Reforma laboral en números

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Aportes patronales, el despoder de los gremios y los derechos en juego

Por Andrés Cánepa / 17 de diciembre de 2025 – 10.40

Entusiasmado por el resultado electoral y la nueva relación de fuerzas en la conformación del Congreso de la Nación, el gobierno de Javier Milei impulsa una nueva reforma laboral a través del Mensaje 35-2025.

Por qué importa

La Casa Rosada promete «modernizar» el mundo del trabajo. Sin embargo, según sectores de la oposición, acelera la precarización de millones de argentinos y una transferencia de recursos del trabajo al capital, con pérdidas de derechos laborales.

En detalle

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicó un informe donde desglosa los impactos de esta propuesta.

• En el plano fiscal, se cuantifica una transferencia millonaria al capital. La reducción de contribuciones patronales -de 20,4% a 17,4% para servicios y comercio, y de 18% a 15% para otros- implica un costo fiscal anual de U$S 2.070 millones, algo así como un 0,32% del PBI.
• El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con 3% de la masa salarial que dejaría de recaudar el Estado, desfinancia el SIPA (jubilaciones), PAMI y asignaciones familiares. Además, según se detalla en el texto enviado por el gobierno, los empleadores pagarán solo 8% en contribuciones bajo el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), por 48 meses en nuevas contrataciones. Otro beneficio incluido para quienes tengan trabajadores a su cargo es un nuevo blanqueo laboral -Promoción del Empleo Registrado-, que condonaría multas y sanciones, y repite un intento anterior en la Ley Bases que logró que se registren solo 16.000 casos en 2024.
• Extensión de la jornada laboral mediante un «banco de horas»: se eliminaría el pago de horas extras al permitir compensaciones «voluntarias». Esto podría llevar a jornadas de hasta 12 horas diarias, con solo 12 horas de descanso entre turnos a pesar de que Argentina ya tiene una de las jornadas legales más largas del mundo -48 horas semanales-, superando el estándar de 40 horas recomendado por la OIT.

Derechos en juego.

Uno de los ejes centrales es la posible pérdida de derechos individuales. Por ejemplo, se habilitaría el fraccionamiento de vacaciones en segmentos de al menos siete días, «acordado» entre partes, pero en un contexto de desigualdad negociadora que favorece al empleador.

Se advierte que esto erosionaría el descanso anual, un derecho constitucional. En el Artículo 41 de la reforma se hace mención a que se permite dividir el período vacacional, aunque sin garantías reales para el trabajador. También aclara que la patronal debería garantizar 1 período vacacional en verano al menos una vez cada tres años, lo que flexibilizaría la obligatoriedad que tienen hoy en la mayoría de los convenios de brindarle el derecho entre octubre y abril todos los años.

La reducción salarial post-accidente o enfermedad es otra medida criticada por la oposición. La reforma permite ajustar categoría, jornada y remuneración si el trabajador queda con incapacidad, algo prohibido actualmente.

En cuanto a indemnizaciones, se podrían «licuar» al excluir componentes como aguinaldo, vacaciones y comisiones de la base de cálculo, según el artículo 51 del proyecto libertario. Si tomamos como referencia a camioneros que tiene un 40,3% de adicionales, o indumentaria, que percibe un promedio de 46,6% por promedio de ventas, esto reduciría drásticamente las compensaciones por despido.

Trabajadores de apps

La exclusión de trabajadores de plataformas como Uber o Rappi es otro de los aspectos importantes. La reforma legaliza que trabajen sin salario mínimo, aportes jubilatorios, cobertura por accidentes, aguinaldo ni vacaciones. El artículo 121 del proyecto enumera «derechos» accesorios, como rechazar pedidos o portabilidad de datos, pero aclara que no implicaría relación laboral.

Datos duros de CEPA revelan el crecimiento explosivo de estos trabajadores: en el último año, los repartidores de Rappi aumentaron un 39%, de 31.105 a 43.048. Según el estudio, en septiembre de 2025 se necesitaban 461 pedidos para superar la pobreza, con un promedio de $2.553 por pedido, obligando a más de 15 entregas diarias.

El artículo 13 excluye la presunción de dependencia cuando hay facturación, y el 16 limita la solidaridad en subcontrataciones, o sea, los tercerizados. Entonces, la legalización del monotributo y la tercerización también facilitan el encubrimiento de relaciones laborales.

Contra los gremios

La propuesta de reforma debilita el sistema sindical y el derecho a huelga. El artículo 131 modifica el orden de prelación de convenios colectivos (CCT), priorizando acuerdos por empresa sobre los sectoriales, lo que fragmentaría la negociación. Además, todo convenio tiene vencimiento, pero hasta hoy siguen vigentes hasta que se discuta uno nuevo. El Gobierno impone en el texto nuevo que se caerán y quedarán sin efecto hasta que las partes vuelvan a ponerse de acuerdo, lo que deja en inferioridad de condiciones a los sectores gremiales y a los trabajadores.

Incluso, en el artículo 98 del texto se limita el derecho a huelga en «servicios esenciales» ampliados, exigiendo coberturas mínimas del 75% o 50%, afectando sectores como salud, energía y transporte. Otro punto del texto que le quitaría poder a los sindicatos es el que limita el ejercicio de las asambleas en horarios laborales. Según el proyecto deberán pedirle permiso a la patronal para poder realizarlas, lo que atenta contra el derecho constitucional a reunión según la mirada de letrados, sostenida con jurisprudencias.

Por otro lado, el proyecto le quitaría la obligatoriedad a la patronal de ser agentes de retención de la cuota sindical, lo que podría ser un golpe fatal al financiamiento de los sindicatos. Cambia el «deberán» por el «podrán» y genera incógnitas sobre el impacto que pueda tener.

El debate se da en el marco de una pérdida de 138 mil empleos registrados entre noviembre del 2023 y octubre del 2025. El Gobierno analiza que esto dinamizará el mercado laboral, mientras que la oposición insiste que el proyecto no es más que precarización y transferencias de recursos desde los trabajadores y el Estado hacia el capital. Esta semana comienza el debate en el Senado.