De la privatización a la concesión: qué pasará con las empresas públicas tras la sanción de la Ley Bases

El capítulo de las privatizaciones que propuso el Ejecutivo en la Ley Bases sufrió diversas modificaciones. De las 41 empresas presentadas en el proyecto original y tras varias negociaciones mediante, Diputados finalmente habilitó a que seis empresas pasen a manos privadas y otras dos cambien su estructura.

A partir de la aprobación en la Cámara Baja, hay dos compañías -ENARSA e Intercargo- que quedan sujetas a privatización total, mientras Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad operadora ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales pueden privatizarse o entregarse en concesión.

Energía Argentina S.A. se encarga de la comercialización -importación y transporte- de gas, la generación y distribución de la energía eléctrica, así como el manejo de ciertas obras de infraestructura, como el gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto norte.

La empresa tiene 357 empleados y mostró en el primer trimestre del año un resultado financiero positivo en $25.797,3 millones, según la Oficina de Presupuesto nacional. La firma requirió en el primer trimestre transferencias de la administración nacional por $291.222 millones, principalmente porque entre sus funciones debe cancelar las compras de gas previstas en el contrato firmado con Bolivia.

Por su parte, Intercargo cuenta con 1636 trabajadores y tiene como objetivo prestar el llamado servicio de rampa, es decir, cargas y descargas en tierra a las distintas aerolíneas y asistir al funcionamiento de la actividad aeronáutica. Según la Oficina de Presupuesto, en el primer trimestre del año tuvo superávit financiero por $7029,2 millones.

En el segundo grupo de empresas, que pueden quedar sujetas a privatización o concesión, se encuentra Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que tiene 7473 trabajadores y reportó un resultado financiero negativo de $136.889,1 millones durante los primeros tres meses del 2024.

Le sigue Belgrano Cargas y logística -cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos Cargas-, que se ocupa de la prestación del servicio, la operación y logística de trenes de carga, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes. Esta firma cuenta con 4594 trabajadores y su resultado financiero fue deficitario en $1947,4 millones en el primer trimestre, según la Oficina de Presupuesto.

En tercer lugar, está la Sociedad operadora ferroviaria S.E (Sofse), que administra las líneas de trenes que funcionan dentro del AMBA y otros ferrocarriles de larga distancia. Su nombre comercial es Trenes Argentinos Operaciones y es la empresa que cuenta con mayor cantidad de trabajadores: son 23.618. Su resultado financiero trimestral fue deficitario en $3.179,6 millones.

Por último, la firma que puede ser privatizada o concesionada es Corredores Viales, que tiene a su cargo la construcción, reparación y mantenimiento de rutas, autopistas y autovías nacionales. En los primeros tres meses del año mostró un déficit de $2254 millones, “que responde principalmente a la caída de los recursos de capital, que provenían de transferencias del Tesoro Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad; y en menor medida, al incremento de los gastos corrientes, compuestos casi en su totalidad por los gastos de operación de la empresa”, explica la Oficina de Presupuesto. Allí trabajan 4113 personas.

Dos empresas que deben tener mayoría estatal

Aunque esto no es todo. La Ley Bases también prevé que dos empresas cambien su esquema. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos carboníferos Río Turbio (YCRT). En estos dos casos en particular, se estipula que las empresas organicen un programa de propiedad privada para el cual se colocarán una serie de acciones, pero el Estado nacional debe mantener la participación mayoritaria.

Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA) es una empresa generadora de energía eléctrica, operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y encargada de la gestión de los proyectos nucleares del país, y cuyo capital accionario se encuentra distribuido de la siguiente manera entre la Secretaría de Energía (79%); la Comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA- (20%) y ENARSA (1%).

NASA -que tiene 3185 empleados- es una de las empresas públicas que reportó uno de los mejores desempeños fiscales, ya que tuvo un superávit financiero de $142.025,4 millones “debido al aumento de los ingresos de operación obtenidos por la venta de energía”, detalla la Oficina de Presupuesto.

En tanto, Yacimientos carboníferos Río Turbio tiene como finalidad de la explotación del yacimiento de carbón mineral de la ciudad de Río Turbio, en Santa Cruz. Su resultado trimestral fue deficitario en $8.900,8 millones y cuenta con 2175 trabajadores.

De todos modos, pese a la aprobación en Diputados, el traspaso hacia el sector privado de las empresas no será inmediato. En principio, la ley dispone que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las compañías “evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros” dentro de un plazo 120 días hábiles.

Pero a partir de ahora, también se inicia otro debate: ¿Cómo valuar correctamente a esas compañías que están sujetas a privatización? Un mecanismo, en principio, podría ser tomar los activos y pasivos de cada una por separado para luego contar con un monto estimado final. Y por último, el Ejecutivo ahora debería encontrar un comprador al que le resulte atractivo ese negocio. Es decir, que más allá del visto bueno que acaba de destrabar el Congreso, todavía quedan varias fases para avanzar en el capítulo de las privatizaciones.