La flexibilización avanza

Durante la madrugada de este jueves, el Senado le dio media sanción al proyecto de ley de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Pese a que el bloque peronista votó unificado, desmintiendo los rumores de ruptura, el oficialismo logró una aprobación holgada, por 42 votos a favor y apenas 30 en contra. Como se preveía, las negociaciones previas con los gobernadores aliados y toda una serie de cambios y concesiones de último momento lograron darle a La Libertad Avanza (LLA) su primera victoria parlamentaria del año.

Con el apoyo de los bloques de la UCR y del PRO, la bancada de 21 integrantes de LLA, presidida por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, logró también el aval de senadores que responden a gobernadores de distintas provincias. Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sonia Decut (Misiones), Carlos “Camau” Espinola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Beatriz Avila (Tucumán), Julieta Carroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta). La aprobación del proyecto “en general” luego sufrió algunos pequeños cambios y modificaciones en la votación en particular, pero el grueso del proyecto flexibilizador pasó sin transpirar por la Cámara Alta, encaminándose a fines de febrero a una instancia similar en Diputados (donde el oficialismo tiene la primera minoría).

La iniciativa flexibilizadora incorporó más de 50 cambios respecto del dictamen firmado en diciembre pasado, cuando el Gobierno había intentado aprobar una primera versión de más de 200 artículos que luego, en el marco de las negociaciones con distintos sectores, fue perdiendo algunos de sus artículos más polémicos, incluyendo la reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, del 35% al 31% (recorte que impactaba directamente en la coparticipación provincial, moneda de cambio con los gobernadores).

En un cierto “guiño” al sindicalismo, también se decidió mantener el cobro obligatorio de los “aportes solidarios” (aunque con un techo de 2%, lo que para algunos gremios implicará un significativo recorte de ingresos), mientras que los aportes a las cámaras empresarias se mantuvieron en un 0,5%. Además, se eliminó otro de los artículos más cuestionados por los gremios, que impactaba directamente contra el sistema de obras sociales: la reducción al 5% del aporte patronal para el sistema, que se mantuvo en un 6%.

Más allá de estas concesiones, resultaron aprobados temas clave del proyecto flexibilizador, empezando por el cuestionado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo por el cual las empresas deberán constituir un fondo administrado por privados para pagar indemnizaciones, financiado en parte con fondos de la ANSES. También fueron sancionados sin problemas los artículos flexibilizadores como el del “banco de horas”, el que habilita el fraccionamiento de las vacaciones o el que establece un pago de 50% o 75% para los días de baja médica de los trabajadores (dependiendo de si el inconveniente sanitario se produjo en una situación evitable de riesgo o no). Otro tema que impactará directamente en los bolsillos de los trabajadores pasa por el cambio en el cálculo de la base para el pago de la indemnización por despido, ya que, a diferencia del esquema vigente, ya no se tomarán en cuenta conceptos de pago no mensuales, como el aguinaldo o premios que no sean de pago mensual.

Por último, fue aprobado en anexo un tema que se introdujo casi por la ventana en el debate, el cuestionado traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un viejo proyecto del macrismo de consecuencias nefastas para los trabajadores.

Imagen: estadodealerta