HUMILLANTE: La Ley de Bases de Milei ya empezó a quitar derechos históricos: Primer fallo de despido de un trabajador sin multas para el empleador por no haberlo registrado
enorsai.com.ar / Viernes 09 de agosto de 2024 | 08:50
Un fallo en Misiones revela cómo la nueva legislación laboral afecta retroactivamente los casos anteriores, desmoronando las protecciones históricas para los trabajadores y provocando un profundo debate sobre la justicia social en el contexto de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La reciente sentencia de un juez en Misiones ha encendido una polémica considerable en torno a la reforma laboral implementada por el gobierno de Javier Milei, que ha desencadenado una ola de críticas y cuestionamientos en el ámbito jurídico y laboral. El caso en cuestión, que involucra a un trabajador rural que fue despedido sin previo aviso y sin registro de su empleo, ilustra de manera alarmante cómo la Ley de Bases (Ley 27.742), que derogó múltiples normativas laborales anteriores, está remodelando el panorama de los derechos laborales en Argentina de una manera que podría resultar perjudicial para los trabajadores.
El trabajador, cuyo nombre se reserva por razones de privacidad, demandó a su empleador tras haber sido despedido sin causa en diciembre de 2016, luego de haber trabajado durante cinco años en condiciones de informalidad. La demanda, iniciada en 2016, buscaba la reparación por el despido sin causa y la falta de entrega del certificado de trabajo, además de las sanciones correspondientes por la falta de registro laboral. Sin embargo, el reciente fallo judicial ha decidido no aplicar las multas estipuladas en las leyes laborales anteriores debido a que estas fueron derogadas por la nueva legislación.
El juez argumentó que, dado que la Ley de Bases entró en vigencia en julio de 2024, no era posible aplicar las sanciones de leyes que habían sido derogadas, argumentando que la aplicación de estas sanciones sería retroactiva y, por lo tanto, incompatible con el principio de irretroactividad de la ley. En su lugar, el fallo se centró en la aplicación de intereses compensatorios a través del índice CER, ascendiendo a un total de $35.099.626,31. La sentencia ha suscitado un intenso debate sobre la justicia y la equidad en la aplicación de la ley.
Desde la promulgación de la Ley de Bases, la cual ha sido impulsada por la administración de Milei, las críticas se han centrado en el hecho de que esta reforma ha desmantelado protecciones laborales históricas, muchas de las cuales eran consideradas esenciales para la protección de los derechos de los trabajadores. La derogación de las multas y sanciones estipuladas en leyes anteriores, que previamente aseguraban la responsabilidad de los empleadores en casos de despidos injustificados y empleo no registrado, ha sido vista por muchos como una medida que favorece a los empleadores a expensas de los derechos de los trabajadores.
Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, ha calificado el fallo como una «aberración jurídica», argumentando que las multas en cuestión no eran meras sanciones, sino indemnizaciones destinadas a reparar el daño infligido al trabajador por el incumplimiento de su empleador. Según Benzion, la aplicación de la nueva ley a hechos anteriores a su promulgación es un claro desmedido de justicia que desprotege a quienes ya estaban en una situación vulnerable.
Por su parte, Nicolas Schick, abogado laboralista, sostiene que la Ley de Bases no debería aplicarse a relaciones laborales previas a su entrada en vigencia. Schick argumenta que la ley debe aplicarse solo a situaciones que surgieron después de su promulgación, en concordancia con el principio de irretroactividad. En este sentido, la nueva normativa no debería despojar a los trabajadores de derechos ya adquiridos bajo las leyes anteriores.
La reforma laboral impulsada por Milei ha sido presentada como una medida para modernizar y flexibilizar el mercado laboral, con el argumento de que esto fomentará la creación de empleo y la inversión. Sin embargo, el impacto de estas reformas ha sido profundamente cuestionado, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos de los trabajadores. La derogación de normativas que previamente aseguraban la protección y la justicia en el ámbito laboral ha generado una percepción de que el nuevo marco legal favorece desproporcionadamente a los empleadores, minimizando las protecciones que antes eran un pilar fundamental de la justicia laboral.
El fallo reciente no es un caso aislado, sino un reflejo de cómo la reforma laboral está configurando el nuevo paisaje de los derechos laborales en Argentina. La decisión del juez de Misiones es una muestra clara de cómo las nuevas normativas pueden influir en la interpretación de la ley y en la protección de los derechos laborales, generando un vacío legal que puede ser explotado en detrimento de los trabajadores.
La implementación de la Ley de Bases y su impacto en la justicia laboral continúa siendo objeto de debate. Los críticos argumentan que la reforma está diseñada para favorecer a los empleadores a expensas de los derechos fundamentales de los trabajadores, mientras que los defensores sostienen que es un paso necesario para modernizar el mercado laboral y estimular el crecimiento económico. Lo que está en juego es nada menos que la equidad y la justicia en el entorno laboral, aspectos que son cruciales para el bienestar de los trabajadores y el equilibrio en el mercado laboral.
La sentencia en Misiones subraya la necesidad urgente de un debate más profundo y reflexivo sobre el rumbo de la legislación laboral en Argentina. La cuestión no es solo de interpretación legal, sino de valores fundamentales sobre cómo se debe equilibrar la justicia y la protección de los derechos de los trabajadores frente a las necesidades del mercado y las políticas económicas. La reforma de Milei ha abierto un campo de batalla en el que se define qué tipo de sociedad y de mercado laboral se quiere construir.
La comunidad jurídica y los trabajadores deben seguir de cerca cómo se desarrolla esta situación, ya que los precedentes establecidos en casos como el de Misiones pueden sentar las bases para futuras interpretaciones legales que podrían tener un impacto duradero en los derechos laborales en Argentina.
Fuentes:
