Los vecinos nucleados en el colectivo “Stop FlyBondi” que litigan contra el polémico aeropuerto de El Palomar denunciaron que en las últimas horas el gobierno del presidente, Mauricio Macri, desplegó una campaña con fake news para presionar a la jueza Martina Forns. El objetivo es que la magistrada dé marcha atrás con el fallo que dictó pocos días atrás en el cual ordenó la suspensión a partir del 9 de septiembre próximo de los vuelos nocturnos desde la terminal aérea del oeste del conurbano bonaerense.

“El gobierno quiso instalar la idea de que la ANAC hizo un estudio ambiental que permitiría operar vuelos las 24 horas, pero en verdad ello es falso, ya que son los mismos informes de ruido que confecciona un empleado de Aeropuertos Argentina 2000 (Licenciado Pablo César Durán), quien está denunciado en sede penal por todas las irregularidades con las que realiza esas mediciones que están plagadas de adulteraciones», afirmó Lucas Marisi, el abogado que representa a los vecinos de la zona.

“Flybondi y JetSmart pueden utilizar Ezeiza y Aeroparque si quieren volar de noche pero los vecinos sólo tenemos una casa donde dormir y con los vuelos nocturnos eso es imposible”, dijo el fundador de Stop Flybondi.

Más adelante, indicó que “el gobierno está repitiendo el mismo modus operandi que utilizó en febrero de 2018 cuando logró presionar a Forns para que empiecen los vuelos de Flybondi desde el aeropuerto trucho de El Palomar, pero ahora el escenario político es totalmente distinto al de aquel entonces”. Entonces, expresó que “los vecinos le pedimos a la jueza Forns que resista y no ceda a las presiones de un gobierno que está terminado y se va el 10 de diciembre”.

“Tal como dijo Alberto Fernández tanto Macri como Dietrich van a tener que dar explicaciones por el caso FlyBondi y todos los negocios que armaron alrededor de la low cost, y obviamente el mayor negociado de corrupción es el aeropuerto trucho de El Palomar”, concluyó Marisi.

En la actualidad, operan en El Palomar las aerolíneas low cost Flybondi y JetSmart (cuyo dueño William Franke participó del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral en los ’90 dejándola al borde la quiebra en 2001).

El aeropuerto es rechazado en forma masiva por los vecinos de los seis municipios de la zona que reclaman por la contaminación y ruidos que padecen (Hurlingham, Morón, La Matanza, Tres de Febrero, San Martín y San Miguel) desde el polémico fallo en que la jueza Martina Forns permitió los vuelos de Flybondi desde ese predio militar  el 1 de febrero del 2018.

Sin embargo, el 16 de abril, la Corte Suprema de la Nación decidió intervenir a partir de las múltiples irregularidades que acumula la causa durante la instrucción de la magistrada.

Desde su origen, el aeropuerto es objeto de denuncias que lo vinculan a sospechas de corrupción, lavado de dinero y hasta narcotráfico. De hecho, Gustavo Vera, afirmó surgió para “reemplazar las pistas clandestinas de narcotráfico”.

Por su parte, los dirigentes aeronáuticos Pablo Biró (APLA), Edgardo Llano (APA) y Ricardio Cirielli (APTA), expresaron que en la industria se sospecha que Flybondi y JetSmart tendrían vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico y “de allí la necesidad de habilitar los vuelos comerciales desde El Palomar para estar fuera del control de los verdaderos aeropuertos comerciales habilitados de Buenos Aires, como Aeroparque y Ezeiza”.

Asimismo, desde julio de 2018, rige la solicitud de clausura definitiva del aeropuerto del fiscal federal Di Lello, quien alertó que la justicia debe actuar “antes que se caiga un avión y haya que lamentar centenares de muertos entre pasajeros y vecinos de El Palomar y alrededores”.

Fuente: Infocielo