Más poder para la motosierra
06/08/2024 Página 12 – Nota – El País – Pag. 6
El Gobierno reglamentó el primer tramo de la ley Bases
Sturzenegger adelantó impactos en tres áreas: facultades delegadas con más atribuciones, empleo público y administración. A través de un largo hilo de posteos en X, el flamante ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció finalmente los ejes centrales del primer capítulo de reglamentación de la ley Bases sobre tres ejes: facultades delegadas, ley de empleo público y procedimientos administrativos.
En los tuits hubo ironías, mucha motosierra, jactancia de los recortes y mucho dato sin responder.
Sturzenegger adelantó que en el capítulo administración pública se viene un endurecimiento mayor de las políticas de control a los trabajadores con obligación de descontar días de paro y exámenes de idoneidad. En el capítulo facultades delegadas adelantó mayores competencias para privatizar, pasar a disponibilidad a trabajadores y eliminar espacios y adelantó que el primero será el Inadi. El último punto fueron los procedimientos administrativos, y allí adelantó luz verde para el «silencio positivo», un mecanismo de autorizaciones automáticas que pone en peligro el patrimonio del Estado.
Además, durante el día hizo una cerrada defensa del gobierno de Javier Milei y salió a disentir públicamente con los cuestionamientos que Mauricio Macri. «Lo que Mauricio no logró hacer en cuatro años, Javier lo hizo en un mes», desafió quien además de flamante ministro del gobierno de LLA es alguien que durante tres gobiernos se desempeñó como empleado transitorio de un Estado que él mismo endeudó y que ahora quiere desarticular.
Bien temprano, el ministro lanzó un hilo en X con una aclaratoria del Decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial que reglamentó varios aspectos de la mentada Ley Bases votada por el Congreso. Se trata de la primera reglamentación en tramos que se irán publicando cada semana. Sturzenegger sintetizó los principales lineamientos con título muy irónicos. «Acelerar la motosierra», nombró a uno para explicar que irán por restringir la contratación de empleados públicos e implementar un sistema de castigos; también habló de «mecanismos anti-ñoquis» o «anti-coimas» sobre la desregulación del Estado y sin aclarar activaron un sistema de autorizaciones automáticas para la transferencia de propiedades del Estado.
La política de destrucción Respecto de las facultades delegadas, arrancó con la palabra»motosierra». Y se jactó porque el Congreso ha sido generado con las facultades delegadas al presidente Javier Milei ya que le permite al Estado «adecuar, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública». También, aclaró, lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos.
Recordó que lo habilita también a cambiar las formas de las sociedades de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el megaDNU 70/23.
Y luego de aclarar que esto permitirá una amplia reestructuración del estado que se materializará a través de nuevos decretos delegados, lanzó: «El primero (organismo) que cierra definitivamente (será) el Inadi», ese instituto que evaluaba y delineaba políticas públicas contra la xenofobia y el racismo.
Lo mismo ocurrirá en em-presas listadas como sociedades del Estado y que el Gobierno convertirá en sociedades anónimas, como paso previo a su privatización.
Vigilar y castigar La otra área sobre la que caerá la espada de Damocles desreguladora será el empleo público con la modificación de la Ley de Empleo Público 25.164 que apuntará a mejorar la calidad del empleo público y evitar entre otros temas, la «interferencia política en nombramientos», como si el mismo y sus equipos salieran de un repollo.
En ese contexto se jactó: «El Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20 mil agentes», publicó.
Aún así, avisó que harán nuevos ingresos. «Nunca es mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean para personal idóneo», escribió.
Para esos ingresos pondrán «examen objetivo de competencias» para evitar «minar» el Estado de militantes sin competencias básicas, escribió en una vuelta de lo que fue la política deskrichnerización y persecución del macrismo a los trabajadores del Estado.
Advirtió en ese contexto que se «endurece» el régimen disciplinario.
«Se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro» y se le «brindará más poder a los funcionarios para sancionar conductas», léase establecidas por capricho ideológico.
Como si fuera poco, anunció la reglamentación del proceso de «disponibilidad». Cuando una unidad se elimina o se considere sobredimensionada, «el personal puede ser puesto a disponibilidad», dijo. O sea: despidos sin justificativos.
El trabajador «cobrará el sueldo por un período de 12 meses» y después su suerte quedará librada a la buena de Dios. Sobre el examen «objetivo de competencias» explicó que el resultado «lo determinará una computadora» y no una persona. Tampoco habrá fondos del Estado para la capacitación de empleados.
Callar y otorgar Por último, Sturzenegger confirmó que la ley Bases implementó una serie de cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y que entró en vigencia el plan que habilita al parecer al Gobierno a dar luz verde a negocios inmobiliarios con bienes del Estado.
Se trata del «silencio positivo» incluido en la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo del que aún no dio demasiados detalles.
«Ante un pedido de autorización posteó el funcionario, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.» O sea a quedarse, por ejemplo, con un terreno.
Sturzenegger advirtió que esto es «un mecanismo anti-coimas» porque antes el funcionario podía `cajonear el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo».
También dijo que el silencio positivo será para las autorizaciones y otros trámites que el PEN determine, pero no explicó cuales serán.
Igual que con las privatizaciones.
Lo que tampoco dijo es que con este sistema el Estado prácticamente podría regalar un bien a quien se lo pida o perder el control de sus propiedades y patrimonio soberano. Esto quedó claro durante el debate en el Senado de la Ley Bases, cuando el bloque de Unión por la Patria (UxP) cuestionó la iniciativa. «Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?», ejemplificó la senadora Juliana Di Tullio durante el debate. «Sí, en los términos del artículo, sí», respondió Nielsen Enemark, el enviado del Gobierno para explicar el asunto.
Sin embargo, Sturzenegger celebró que ahora «ese poder» que tenía el Estado para controlar y poner condiciones «desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve».
«Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece», insistió y dijo que «las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el kirchnerismo».
Por lo tanto, «eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante la arbitrariedades del Estado». «Se determina la obligatoriedad del descuento por paro» y se le «brindará más poder a los funcionarios para sancionar». Adelantó luz verde para el «silencio positivo», un mecanismo automático que pone en peligro el patrimonio del Estado. Sturzenegger celebró el decreto que va a «acelerar la motosierra» con despidos y desregulación.
