Otra ofensiva contra Aerolíneas Argentinas
Los funcionarios públicos ya no están obligados a viajar en la compañía
El gobierno nacional derogó la normativa que obligaba a los organismos del Estado a contratar el servicio de Aerolíneas Argentinas para viajes internacionales y de cabotaje de funcionarios y traslados de otra índole.
La decisión se enmarca en la serie de daños que la administración de Javier Mieli le dedica a la empresa de bandera en el marco del avieso proceso de privatización que mantiene abierto a pesar de los acuerdos alcanzados con los gremios del sector.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y deroga una normativa tomada en mayo de 2013 en favor de la empresa recuperada por el Estado. Esa disposición obligaba a las jurisdicciones y entidades el sector público a contratar a Aerolíneas Argentina y Austral los pasajes «para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros» cuyos viajes se financiaran desde el sector público.
La obligatoriedad tenía una excepción para el caso en que las empresas aéreas no ofreciesen «vuelos directos o indirectos, por medio de conexiones inmediatas con un desvío razonable» al destino requerido. Este no sería el caso para funcionarios nacionales de cualquier rango que decidan movilizarsehacia algún destino dentro del país, ya que ninguna empresa que no sea Aerolíneas garantiza la conectividad con todas las provincias. Algo similar podría decirse de los vuelos internacionales, dado que las rutas con las que cuenta la empresa de bandera está a la par de las empresas aéreas de primera línea internacional.
Con la medida firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de la desregulación y privatización, Federico Sturzenegger, la contratación de vuelos por parte del gobierno argentino serán a partir de a hora en detrimento de la empresa aérea de la cual es propietario. Algo así como tener un limonero e ir a comprarlelimones a la verdulería. Entre sus flojos argumentos, el Gobierno sostiene que su decisión de dejar de contratar los servicios de Aerolíneas va a «fortalecer la competitividad de la economía y mejorar la eficiencia de la administración pública».
Además se apoya en la vigencia del DNU 70/2023 de desregulación de la economía y «eliminación de barreras y restricciones estatales», y recalca que esa normativa estableció que las empresas de las que el Estado es parte «no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios».
