¿LOS TRABAJADORES DE PRENSA SACRIFICADOS ANTE EL ALTAR DE LA LEY DE MEDIOS?
Cuando se escriba la historia de esta última década se dirá que estuvo atravesada, una vez más, por destructivas y autodestructivas confrontaciones facciosas. Tan perniciosas para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad y solucionar sus problemas, como innecesarias. La pelea entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín, otrora amigos, desatada por el gobierno mediante la ley de medios ahora declarada constitucional por la corte, está destinada como toda la sociedad ya sabe, al desguace puntual de dicho Grupo. No a “democratizar la palabra”, al ejercicio de la libertad de expresión de manera más diversa y democrática en nuestro país, lo cual si es indispensable.
Ningún sector de la sociedad exigió esa guerra a muerte, que terminó siendo entre grupos de poder comunicacionales privados y gubernamentales o para gubernamentales. Sobre quien controla la palabra o comunicación mediática. Pero en el fragor y confusión de esa contienda, nunca se tuvo en cuenta o se le dio la importancia debida, a la situación laboral de todos los trabajadores de prensa que se van a ver afectados inevitablemente en su estabilidad, si se aplica estrictamente el desbaratamiento del Grupo Clarín. Y, si no hay discriminación, también en otros grupos mediáticos.
En el caso del Grupo Clarín es mucho más alarmante, porque tiene un alcance nacional en televisión abierta, por cable, sistema de distribución a través del cable y en radios. Con presencia empresarial y laboral en cientos de localidades de nuestro territorio. ¿Si se pierden licencias y se cierran empresas, la ley puede asegurar que esas licencias y empresas serán adjudicadas y compradas en todos los casos, por otros empresarios? O serà el Estado quien lo haga con fondos públicos que le faltan y mucho. ¿La ley puede asegurar, además, que todos los trabajadores de prensa mantendrán el mismo tipo de trabajo, sus condiciones y calidad En definitiva, ¿asegura la ley que no aumentará el desempleo entre los trabajadores de los medios a causa de su aplicación? ¿Lo pueden garantizar acaso, no solo de palabra y en el país real, los funcionarios, legisladores oficialistas y opositores, miembros de la Corte, o los sindicalistas?.
Con el agravante pavoroso, de lo que habilita la Corte Suprema mediante su fallo en relación a los empleados del Grupo Clarín, “la compañía puede restablecer el equilibrio en el flujo de fondos ajustando algunas variables, tales como prescindir de empleados en las regiones en las que dejaría de operar, incrementar el precio del servicio y reducir las inversiones de capital en forma proporcional a la disminución del tamaño de la empresa”. No será Magneto ni los restantes accionistas del Grupo los que puedan llegar a perder su trabajo y sustento por la aplicación de esta ley, sino muchos trabajadores de prensa y muchas familias vinculadas a ellos. En un contexto macro económico, donde el menor dinamismo se refleja en que ya casi no hay creación de trabajo privado, sino solo público. Lo cual convierte al problema de tal magnitud, que amerita la preocupación y acción concreta por parte de todo el movimiento obrero organizado nacional. No solo de las comisiones internas gremiales de cada empresa.
Ninguna ley constitucional puede favorecer o crear desempleo con su aplicación. Es inadmisible. Ningún trabajador puede ser sacrificado o ser moneda de cambio para implementar una ley. Ninguno de los poderes del Estado tiene legalidad ni legitimidad para hacerlo. Reciban desde La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, la más plena solidaridad todos los trabajadores de prensa argentinos.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
Ricardo CIRIELLI
Secretario General
