Subsidiarán a empresas públicas para que expandan sus negocios
Camila Dolabjian
Gasto. El Gobierno destinará $1000 millones a un concurso de proyectos.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lanzó una convocatoria para que sociedades del Estado y con participación mayoritaria estatal propongan proyectos que tengan por objeto explorar nuevos mercados o actividades distintas de las que llevan adelante habitualmente. Todo eso con la promesa de recibir financiamiento para implementar esas nuevas unidades de negocios. El concurso estará abierto para empresas nacionales como YPF o Aerolíneas Argentinas, provinciales o municipales.
La decisión se oficializó a través de la resolución 222/2022, publicada ayer en el Boletín Oficial.
El ministerio otorgará aportes no reembolsables a las empresas ganadoras por hasta $480 millones por proyecto, que deberán ser destinados exclusivamente a la adquisición de equipamiento, insumos, licencias y otros gastos necesarios para la implementación.
El Estado tendrá un presupuesto de $1000 millones reservado para la llamada «Convocatoria para producciones innovadoras o experimentales», a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), que suele asistir a pymes y compañías de sector privado.
Según el reglamento, el objetivo es «financiar inversiones para lograr la concreción de proyectos que resulten estratégicos para el Ministerio de Desarrollo Productivo e impulsar la reactivación productiva en todo el territorio nacional con un foco federalizado en el acceso al financiamiento».
Las participantes deberán llenar un formulario resumiendo el proyecto. En él, el desarrollo les pide que fundamenten la vinculación de su idea con características que resultan de importancia para el Gobierno. Se trata de su capacidad exportadora de bienes o servicios, la «posibilidad de generación de datos y/o investigaciones que resulten de interés para la implementación de políticas públicas» y la capacidad de promoción de proveedores locales, entre otros.
Cuando finalice el plazo de realización pactado, las empresas deberán remitir un certificación de concreción y la documentación de gastos para que sea evaluada por el ministerio y por una universidad pública designada para una auditoría final. Esta también deberá verificar in situ la concreción de la obra.
