diputados?

El texto busca un blanqueo laboral rápido que se ejecute en los 90 días corridos desde que se reglamenta la ley y condonar gran parte del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados. Esto incluye obras sociales, emergentes de esa falta de registro. A la vez elimina gran parte de las multas por contratación hacia adelante. Aquí surge un punto polémico y para mí, muy erróneo. Considero necesaria una reducción de multas nacidas con una concepción de los años 90 que hoy perdió el sentido -pueden multiplicar hasta por 7 veces el pago por indemnizatorio por una relación laboral de 3 años- y que beneficia principalmente a los abogados que se llevan una gran porción de lo que paga la empresa. Según datos de LegalHub, en muchos juzgados prácticamente el 95% de los casos fallaba en contra de la empresa. Pero, por más que le bajen ciertos costos, un empleador que tenía una relación informal con su empleado no contará con incentivos suficientes para blanquear la relación laboral excepto que haya una ardua fiscalización que implique la penalización por sostener la informalidad. Si nadie le reclama que formalice la relación, no habrá flexibilidad ni blanqueo temporal que valga. Pagar cero siempre resulta mejor que pagar algo, pero esta reforma no alcanzará.

Por otro lado, el período de prueba se ampliaría a seis meses, algo muy en línea con el resto de los países de la región. Este plazo se puede extender hasta un año si es de mutuo acuerdo, pero parece mucho. Además, habilita el fondo del cese laboral, un sobrecosto para la empresa que ya considera tener costos altos de contratación. No creo que dé buen resultado, pero, por suerte, no es obligatorio como proponían otros proyectos que buscaban eliminar la indemnización. Si bien es más alta en Argentina en comparación a otros países, no es una herramienta para eliminar, teniendo en cuenta que el fondo de cese solo sirve en trabajos muy particulares de alta rotación. Positivo.

Hay también un capítulo que permite la figura de un trabajador independiente que podría contar con hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y acogerse a un régimen especial unificado que contenga los pagos de obra social, sistema de salud y régimen previsional. Se trata de una especie de blanqueo de monotributo, principalmente enfocado en los segmentos más bajos de la pirámide. Tiene sentido que exista hasta un determinado tope de facturación, pero, por el momento, no es así.

Si el objetivo es la flexiseguridad, esta reforma, que considero necesaria en muchos de sus puntos, se ha hecho foco en lo flexi y menos en la seguridad. Dos puntos fundamentales que quedan pendientes son cómo impulsar el uso de los seguros de desempleo ante la baja del recurso de las multas en favor del trabajador y cómo incentivar que ese trabajador se incorpore nuevamente al mercado laboral con políticas activas y capacitación teniendo en cuenta que el la desocupación afecta mucho más a los jóvenes. Incluso con pruebas internacionales que nos devolvieron al promedio de Latinoamérica en cuanto a conocimientos provenientes de la escuela secundaria, el desempleo hoy es el triple para personas de entre 16 a 29 años que para el resto de la población. Tampoco tuvimos novedades de bajas de aportes para incorporar trabajo joven que ya demostraron efectividad en políticas provinciales. Aunque, siendo justos, esto podría concretarse por fuera de la Ley.

Nuestro mercado laboral tiene muchas fallas y no cambiar la legislación es un error tanto como hacerlo de manera incorrecta. Sobre todo, en momentos de recesión, la necesidad de contar con cobertura para el desempleo, políticas de capacitación y rápida reinserción al mercado laboral mediante incentivos fiscales, son una prioridad. Si esta Ley sale, esperemos que no sea la única.