Habilitan a una empresa española a competir contra Intercargo
AVANZA LA APERTURA DEL SECTOR
Lola Loustalot
Es la filial local de Acciona. Podrá ofrecer servicios de rampa en 15 aeropuertos. Aunque ya es la novena compañía con autorización del Gobierno, todavía falta la implementación.
Una nueva firma extranjera recibió la autorización para brindar servicios de rampa en las terminales aeroportuarias argentinas y, así, competir con Intercargo. Se trata de la novena empresa que el Gobierno habilita para ingresar en este negocio, aunque, en la práctica, la compañía estatal aún conserva el monopolio de la actividad en la mayoría de los aeropuertos.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, habilitó a la filial local de la empresa española Acciona Servicios a explotar servicios aero- portuarios operacionales en tierra y de rampa en general.
Esta, que ya cuenta con una base en el aeropuerto de Ezeiza, podrá prestar servicios en Ae- roparque y las terminales de Tucumán, Córdoba, Salta, San Carlos de Bariloche, Rosario, Mendoza, Jujuy, Posadas,
Iguazú, Corrientes, Calafate, Ushuaia, Chapelco y Neuquén, entre otros.
Si bien ya son nueve las empresas que recibieron la autorización para ampliar la cantidad de jugadores en el rentable negocio de los servicios de rampa, en la práctica, aún no se implementó ninguna medida.
El Gobierno avanza en esa dirección para, en un futuro, privatizar la compañía que, hasta el momento, lidera el servicio en todos los aeropuertos del país: Intercargo.
La implementación de las normas que promueven apertura del negocio y el ingreso de los nuevos jugadores al mercado depende del trabajo conjunto de todos los actores involucrados en la actividad: el Estado (ANAC y la Secretaría de Transporte), Intercargo, las líneas aéreas y los aeropuertos. Esta fue una de las críticas que realizaron empresarios del sector respecto a la nueva normativa aerocomercial en la Argentina.
«Las políticas que se imple- mentaron son positivas, pero es necesario que se empiecen a implementar», dijeron a este medio en el marco del ALTA Leaders Forum, un evento que reunió en Lima a los principales referentes de la aviación de América latina y el Caribe.
Hace poco más de siete meses, el Ejecutivo autorizó la venta de la empresa estatal y anunció que vendería el 100% de sus acciones bajo la modalidad de licitación pública nacional e internacional. La operación, aclaró el Gobierno, «se realizará mediante la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional -en un plazo de ocho meses-, y no prevé el otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada (PPP)».
Este último es un mecanismo que se usó en la Argentina durante el proceso de privatizaciones de los años ’90. Se trataba de una herramienta creada para que los empleados de empresas estatales que iban a ser privatizadas pudieran adquirir parte del capital accionario de esas compañías. Es decir, se les ofrecía ser accionistas minoritarios -y voluntarios- en las nuevas empresas privadas. Este programa sí rige en el caso de Aerolíneas Argentinas, cuyo porcentaje de participación es del 10 por ciento.
La empresa, actualmente estatal, está bajo la órbita del Ministerio de Economía y presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en el país. Tiene, además, una fuerte presencia en Aeroparque, donde aún las aéreas que cuentan con su propio servicio de aerohandling dependen -casi- exclusivamente de Intercargo
El Gobierno busca sumar nuevos jugadores al mercado de servicios de tierra.
