CGT se aseguró blindaje a obras sociales y «careo» por precios
La «mesa chica» de la central obrera se reunió con Cafiero, Vizzotti y Moroni. Inminente norma que paraliza traspasos de prestadoras por un año.
La CGT se aseguró ayer medidas de auxilio a las obras sociales de sus sindicatos al cabo de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien además se comprometió a impulsar una mesa de diálogo con la participación de los dirigentes y empresarios formadores de precios. El encuentro de la “mesa chica” de la central obrera con Cafiero y los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo) dejó como saldo central la confirmación de que el Gobierno prohibirá el cambio de obra social en el primer año de contrato de un trabajador, que en ese lapso deberá permanecer en la prestadora de salud gremial de su actividad, como había adelantado este diario.
La cumbre terminó de desactivar la tensión que existía en la mayor organización sindical por los intentos frustrados de un sector del kirchnerismo de ganar protagonismo en el sistema de salud y monitorear las obras sociales. Fue un almuerzo en la sede del gremio de Sanidad con la participación de los dos cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (personal del seguro). Para los dirigentes fue, además, una señal de fortalecimiento de la alianza entre el Presidente y la central.
Uno de los puntos destacados por los anfitriones fue que se concretó la primera reunión de carácter institucional de la CGT con Vizzotti, quien desde que asumió en reemplazo de Ginés González García sólo había tenido encuentros aislados con algunos dirigentes sindicales. El interés de la central por el área de Salud se divide en el gobierno de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano encargado de controlar las obras sociales y las prepagas y de reembolsar los tratamientos más costosos de las prestadoras sindicales, por un lado, y por otro en el proceso de vacunación de los trabajadores más expuestos al contagio del coronavirus.
Sobre el primer ítem la ministra confirmó la inminente firma de una resolución que obligará a los trabajadores a permanecer al menos un año en su obra social de origen. La norma, que había comprometido el propio Alberto Fernández a principios de mayo cuando recibió a los gremialistas en Olivos, apunta a revertir en parte un proceso que en el sector se conoce como “descreme” y que implica, desde la desregulación del sistema, en los años 90, la libre elección de la prestadora de salud. En los hechos esa facultad derivó en que obras sociales muy menores firmaran acuerdos comerciales con empresas de medicina privada para captar afiliados jóvenes, sanos y de mejores ingresos, en perjuicio de las estructuras mayores y más tradicionales del sistema.
Otra promesa del Presidente, en la actualidad bajo análisis del ministro de Economía, Martín Guzmán, podría demorarse: la inyección de 11.400 millones de pesos del Tesoro nacional a las obras sociales sindicales para compensarles el aumento en el costo de las prestaciones destinadas a sus afiliados discapacitados. El monto surge del valor que el FSR, administrado por la SSS, destinó para el reintegro de esos servicios a las prestadoras y la efectiva liquidación de esos gastos en medio de la pandemia.
Los funcionarios les aseguraron a sus interlocutores algo que ya le habían adelantado a Daer la semana pasada: que no habría cambios en la estructura de la SSS ante los pedidos de un sector del kirchnerismo (identificado con el gobernador Axel Kicillof) para ocupar cargos estratégicos. Cafiero y los ministros ratificaron los dichos del propio Alberto quien se había declarado garante de que no habría intermediación del “kirchnerismo duro” entre el Ejecutivo y los gremios.
En el plano económico Cafiero dio su aval al pedido de la CGT de convocar a una reunión con empresarios formadores de precios en el ámbito del Consejo Económico y Social. Esa suerte de “careo” será un intento por comprometer a los industriales del rubro de la alimentación con un mayor control de los precios, y a los sindicalistas les servirá para mostrarse como garantes de la gobernabilidad de Alberto F.
Fuente: ambito.com
