Una ley que profundiza el ajuste y la desigualdad

18/12/2025 Página 12 – Nota – Política – Pag. 2
Paula Marussich
Labor Parlamentaria sobre la votación en particular del Presupuesto. El oficialismo, que venía de modificar el dictamen a último momento con la derogación de dos leyes sancionadas por el Congreso, vetadas por el Presidente e insistidas luego con mayoría agravada en ambas cámaras, logró imponer que la votación fuera por capítulos, un mecanismo similar al utilizado en la Ley Bases para “no dejar los dedos pegados”, cuestionaron desde la oposición. Unión por la Patria y la izquierda insistieron con la votación por artículo.
“No hay que camuflarse más para perjudicar a las personas con discapacidad, a la comunidad universitaria y a las escuelas técnicas”, advirtió Germán Martínez. Por su parte, Miriam Bregman reclamó: “El que vote por derogar las leyes de discapacidad y de universidades que dé la cara. El que vote por reventar las escuelas técnicas, que dé la cara”.
A pesar de los cuestionamientos se impuso la moción del libertario Gabriel Bornoroni para blindar el artículo de la polémica. El oficialismo consiguió 130 votos afirmativos del PRO, la UCR, el MID y los bloques de los gobernadores Elijo Catamarca (Jalil), Independencia (Jaldo), Innovación
Si el gobierno logra derogar las leyes aprobadas por el Congreso, la oposición avanzará en su judicialización. Para los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdes, la maniobra del oficialismo
vulnera el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que “no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes”. Ferraro definió como “un cachivache jurídico” al artículo que deroga las leyes y dijo que si la ley se aprueba, irá a la justicia porque el articulado “es inconstitucional”.
Dentro del capítulo que contiene el polémico artículo 75, están los aumentos para el Hospital Garrahan, las transferencias de las cajas provinciales que los gobernadores le vienen reclamando a la Casa Rosada y el artículo que restringe las llamadas “zonas frías”.
A pesar de las arduas negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores algunos discursos encendieron las luces de alerta en Balcarce 50, por caso el diputado Sebastián Noblega de Catamarca se quejó por la eliminación de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica “es meter por la ventana lo que el Congreso ya resolvió”. Lo mismo anticiparon los salteños de Innovación Federal.
La dupla conformada por Lule Menem y Diego Santilli permaneció dentro del Congreso hasta altas horas. Ambos llagaron con instrucciones precisas de la Casa Rosada para conseguir los votos. El principal interés del gobierno es conseguir la Ley de Leyes y la media sanción del proyecto llamado Inocencia Fiscal, clave en un contexto de escasez de dólares. Para eso el gobierno más ajustador de la historia abrió el grifo.
En total se pagaron 66.500 millones en ATN. También el gobierno se comprometió con la ciudad de Buenos Aires a que le girará los fondos de coparticipación pactados ante la Corte Suprema. Además, el gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales norteamericanas
El encargado de denunciar el toma y daca en el recinto fue Pablo Juliano: “En este segundo tiempo del gobierno se puso a jugar a la casta más rancia”, dijo el diputado radical de Provincias Unidas luego de dar vuelta un reloj de arena que puso sobre su banca. “Hablo de los ATN. El último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán) que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. Pero le pegan en la mano a los que tienen las cuentas ordenadas, a esas provincias productivas las extorsionan. Lo ponen a jugar a Jalil que aportó votos en las elecciones a Unión por la Patria. Le están dando 10.500 millones por mes”, denunció Juliano.
El presupuesto que el Gobierno busca exhibir ante Washington incorpora modificaciones sensibles. Entre ellas, la derogación de la indexación automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, un congelamiento virtual de ingresos en un contexto todavía inflacionario. El artículo 30 del proyecto elimina, además, pilares estratégicos para el desarrollo nacional: cae la meta del 6 por ciento del PBI para educación establecida por la Ley de Financiamiento Educativo, se abandona la meta de inversión progresiva en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1 por ciento del PBI, se desfinancia el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y se vacía el Fondef, que fijaba una inversión mínima del 0,8 por ciento de los ingresos corrientes en defensa.
A esto se suma la restricción al régimen de “zonas frías”: aunque se mantienen los beneficios para la Patagonia, la Puna y Malargüe, el proyecto delega en el Poder Ejecutivo la definición de su alcance y aplicación.
El cuadro se completa con proyecciones macroeconómicas difíciles de sostener: crecimiento del 5 por ciento, inflación anual del 10,1 por ciento y un dólar estimado en 1.423 pesos para diciembre de 2026, incluso por debajo de su valor actual. Para el CEPA, estas metas “se encuentran fuertemente desfasadas”.



