Las alertas son advertencias, no opiniones

Lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Jujuy no debería sorprender a nadie que siga de cerca la evolución normativa con «sus grises» o «lagunas» (Resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil), como dicen los juristas, y la operación de los drones en la Argentina. Lo sorprendente es que la autoridad no haya recogido aquello que advirtieron los especialistas que conocen el riesgo desde adentro.

El episodio en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán – Jujuy (JUJ) no expone un problema tecnológico, ya que los drones, como herramienta, no son un riesgo derivado de los avances de la ciencia, sino un suceso evitable derivado de la banalización de su operación, que resulta gravísimo en entornos donde conviven aeronaves tripuladas, producción agrícola intensiva y responsabilidad estatal.

Que un dron opere en inmediaciones de una cabecera de pista internacional sin que el aeropuerto, la autoridad aeronáutica ni los organismos de control tengan conocimiento previo no es una anécdota, es una falla sistémica que además se agrava por no existir registro del equipo, seguro aeronáutico, licencia del operador ni certificación psicofisiológica. Todo lo que sí se le exige “con razón” a cualquier piloto en espacios aéreos controlados, zonas sensibles al ruido, parques nacionales, infraestructuras críticas, entre otros.

Aquí aparece el punto central: la categoría “abierta”. Esta categoría, tal como está concebida y aplicada, ha generado una falsa percepción de inocuidad bajo la falsa premisa de la desregulación que la mayoría de la ciudadanía aplaude, excepto cuando pone en riesgo la vida y propiedad de los ciudadanos.

Lamentablemente, se ha instalado la idea de que volar un dron es SOLO una actividad menor, casi recreativa, pero esto no es así cuando se realiza en espacios compartidos con aviación tripulada, corredores aéreos, zonas productivas y aeródromos activos.

El operador/piloto que «no sabe dónde está el peligro» no es culpable por ignorancia, sino una consecuencia de un sistema que no exige formación mínima, no delimita claramente qué es una «zona rural» ni articula controles reales con campañas de concientización. El resultado es previsible: operaciones improvisadas, riesgos invisibles y autoridades reaccionando cuando el problema ya está en el aire.

Lo más preocupante del caso Jujuy no es lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Y más aún, que se haya intentado silenciar el hecho en lugar de aprovecharlo como señal de alarma. La seguridad operacional no se protege ocultando eventos, sino analizándolos y corrigiendo el marco que los permite.

Desde hace tiempo, cámaras empresarias, federaciones y operadores profesionales vienen alertando que episodios como este iban a acontecer. El incidente de Jujuy parece ser el primero, al menos el primero en salir a la luz. Es de esperar que la Administración Nacional de Aviación Civil reaccione como corresponde y antes que lo haga la Junta de Seguridad del Transporte (JST) ante una desgracia.

Que quede claro: Este Master Caution no se emite por oposición a los drones, sino en defensa de la vida, la aviación y el propio desarrollo responsable de una industria revolucionaria que vino para mejorar la calidad de vida.