Los gremios grandes están en desacuerdo con las sumas fijas
Fue una de las primeras medidas con las que Alberto Fernández buscó mostrar que aliviar el impacto de la inflación récord de 2019 estaba entre sus prioridades. Oficializado el pago de 3000 pesos este mes y los 1000 restantes en febrero, la pregunta se impone. De cara a las paritarias que empezarán a discutirse en las próximas semanas, ¿aceptarán los gremios otra suma fija? ¿Hasta qué punto les parece una herramienta válida para recomponer salarios?
Algunos jefes gremiales plantean su rechazo abiertamente; otros, todavía atados a la luna de miel con Fernández, solo lo admiten bien lejos de los micrófonos. Pero la mayoría no quiere saber nada con las sumas fijas. Argumentan que esos pagos achatan las escalas salariales y perjudican a quienes más ganan, además de no beneficiar tan claramente a los que cobran los sueldos más bajos.
«Por los inventos hay que preguntarles a los que lo inventan», sintetizó irónico y molesto uno de ellos ante LA NACION..
El caso paradigmático es el de los petroleros. Esta semana, el jefe del gremio, Guillermo Pereyra, dijo que la suma fija «no camina». En diálogo con LA NACION, detalló que el mecanismo «achata las categorías salariales y hace desaparecer las diferencias». «Termina beneficiando a los sueldos más bajos y perjudicando a los que cobran los salarios más altos», ahondó. Además, dejó en claro que tanto para lo que resta de la paritaria 2019 como para la de este año, no aceptará sumas fijas a cuenta como parte de la negociación. Los salarios de la actividad son particularmente altos: el sueldo promedio asciende a $80.000.
La paritaria de los petroleros vence en marzo. La negociación que se abrirá entonces tendrá a Vaca Muerta como uno de sus ejes. De hecho, esta semana se dio marcha atrás con 600 despidos que ya estaban decididos. También jugará fuerte el congelamiento del precio de la nafta, que estará todavía vigente cuando Pereyra se siente a negociar.
Tampoco Hugo Moyano quiere que una suma fija a cuenta forme parte de la paritaria de los camioneros, que vence en junio. Por lo pronto, está en plena negociación de un bono de $20.000 de 2019 (no es una suma fija como la que dispuso el Gobierno, sino un bono que se cobra todos los años), además de una suba salarial del 33% para la primera mitad de este año. Las gestiones están avanzadas, pero esta semana se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo.
José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), uno de los gremialistas que negocian salarios con el Estado, no cree que en el corto plazo la Casa Rosada repita el mecanismo de la suma fija para los trabajadores de AySA. Sin embargo, coincide con sus pares en que «si el uso de la suma fija se prolonga en el tiempo, produce el achatamiento de la pirámide salarial». «En situación de emergencia, apelar a la suma fija está bien, pero no se puede usar siempre», evaluó el dirigente ante la consulta de LA NACION. La suya es otra de las actividades que a la hora de definir subas salariales tendrán tarifas congeladas sobre la mesa.
Otros gremios grandes, como Comercio o Gastronómicos, están parados en la misma vereda: esperan que la suma fija se agote en el decreto de Fernández, convencidos de que repetir el mecanismo solo perjudicaría a la mayor proporción de sus afiliados.
Rodolfo Daer, secretario general del gremio de la Alimentación, también asocia los aumentos por suma fija a una situación extraordinaria. «Es un recurso que debe acotarse a la emergencia. No puede convertirse en el elemento permanente de adecuación de los salarios. Para eso está la paritaria», razonó.
Muy distinta es la situación de las actividades especialmente castigadas por la crisis económica que provocó la gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019. Según un relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, del que LA NACION dio cuenta a principios de mes, el sector que más perdió durante el macrismo fue el de los textiles, que tuvo un derrumbe salarial de 38,7% en cuatro años.
Para los textiles, la suma fija de $4000, que no todas las empresas pueden pagar, según ya avisaron, representó un alivio. «El hecho de que la suma fija sea remunerativa la convierte en un aliciente para que los compañeros puedan, aunque sea en parte, hacer frente al desfase respecto de la inflación. La suma fija sirve hoy. Hay que ver si sirve mañana», sopesó el jefe del gremio, Hugo Benítez.
Lo mismo ocurrió con muchas pymes (las que pudieron pagar el extra) y con otros gremios, como el de los trabajadores rurales (Uatre) y el del calzado, duramente castigado junto a los textiles por la apertura de las importaciones.
Según voceros del sindicato, entre los trabajadores del calzado hubo 15.000 despidos, «A los sectores con salarios más bajos la suma fija nos favorece porque fija un piso más alto. A nosotros nos vino bien», dijo a LA NACION el secretario general del gremio, Agustín Amicone.
El salario promedio de la actividad es de 35.000 pesos. La canasta básica de diciembre último (lo que una familia tipo necesito para no ser pobre), de $39.000. El salario promedio de un trabajador textil es de $20.000.
Hay un punto en el que la coincidencia entre los gremios es total. Renunciar a la cláusula gatillo no está en los planes de ninguno, más allá de que Alberto Fernández se la haya pedido a los sindicalistas como una concesión elemental para desindexar la economía.
Ya lo dijo sin vueltas, pero en un intento de hacer equilibrio, Héctor Daer, jefe de la CGT: «Lo mejor que puede pasarnos es que se desindexe la economía, pero la cláusula gatillo preserva el poder adquisitivo, y no es justo que en el camino hacia la desindexación siempre pierdan los trabajadores».
