La compra de aviones y el aval para que los militares actúen en seguridad interior

El presidente Javier Milei prepara dos gestos de fuerte alineamiento con Estados Unidos. Por un lado, el mandatario firmaría un decreto habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en determinadas cuestiones de seguridad interior. La firma podría concretarse antes del viaje a Israel, el lunes 5 de febrero. Se considerará que los militares pueden actuar ante «amenazas extranjeras», sin mayores precisiones. Se tomará como amenaza extranjera casi cualquier cosa, empezando por el narcotráfico o los pueblos originarios. El segundo gesto con Washington es la compra de 24 aviones dinamarqueses F-16, de origen estadounidense, por un valor que se acerca a los 600 millones dólares, aunque los aviones en sí mismos valen 300 millones y el armamento, que vende Estados Unidos, otros 300 millones. El punto que le importa a Washington es que la Argentina descarte la compra de los aviones chinos J-17, mucho más modernos y con armamento, que eran objetados por Gran Bretaña. Los F-16 son viejos, renovados, pero todo el control del mantenimiento y los repuestos pasa por el visto bueno de Londres.

El decreto por salir

Como señaló Página/12 el 14 de enero, desde el Ministerio de Defensa señalaron que “la decisión política está tomada. Será antes de marzo”. La afirmación se refería a la firma del decreto para que las Fuerzas Armadas incursionen en seguridad interior. Se revocaría una norma anterior de la época en que Nilda Garré ocupaba la cartera de Defensa (2006) y que establecía que los militares podían intervenir únicamente ante la amenaza de “un Estado” extranjero. De esa formulación, Milei y su ministro de Defensa, Luis Petri, sacarán la palabra «Estado», por lo tanto, quedará un vasto abanico bajo la fórmula “amenaza extranjera”: grupos narcos, guerrillas, organizaciones indígenas, formaciones terroristas, bandas que lucran con movimientos migratorios. El modelo es impulsado desde hace años por Washington.

Una versión indicaba que el decreto se firmaría antes del viaje a Israel, previsto para el próximo lunes. La fecha fue confirmada a este diario por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y también por fuentes israelíes. O sea, si se confirma la versión, habría decreto esta misma semana.

En Defensa afirman que el proceso no será tan rápido. Desde la cartera a cargo de Petri sostienen que el texto de base está, pero se necesitan entre uno y dos meses para redondear las consultas técnicas. Un punto todavía confuso está en lo que se llama acción directa: o sea, si los militares, por ejemplo, van a actuar directamente en situaciones de conflicto caliente, como en Rosario. Por ahora la respuesta que dan los voceros del ministerio es que eso está descartado. En realidad, los propios militares están en contra de esa alternativa: no quieren jugar casi el papel de policías. Es más, es legendario su reclamo: «Un comisario no puede tener el mismo sueldo que un general. Nosotros tenemos otra jerarquía».

Lo más probable es que, tras el decreto, haya miembros de la Fuerzas Armadas custodiando centrales nucleares y dando apoyo logístico, por ejemplo con transporte en helicópteros y aviones a los gendarmes que están en las fronteras. También está la posibilidad de que a esos gendarmes les den respaldos cibernéticos o de inteligencia artificial. Hay quienes insisten en la idea de que los militares releven a gendarmes para que estos sí actúen en el conflicto social, como se vio en la marcha del 24 de enero.

Tal vez la semana pasada se vio una pequeña muestra de las ambigüedades: en la conferencia de prensa para anunciar la expulsión de la familia del narco ecuatoriano Fito Macías estuvo presente el ministro Petri. Se trataba de un caso interno, no de la amenaza de un Estado extranjero. La Fuerza Aérea participó proveyendo innecesariamente un avión para deportar a la familia hacia Guayaquil. La Argentina afrontó un costo económico disparatado: la esposa, los hijos y tres colaboradores viajaron sin estar detenidos ni esposados y lo pudieron haber hecho en un vuelo comercial, pagándose ellos mismos el pasaje.

En cualquier caso, el decreto estará sujeto a distintas interpretaciones y podría argumentarse que una movilización es impulsada por fantasmagóricas fuerzas extranjeras, lo que dejaría las puertas abiertas a que intervengan militares. No debe olvidarse que, en repetidas oportunidades, Milei habló de la lucha contra el comunismo, reeditando un conflicto de hace más de 30 años y causando más risa que alarma.

Aviones con respaldo británico

El gobierno de Alberto Fernández dejó sin definir la compra de aviones para la Fuerza Aérea. Siempre estuvieron a la vista dos opciones: los cazas de origen norteamericano o los cazas chinos. El designado jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, después de haberse inclinado por comprar los J-17, terminó definiéndose por la variante norteamericana con el argumento de que el mantenimiento y los repuestos de esos aparatos son más fáciles de conseguir. Sucede que la Fuerza Aérea ya tiene aviones Hércules y helicópteros, todos provistos desde el país del Norte.

Los F-16 dinamarqueses fueron producidos por la norteamericana Lockheed Martin, aunque los países escandinavos exigieron que el 56 por ciento de las partes se fabricaran en plantas ubicadas en Suecia, Noruega y Dinamarca. Hoy en día, esos aviones están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos. El argumento ahora es que los aviones daneses están mejor, tienen mejor mantenimiento.

Una cuestión curiosa es que Dinamarca vende los F-16 «desnatizados», en referencia a la NATO (OTAN). Eso significa que venden los aviones pero sin la avanzada parte electrónica que tiene la alianza militar europea y sin el armamento. Eso lo vende Estados Unidos. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento. El gesto no es gracioso: es que a Washington no le importa si la Argentina compra o no los aviones, lo único que le importa es que no compre los aviones chinos.

Hay un antecedente asombroso. En los 90, Estados Unidos le vendió casi 36 aviones A-4 Skyhawk a la Argentina. El sistema era el mismo. Se entregaban por separado aviones y armamento. En total, para los 36 A-4, Washington terminó entregando apenas 7 misiles. O sea, la provisión del armamento queda sujeto a que Estados Unidos cumpla el compromiso.

En verdad, la compra de los Thunder chinos y paquistaníes era objetada por Londres y claramente rompía el alineamiento con Washington. Es que son aviones más modernos que los daneses y menos controlables por el Reino Unido. Valían unos 600 millones de dólares, con la parte electrónica y el armamento incluidos. Además, China financiaba el 85 por ciento de la compra. Como es obvio, también Pekin jugaba su partido geopolítico. Hay versiones que indican que la decisión de Milei produjo enorme enojo en el gobierno de Xi Jinping al punto de que reclamaría que se le paguen los 5 mil millones de dólares del swap (préstamo) que China otorgó el año pasado. Sin embargo, la versión más fidedigna es que Pekin ve el panorama de conjunto: el rechazo a los Brics, el acercamiento a Taiwan y las declaraciones de Milei pesan tanto o más que la compra de aviones. En su momento, el Ministerio de Defensa, bajo el gobierno anterior, dictaminó que a la Argentina le convenían los aviones chinos porque tenían un valor disuasivo frente a Gran Bretaña. O sea, Londres tendría en cuenta que la Argentina contaba con un elemento de defensa importante, no controlado por ellos.

En la Fuerza Aérea no ven todo color de rosa con los F-16. “El mantenimiento es caro y, con un gobierno que nos dice que no hay plata, esperemos que estos aparatos no terminen siendo maceteros llenos de plantitas. Volarlos una hora cuesta entre 10 mil y 15 mil dólares. ¿Habrá fondos para entrenar a los pilotos? O peor aún: en el alineamiento que está teniendo el Presidente, no vaya a ser que se terminen triangulando hacia conflictos en los que no tenemos nada que ver”.