Relanzan plan de seducción a sindicalistas
Los ministros Stanley y Sica recibirán el miércoles a los gremios del transporte. Tarifas y regímenes jubilatorios, el eje de la agenda.
Por Mariano Martínmmartin@ambito.com.ar
El Gobierno retomará esta semana el plan destinado a aislar a los gremios del transporte de la conflictividad en ascenso. El miércoles se concretará una reunión demorada de los principales referentes de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a la que se sumó durante el fin de semana su par de Producción y Trabajo, Dante Sica. El objetivo oficial es contener a los sindicatos más determinantes a la hora de un eventual paro nacional en un año de elecciones.
El encuentro fue ratificado en la CATT luego de haberse suspendido a mediados de mes por decisión de Stanley y luego de que se diera a conocer a través de un anticipo de este diario. En aquella oportunidad el eje giraba en torno de la intención del Ejecutivo de eliminar los regímenes jubilatorios anticipados que rigen en el transporte, entre otros rubros, para alinearse a las exigencias en ese punto del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La incorporación de Sica en la audiencia -de hecho se hará en su despacho de Diagonal Sur al 600- preanuncia un mayor volumen político de la conversación que contará con la mesa chica de la CATT, que integran el colectivero Roberto Fernández, el maquinista ferroviario Omar Maturano, el portuario Juan Carlos Schmid, el camionero Omar Pérez (delegado de Hugo Moyano) y el aeronavegante Juan Pablo Brey, y otros dirigentes de la actividad terrestre, marítima y aérea.
El Gobierno deberá con el transporte resolver una disyuntiva: mientras se propone reducir los subsidios a la actividad y transferir la gestión a cada distrito -de hecho la semana pasada los colectiveros de UTA cumplieron paros en todas las provincias con excepción de la Capital Federal y el conurbano bonaerense por falta de pago del aumento correspondiente a los primeros meses del año- la sola posibilidad de una estampida de los sindicatos a las filas opositoras que rodean a Hugo Moyano mantiene en alerta a los funcionarios.
Por ahora el sindicalismo peronista programó sólo una marcha de protesta para el 4 de abril a la Plaza de Mayo, con escalas en Once y el Congreso nacional. La medida contará con un infrecuente consenso entre la CGT -origen de la iniciativa por parte de sus sindicatos industriales- y los sellos de Moyano, tanto el Frente Sindical por el Modelo Nacional (gremios de la central obrera que se corrieron del Consejo Directivo) como la Multisectorial 21-F, que incorpora a las dos CTA y a organizaciones sociales.
Para la jefatura de la CGT se trata de una conflictividad administrada, una suerte de mal menor que los dirigentes exhibieron ante los funcionarios de Cambiemos y que terminó por decidir al Gobierno a liquidar una deuda multimillonaria que mantenía con las obras sociales sindicales. Como anticipó este diario, en los próximos días se publicarán un decreto y una resolución que contendrán los mecanismos para la distribución de un total de 32 mil millones de pesos (14 mil millones en el año y otros 18 mil millones hasta 2027) entre las prestadoras de salud de los gremios.
En cambio, para la órbita de Moyano el 4-A se pensó como el puntapié inicial de una escalada de conflictos que debería desembocar, al menos, en un quinto paro nacional contra la administración de Mauricio Macri en el mediano plazo. Ante esa amenaza el Ejecutivo activó el contacto con los estratégicos sindicatos del transporte.
