Ley de Glaciares: con promesas de escaso empleo minero, Argentina pone en riesgo y “privatiza” el agua potable

En una maratónica sesión que se extendió por más de once horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. El oficialismo de La Libertad Avanza consolidó una mayoría transversal que incluyó al PRO, la UCR, bloques provinciales y hasta dos diputados de Unión por la Patria vinculados a San Juan. La norma aprobada redefine los límites de protección ambiental para habilitar explotaciones mineras en zonas anteriormente protegidas y delega en las provincias la facultad de realizar estudios de impacto, restando centralidad al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo científico hasta ahora a cargo del inventario y control de glaciares, con un grave riesgo de impacto sobre la potabilidad del agua para millones de argentinos y sin siquiera cumplir con la promesa de masiva creación de puestos de trabajo.

El principal argumento esgrimido por el oficialismo fue el desarrollo económico para las provincias y una masiva generación de empleo. En sintonía con lo anunciado por Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso en 2026 —donde prometió que la expansión minera generaría un millón de puestos de trabajo—, los diputados de La Libertad Avanza presentaron la reforma como una condición necesaria para atraer inversiones. Sin embargo, la experiencia concreta de la megaminería en la región contradice esas proyecciones: se trata de una actividad de capital intensivo, con escasa demanda de mano de obra local, alta mecanización y empleos mayoritariamente temporarios durante la fase de construcción. En provincias como San Juan, con larga trayectoria minera, los índices de pobreza y desempleo estructural no registraron mejoras significativas atribuibles al sector.

La oposición al proyecto fue contundente tanto dentro como fuera del recinto. La diputada y científica Adriana Serquis advirtió que la reforma pone en peligro zonas periglaciales que alimentan cuencas hídricas vitales para siete millones de personas. Miguel Pichetto, uno de los impulsores de la ley original de 2010, rechazó los argumentos oficialistas y señaló que la norma vigente ya permitía conciliar inversión minera y protección ambiental a través del IANIGLA, que con esta reforma «pasa prácticamente a ser liquidado». El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue más directo: «El sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley».

Antes del debate central, el oficialismo y sus aliados bloquearon sistemáticamente los intentos opositores de interpelar a figuras clave del Ejecutivo. Fueron rechazadas las mociones para repudiar la quita de acreditaciones a la prensa, los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito— y las iniciativas para citar al Congreso a Adorni y a Karina Milei por el escándalo de la criptomoneda LIBRA. En todos los casos, LLA contó con el respaldo del PRO y la UCR para imponer su mayoría. En días previos a la sesión, también fue cuestionado el proceso previo, ya que en la audiencia pública obligatoria apenas se permitió que se exprese el 0,3% de los miles de inscriptos (en su absoluta mayoría opositores a la reforma), confirmando las sospechas de manipulación del proceso.

Fuera del Congreso, se manifestaron durante toda la sesión miles de personas confocada por organizaciones sociales, políticas y de defensa del medio ambiente. Luego de la aprobación, organizaciones ambientales como FARN, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace convocaron a impulsar una demanda colectiva para impugnar judicialmente la reforma. Denunciaron que más de 102.000 personas no fueron escuchadas en la audiencia pública y que la reforma fue aprobada contra la voluntad del 80% de la ciudadanía que, según relevamientos propios, se pronuncia a favor de proteger el agua. Las organizaciones señalaron que la ley «fue aprobada en un proceso viciado y a espaldas de la sociedad» y advirtieron que pone en riesgo la seguridad hídrica de por lo menos siete millones de argentinos.

Imagen: estadodealerta