Milei deberá explicar ante la CIDH el incremento de la violencia represiva y la criminalización de la protesta
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A seis meses de su mandato, Javier Milei enfrenta serias acusaciones de represión y violación de derechos humanos. Organizaciones denuncian detenciones arbitrarias, uso de fuerza excesiva y deslegitimación de movimientos sociales.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre, el país ha experimentado un preocupante incremento en la represión de la protesta social y la criminalización de los manifestantes. Esta situación ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convoque al gobierno argentino a una audiencia para que dé explicaciones sobre estos hechos el próximo jueves 11 de julio a las 15 horas.
Según informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el gobierno de Milei ha implementado diversas políticas destinadas a desalentar y obstaculizar la manifestación en el espacio público. Estas políticas se han traducido en un aumento de la violencia represiva, con el uso indiscriminado de balas de goma, gases irritantes y palos, afectando incluso a los trabajadores de prensa. El CELS y otras organizaciones de derechos humanos han presentado estos casos ante la CIDH, destacando la gravedad de las detenciones arbitrarias y la criminalización de los manifestantes.
Desde la asunción de Milei, los discursos oficiales han intentado deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores. Estas acusaciones, replicadas por miembros del poder judicial, han llevado a la imputación por terrorismo e intento de golpe de Estado a personas detenidas al azar en las manifestaciones, sin pruebas concretas que respalden tales cargos. Este tipo de persecución judicial busca infundir miedo y desmotivar a aquellos que buscan ejercer su derecho a la protesta.
La audiencia ante la CIDH, solicitada por el CELS en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derechos Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS, es una oportunidad crucial para que el gobierno argentino rinda cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos.
El contexto actual de Argentina bajo el gobierno de Milei es alarmante. La violencia represiva y la criminalización de la protesta no solo violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también socavan la democracia misma. Las políticas represivas implementadas están diseñadas para silenciar a las voces disidentes y mantener el control mediante el miedo y la intimidación.
Las medidas adoptadas por el gobierno incluyen no solo el uso de la fuerza física contra los manifestantes, sino también una campaña de desprestigio contra las organizaciones sociales. Este ataque a las entidades que defienden los derechos de los trabajadores y los ciudadanos es una táctica deliberada para debilitar la resistencia y consolidar el poder autoritario.
La audiencia del 11 de julio ante la CIDH será transmitida en vivo, permitiendo que el mundo observe las respuestas del gobierno argentino a estas acusaciones. La presencia de la comunidad internacional es vital para presionar al gobierno de Milei a respetar los derechos humanos y garantizar que no haya impunidad para las violaciones cometidas.
La represión de la protesta y la criminalización de los movimientos sociales son prácticas incompatibles con una democracia saludable. La libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, bajo el mandato de Milei, estos derechos están siendo erosionados sistemáticamente.
El uso de «armas menos letales» como balas de goma y gases irritantes es una estrategia que, si bien puede parecer menos violenta, sigue siendo una forma de represión brutal que pone en peligro la vida y la integridad física de los manifestantes. Estas tácticas están diseñadas para dispersar y desalentar la protesta, pero también causan lesiones graves y traumas a quienes participan en las manifestaciones.
Además, la criminalización de la protesta no se limita a la violencia física. El gobierno de Milei ha adoptado una retórica que deslegitima y demoniza a los movimientos sociales, presentándolos como enemigos del estado y agentes de desestabilización. Esta narrativa es peligrosa porque justifica la represión y crea un ambiente de hostilidad hacia aquellos que luchan por sus derechos.
La audiencia ante la CIDH es un paso importante hacia la rendición de cuentas, pero no es suficiente. Es crucial que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional continúen monitoreando y denunciando estas violaciones. Solo a través de una vigilancia constante y una presión sostenida podemos esperar un cambio real y duradero.
La situación en Argentina es una advertencia para el mundo. La represión y la criminalización de la protesta son tácticas que pueden ser adoptadas por cualquier gobierno autoritario que busque silenciar la disidencia. Es responsabilidad de todos nosotros defender los derechos humanos y luchar contra la represión en todas sus formas.
