Semana agitada para Flybondi: mientras el grupo busca llegar a Wall Street, en la Argentina la justicia demanda a sus directivos y por añadidura a la ANAC

Mientras en Estados Unidos la sociedad matriz, Flybondi Limited LTD, con sede en Londres y principal accionista Cartesian Capital Group, presentó la semana pasada los exigentes y exhaustivos formularios requeridos  (incluye el último balance) para ingresar, bajo el nombre de Integral Acquisition Corporation, a cotizar en la bolsa de Nueva York buscando sumar fondos para la low cost argentina, esta semana la justicia argentina, concretamente a través del fiscal Carlos Rivolo (juez subrogante Sebastián Casanello), demandó a la empresa, a su CEO Mauricio Sana, a varios gerentes técnicos, y a altos funcionarios de la ANAC.

Concretamente la denuncia apunta a que la empresa no acató la orden de la ANAC de suspender temporariamente en octubre del año pasado los talleres de mantenimiento de aviones que la empresa dispone en Ezeiza, sino que por el contrario realizó trabajos sobre las aeronaves LV-KDR, LV-KDQ y LV-KEF, lo que habría “implicado poner en peligro la seguridad operacional” (artículo 190 del Código Penal), en talleres que se encontraba suspendido por la autoridad aeronáutica (ANAC).

La demanda abarca, además y principalmente, a las autoridades de la ANAC, lo que implicaría incumplimiento de los deberes de funcionario público por posibles omisiones al haber tolerado irregularidades, por parte de la actual administradora del organismo, María Julia Cordero, y los directores Pablo Coradazzi y Carlos Moroni.

En respuesta a una consulta a la empresa, esta señalo que la situación “no estuvo relacionado con la seguridad operacional ya que las auditorías realizadas por la ANAC en los talleres no se encontraron falencias en las tareas de mantenimiento realizadas en los aviones ni tampoco tuvo observaciones su condición para la aeronavegabilidad”.

La ANAC también se defendió en el mismo sentido destacando que nunca estuvo en riesgo la seguridad operacional “porque la suspensión fue por cuestiones tales como errores en los registros de mantenimiento, desorden general en los depósitos, falta de trazabilidad de partes y material aeronáutico, etc., además de ordenar a la empresa que re-certificaran los aviones que fueron revisados en el taller de Ezeiza en otros talleres habilitados.

Para agregar ahora que, si se lo solicitan, se presentarán todas las pruebas que demuestran que la ANAC cumplió con su rol de fiscalizador.

Los problemas habrían comenzado por octubre del año pasado a raíz de la cantidad de demoras y cancelaciones de los vuelos – producto de programaciones excesivamente ajustadas – y a contar en algún momento con 12 de sus aviones inoperativos y solo 7 volando.

Surgió entonces la historia del “acta perdida”, el supuesto documento que habían firmado un funcionario y el responsable de Calidad de la empresa, donde se consignaban una serie de irregularidades – básicamente de orden interno – que la empresa debía solucionar y que era parte del mal servicio (las dichosas cancelaciones y demoras) que la low cost venía arrastrando desde hacía un tiempo.

El acta había sido descartada, pero alguien la rescató del cesto de la basura, básicamente para ser usada como salvoconducto por el implicado cuando, supuestamente, la superioridad ordenó destruirla.

Esta historia generó mucho malestar entre las autoridades (ANAC y Secretaría de Transporte) en una relación que siempre había sido buena.

La reacción de las autoridades fue ordenar una inspección a los talleres de la empresa en Ezeiza, donde, si bien no se detectaron fallas graves, como para generar un incidente o accidente, si reveló desorden lo que llevó a las autoridades a suspender la habilitación temporaria de los mismos. Especialmente cuando se detectaron que, pese a la suspensión, se realizaron allí reparaciones menores que no implicaban riesgo, aunque las mismas fueran consideradas falta grave que puede llevar a la clausura definitiva del taller o a que sus responsables deban responder ante la justicia. Cosa que cinco meses después está ocurriendo.

Cuando la sangre parecía llegar al rio, al punto de hablarse de “intimaciones”, “sanciones” y “planes correctivos”, el conflicto se suavizó donde ambas partes habría reconocido (la empresa responsabilizaba en off al gobierno de turno por no entender que los pagos a lessor, talleres, proveedores de repuestos e insumos, seguros se pagan con dólares constantes y sonantes en el momento) ciertas responsabilidades y prometieron determinados ajustes.

Y ahora llegó el turno de la justicia.

Hasta ahora, tanto la empresa como la ANAC, dicen no haber sido notificados, pero que responderán obviamente con la documentación que se les solicite y los respalde.