Flybondi podría ser acusada por fraude al programar vuelos a conciencia que no iba a poder realizarlos
La aerolínea low cost Flybondi sumó un nuevo escándalo a su ya polémico historial. Durante el fin de semana de entre el 9 y el 12 de enero la firma adquirida por el empresario Leonardo Scatturice, cercano al gobierno de Javier Milei, tuvo 242 vuelos cancelados o demorados, con más de 22 mil pasajeros afectados, que además denunciaron haber sido «librados al azar», sin respuesta alguna por parte de la aerolínea. La firma podría ser acusada de fraude por sobreventa de pasajes y por ofrecer servicios que sabía que no iba a poder cumplir, e incluso entrar en convocatoria, lo que plantea una grave incertidumbre para sus trabajadores.
Muchos pasajeros que sufrieron estas cancelaciones protestaban por la ausencia de canales efectivos de comunicación con la empresa, ni por medio de la aplicación, del mail o de la línea telefónica, lo que los obligó a ir personalmente a las oficinas de Flybondi a plantear sus reclamos e intentar conseguir alguna respuesta al nuevo escándalo. En algunos casos, las opciones para un vuelo de compensación se programaron para semanas después, lo que complica cualquier tipo de plan laboral o vacacional. Muchos pajeros ya plantearon reclamos ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La aerolínea low cost comenzó a operar en la Argentina en 2018, con un solo avión, en el marco de la llamada “política de cielos abiertos” del Gobierno de Mauricio Macri. Hoy tiene una flota de 15 aviones y vuela a 16 destinos domésticos, además de a Brasil, Paraguay y Perú. La firma, que hoy tiene una plantilla de más de 1500 trabajadores, pasó a tener como principal inversor a COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice. Hace pocos días la firma, que ostenta el peor promedio de efectividad del país, anunció planes de expansión que incluyen 35 nuevos aviones de Airbus y Boeing.
Pero estos planes de inversión, que debían ponerse en marcha en enero, vienen siendo sistemáticamente incumplidos. De acuerdo con datos del sitio Failbondi, que registra el desempeño de las aerolíneas que operan en nuestro país, desde el 1 de enero la empresa de Scaturice canceló 206 vuelos y otros 346 tuvieron demoras de más de media hora. Desde diciembre, Flybondi registró 924 vuelos demorados, sumando un impactante total de 19 años, 6 meses y 5 días de tiempo perdido por los pasajeros. De acuerdo con algunas fuentes, las cancelaciones no sólo obedecieron a problemas técnicos y logísticos sino también a una desaforada sobreventa de pasajes.
El director de Aviación en Argentina, Diego Dominelli, afirmó que Flybondi cuenta con «menos aeronaves» de las que informó y planifica «más vuelos» de los que puede hacer. Al respecto explicó que la empresa informó que «para esta temporada 2025/2026, a partir del 1 de diciembre, iba a tener 10 aeronaves incorporadas en modelo de alquiler» pero que finalmente «de esos diez aviones trajeron menos». «Ellos programaron como si tuvieran esos 10 aviones, más los 14 que tienen operativos acá con matrícula argentina. O sea que, de un total de 24 aviones, hoy seguramente estarán volando con 12 aviones menos u 11 aviones menos», detalló. Es decir que hicieron la programación de diciembre con casi el doble de las aeronaves realmente disponibles.
Lo llamativo del caso es que, pese a su impresionante récord de cancelaciones y demoras, ni la Secretaría de Transporte ni la ANAC toman medidas contra la empresa, sospechándose de una doble vara para el empresario cercano al gobierno (que también adquirió recientemente el correo OCA y se valora en las altas esferas oficiales como un vínculo valioso con sectores de la derecha estadounidense). Hace un año ya la cartera de transporte, entonces a cargo de Franco Mogetta (a quien hoy reemplazó Luis Pierrini), había intimado a la empresa a presentar un plan para mejorar su servicio, que evidentemente no fue cumplido. Todas estas irregularidades operativas se suman a las reiteradas denuncias sobre riesgos de seguridad, respecto de lo que la empresa también acumula infinidad de denuncias, lo que si en algún momento se diluyera el apoyo oficial podría plantar directamente un riesgo para su matrícula operativa en el país, lo que también pondría en peligro miles de puestos de trabajo.
Imagen: Estadodealerta
