Milei promete seguir con la motosierra: ¿hay margen para continuar achicando el Estado?
16/12/2024 eldia.com (PBA) – Nota
Política y Economía Enfoque
José Calero
Milei y Sturzenegger buscan profundizar la reducción del estado con una “motosierra profunda”.
El presidente Javier Milei hizo una fuerte defensa de su gestión y prometió seguir reduciendo el gasto público, una decisión que está siendo bien recibida por los mercados financieros. “Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desasnar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas”, señaló. Pero, ¿cuál es el margen que tiene para seguir profundizando los recortes?
Entre las reformas que anunció el jefe de Estado, incluyó la impositiva, previsional y laboral, y dijo que “continuaremos eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir”. Y agregó que “cada atribución o tarea que no corresponda a lo que se supone que tiene que hacer el Estado Nacional será eliminada”.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya tiene armado un plan de disolución o fusión de organismos que se consideran innecesarios o duplicados, y la reducción del personal de la planta transitoria. Entre los empleos en revisión hay unos 40 mil con contratos que están siendo sujetos a examen. Parte de esos empleos caerían en los próximos meses. Según números del Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre de 2023, antes del cambio de Gobierno.
Hasta ahora, el Gobierno despidió a más de 37 mil estatales, redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, 33 por ciento los puestos superiores y apuntan a terminar con unas 300 direcciones y coordinaciones.
Entre esos organismos hay varios que dependen del Ministerio de Capital Humano y un servicio de defensa del consumidor que desde la administración libertaria entienden que duplica funciones. “Son capas geológicas creadas para colocar militantes”, dicen en la Casa Rosada.
Mientras tanto, el Gobierno acelera con la implementación del llamado “examen de idoneidad” como condición necesaria pero no excluyente para seguir trabajando en el Estado. La evaluación es de carácter digital, anónima y presencial, y de cumplimiento obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional.
Los sindicatos ATE y UPCN lo catalogan de “humillante” para empleados y empleadas con 10 a 20 años de actividad y que siguen en esas condiciones “producto de la precariedad laboral en el Estado”.
En lo que va de la gestión libertaria, ya se disolvieron más de 250 unidades del Estado. Milei y Sturzenegger creen que se puede llegar a 400 en el marco de las 3.200 reformas pendientes.
La Comisión Nacional de Microcréditos y el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) son algunas dependencias en la mira.
Una de las claves de la motosierra profunda está vinculada con las privatizaciones. Por ahora el Gobierno no pudo avanzar con ninguna, aunque hay varias empresas en el foco. Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Correo Argentino, de AySA, Arsat e Intercargo son algunas de las principales.
Se estima que hay unas 60 empresas estatales en condiciones de ser privatizadas.
Sturzenegger también apunta a eliminar servicios que impliquen burocracia y un mayor gasto del Estado sin contraprestación eficiente por parte del área que lo administra. El principal ejemplo que ponen en el gobierno es el caso de la reconversión de la AFIP en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que implicaría un ahorro fiscal de $6.400 millones y el cese de unos 3.000 empleados.
Hace 20 años, el gasto público consolidado representaba cerca del 26% del PBI, y hacia 2020 superaba el 47%. En la actualidad, se estima que se redujo a cerca del 32%, pero especialistas creen que seguirá bajando en los próximos años incluso perforando el mínimo mencionado de 2004.
De acuerdo con el Pacto de Mayo -que Milei mencionó en su cadena nacional-, el acuerdo entre el Presidente y los gobernadores estableció que el nivel de gasto debía llegar al 25% del Producto Bruto. Es decir, queda mucho por recortar.
Según un trabajo del Centro de Economía Política (CEPA), el gasto público total ascendió a $8,2 billones en septiembre, con una caída real interanual de 25,2%, algo menos severa que el ajuste acumulado anual de 29,5%. Las mayores reducciones por su magnitud se observaron en jubilaciones (-11% en septiembre) y obra pública (-73%).
De cada $100 recortados, $25,30 provinieron de jubilaciones, $23,70 de la obra pública y $13,40 de los subsidios. Le siguen en importancia Gastos de funcionamiento del Estado ($12,30), Prestaciones sociales ($10,60) y Transferencias a provincias ($7,70).
A octubre, el superávit fiscal acumulado fue $2,4 billones, mayor a la meta acordada con el FMI. A pesar del margen para gastar más, el Gobierno optó por no aumentar jubilaciones, ni recomponer salarios universitarios o reactivar la obra pública, lo que demuestra su falta de sensibilidad social.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), durante los primeros nueve meses del año los ingresos totales cayeron un 6,3% real interanual, mientras que el gasto primario descendió un 29,5% interanual. Como resultado, el superávit primario ascendió a $9,5 billones, equivalente a 1,7% del PBI. El superávit fiscal, por su parte, ascendió a $2,4 billones, equivalente a 0,43% del PBI. El ajuste fiscal en lo que va del año es equivalente a 3 puntos porcentuales del PBI, señala el informe del instituto que dirige el economista Nadín Argañaraz.
El problema es que si bien hay algunos signos de que la actividad económica tocó fondo (creció un 1,7% mensual en julio según los últimos datos del Gobierno), el gasto de los consumidores, la industria y la construcción seguirán profundamente deprimidos en comparación con 2023.
