Los sindicatos apuestan a paritarias trimestrales para empardar los precios

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La resolución del gobierno de adelantar las negociaciones en reemplazo de una suma fija cosechó críticas porque no respalda a los sectores más débiles y a los informales. Los acuerdos cortos se imponen como variante para revisar los salarios en tiempo real, aunque preocupa el ritmo de la inflación.

Por: Alfonso de Villalobos – Tiempoar.com.ar

Las paritarias que se han cerrado en los primeros meses del año se ubicaron entre el 40% y el 45% con cláusulas de revisión pautadas, en general, para septiembre y noviembre. Los sindicatos, ahora, apuestan a sellar acuerdos lo más cortos posibles para ajustar los haberes al compás de la inflación.

De confirmarse los pronósticos de inflación para marzo de más del 6%, el primer trimestre de este año podría acumular hasta un 16%. Si esa tendencia se proyectara a todo el año llegará a un 80%. Las previsiones de las consultoras que releva el Banco Central pegaron un salto de 4,2 puntos con relación al mes anterior, llegando hasta el 59,2% para todo el año.

Esta semana se reunieron dirigentes de la CGT y la Unión Industrial Argentina con funcionarios del gobierno para explorar alternativas para sostener el poder adquisitivo del salario que, en promedio, arrastra a enero de este año un retroceso del 17% desde diciembre de 2016. Para los trabajadores informales la caída escala a un 27% mientras que, para el sector público, llega hasta el 19%. Los trabajadores bajo convenio resignaron en cinco años un 11% de su poder adquisitivo.

Las cifras oficiales todavía no están disponibles pero lo sucedido entre enero y marzo augura un mayor deterioro. Por eso había trascendido la posibilidad de que el gobierno anunciara un incremento a través de una suma fija para los empleados bajo convenio y los estatales, tal como había resuelto en diciembre de 2019. Esa suba de carácter remunerativo impactó progresivamente entre los salarios más bajos y, además, al ser generalizada, colaboró con las negociaciones particulares de los informales.

Nada de eso ocurrió y, a partir de la negativa de la UIA y, según pudo saber Tiempo, la escasa insistencia de los dirigentes cegetistas, se resolvió  canalizar la discusión a través de las paritarias avalando su apertura adelantada. El Ministerio de Trabajo publicó una resolución que habilita ese adelantamiento para las negociaciones que todavía no se hubieran constituido, explicitando 27 gremios pero, a la vez, dando cobertura a todos aquellos que estuvieran en idéntica situación.

Suma fija o adelantamiento

La resolución fragmentó el reclamo apuntalando a los sindicatos más poderosos y que han sido los que menos poder adquisitivo han resignado a expensas de los más débiles y los sectores informales.

A la vez puso de manifiesto, una vez más, la interna que recorre al oficialismo toda vez que la vicepresidente Cristina Fernández anunció, en acuerdo con Sergio Massa, un incremento de $ 20 mil fijo para los empleados del Congreso. Oscar Parrilli, senador por el oficialismo, no se privó de señalar que «adelantar las paritarias tiene olor a muy poco» e, irónico, continuó: «Si piensan que vamos a solucionar los problemas salariales con los consejos de Funes de Rioja, a mal puerto vamos».

Uno de los triunviros de la CGT, Héctor Daer, celebró la medida en su cuenta de Twitter: «La idea es adelantar todas las paritarias que aún no se han resuelto en abril: son el 62% de los convenios colectivos de trabajo. Esto dará una dinámica mucho más ágil, acompasando el proceso inflacionario. Es una decisión acordada con los empresarios y avalada por el gobierno».

La medida podría involucrar a cerca de 6 millones de asalariados. Entre los sindicatos que están explicitados en el anexo de la resolución figuran, entre otros, los camioneros, gastronómicos, gráficos, alimentación, sanidad y construcción. Consultados sobre una posible agenda de reuniones, desde el Ministerio de Trabajo aclararon que «la resolución le da un marco legal al adelantamiento de las paritarias que, en la inmensa mayoría de los casos, son acuerdos privados que, luego, traen al ministerio para homologar. Debemos suponer que se están llevando a cabo. Si un gremio pide adelantamiento y la parte empresaria no acepta, ahí es cuando intervenimos».

Carlos West Ocampo, dirigente del gremio de la Sanidad junto con Héctor Daer, en diálogo con Tiempo saludó la medida y señaló: «Teníamos previsto negociar en mayo, así que el adelantamiento nos viene muy bien. Buscaremos no perder poder adquisitivo».

El secretario de prensa de la Uocra, Ricardo Camaño, confirmó que «la resolución adelanta las negociaciones paritarias pero el ministerio no pone la fecha. Es una negociación autónoma y se acuerda entre el gremio y la cámara». Con todo, explicó: «Nuestra paritaria vence ahora. No nos cambia mucho la resolución. Se van a adelantar pero todavía no hubo reunión. Creemos que será la semana que viene».

Del mismo modo, Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica, señaló: «Nosotros terminamos la paritaria en marzo. No es adelantamiento. Ya estamos discutiendo el 2022 en el tiempo que corresponde. Empezamos pidiendo una recomposición porque firmamos por un 50% y la inflación ya nos está superando en unos tres puntos».

Sobre la disyuntiva entre bono o paritarias, el dirigente gráfico señaló que «debería ser una solución mixta. En una paritaria, un sindicato fuerte pelea y discute los porcentajes que necesita y, como ahora quedan abiertas, podes ir siguiendo la evolución de los precios. Pero en sectores donde hay debilidad o no tienen paritarias, es absolutamente necesario que el Estado intervenga para recomponer los ingresos de las familias trabajadoras. No es una cosa o la otra».

En la misma línea, Claudio Marín, integrante de la Comisión Directiva de Foetra y dirigente de la CTA de los Trabajadores, señaló que «lo mejor es que el gobierno vaya con una suma fija para todos y después los gremios vean como se remunerativiza. Favorece a los sectores con salarios más bajos aunque achata la pirámide. Pero no son excluyentes. Tiene la virtud de poner plata en la calle y levantar los salarios más bajos. Pero si esa plata se la llevan los formadores de precios, no sirve para nada». Amichetti coincidió: «Me preocupa más que, estando sentada la representación del movimiento obrero organizado y un sector del empresariado, no se haya puesto sobre la mesa como eje central el tema de los precios. Desde el Estado no se pone límite a los formadores de precios y las paritarias o un bono son un suspiro».

Camaño, de la Uocra, opinó que «lo más beneficioso para el trabajador termina siendo la paritaria porque es remunerativa y aplica a la seguridad social, las vacaciones y el aguinaldo».

Cambio de estrategia

Sobre la mejor negociación posible en este contexto, Camaño opinó que «hay dos posibilidades. O acuerdos cortos de tres o cuatro meses o repetir el esquema de las dos últimas paritarias, cuando fijamos un acuerdo global anual en tramos con una cláusula de ajuste por inflación en cada uno de ellos con una reunión de por medio. Vamos a ver cuál es la más conveniente».

Marín, del gremio telefónico, cuyo período paritario formalmente va de junio a mayo de cada año y que, por lo tanto, podría apelar a la resolución, señaló que «en realidad, la resolución no nos afecta porque ya estamos en revisión hace una semana por el último tramo de 2021 y 2022, hace algunos años negociamos trimestralmente. No nos conviene abrir otra paritaria para cerrar por 15 meses. Cuantas más revisiones tengas, mejor, porque nunca sabés qué pasará con los precios. Es una negociación casi como la cláusula gatillo pero mejor porque no va a mes vencido».

Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, cuyas paritarias vencen en mayo y están bajo el control de otro sindicato (la Utpba), señaló: «El gremio de prensa es uno de los que más ha perdido contra la inflación en los últimos años con empresarios que, si bien operan permanentemente contra las políticas públicas, reciben un dineral de pauta estatal y violan o ajustan sistemáticamente sobre los trabajadores. Vamos a solicitar formalmente que, conforme a lo que decretó el gobierno, se reabran las paritarias con la presencia del SiPreBA».

Amichetti, de los gráficos, confió que en la negociación en curso «pedimos un 50% en seis meses y revisión a partir de octubre o noviembre. Todos los años ponemos esa cláusula con reunión fija y revisamos con la inflación. Lo que declara el ministerio no es cierto. Salvo dos o tres paritarias, el resto quedó atrás de la inflación». Sobre las cláusulas gatillo que se adoptaron hace algunos años, el dirigente señaló que “la revisión permite adelantarse mientras que la cláusula gatillo es posterior y, por eso, vas por atrás de los precios».

Sergio Pallazzo de La Bancaria emitió un comunicado en el que adelanta que en la paritaria en curso «hemos reclamado que el aumento salarial vaya en línea con la inflación que los bancos declaran en el REM ante el BCRA».

Desde la Federación Aceitera, Daniel Yofra señaló: «La resolución no nos involucra. Cerramos a partir del 1 de enero y tenemos revisión en agosto que, seguramente, vamos a adelantar. Logramos un básico de $ 153 mil que nos da un margen. Impusimos la lógica del salario mínimo igual a la canasta familiar y nos está resultando, no vamos a cambiar».

Una vez descartada la suma fija para los trabajadores bajo convenio, el titular del sindicato estatal Andrés Rodríguez se apresuró a reclamar el adelantamiento de la paritaria sectorial que vence en junio. Según cálculos que los técnicos del Indec realizan para la Junta Interna de ATE, la pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2015 llega hasta el 36,7%. La respuesta a ese reclamo, donde el Estado es a la vez la patronal, dará la pauta concreta de hasta dónde el gobierno está dispuesto a recomponer el poder adquisitivo. «

Asalariados y pobres

El flagelo de la pobreza ha superado una idea extendida y que apunta a que los pobres son personas sin empleo. Por el contrario, los últimos datos del Indec demuestran que una buena parte de la población empobrecida tiene empleo y, en muchos casos, formal.

Según un informe que el Indec presentó esta semana (sobre la distribución del ingreso), en el último trimestre de 2021, el 60,4% de la población total tuvo un ingreso promedio de $ 52.553, es decir por debajo de la línea de pobreza. El promedio del decil más bajo equivalió a apenas $ 19.667 y el del estrato medio, a  50.622 pesos.

Se trata de una confirmación de la pauperización social de la clase trabajadora.

El crecimiento de la economía durante 2021 arrojó, por otro lado, una disminución importante de la desigualdad de ingresos, que se mide por el coeficiente de Gini, que bajó a 0,413 desde 0,435 un año antes. Según este coeficiente, 0 es la igualdad absoluta y 1, la desigualdad absoluta. Este descenso en la desigualdad respondió a la mayor cantidad de trabajadores con empleo, tanto formal como informal, respecto de los datos de fines de 2020, cuando la pandemia aún obligaba a mantener cerrada la circulación.

Con todo, el informe del Indec da cuenta de una tendencia: cada vez son menos los salarios que se acercan a los $ 76.146 del valor de la canasta básica de pobreza. El organismo estadístico señaló que, «con respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $ 55.512 y un ingreso mediano de $ 45 mil en el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas».

El estudio además refiere que «la cantidad de personas no ocupadas fue de 132 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 67 por cada 100 perceptoras. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos». Quiere decir que la mayoría de las familias trabajadoras, sobre todo en los sectores más vulnerables, dependen de un salario por grupo familiar para su subsistencia.

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