Especialistas anticipan que la «modernización laboral» del Gobierno generará una oleada de reclamos judiciales
Por Redacción EDA – 23 de febrero de 2026
La reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei se dispone a aprobar esta semana en el Senado no solo redefine regresivamente derechos y condiciones de trabajo, sino que también, contra los anuncios oficiales sobre la intención de terminar con la falsamente llamada “industria del juicio”, abre un frente judicial de consecuencias imprevisibles. No solo se presentarán numerosos cuestionamientos por la inconstitucionalidad de una norma que incumple el principio de progresividad de derechos, sino que, además, la conflictividad se potenciará con el plan de traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, también incluido en el plan de “modernización laboral” del oficialismo.
De acuerdo con numerosos especialistas, lejos de desalentar la inexistente “industria del juicio”, la nueva normativa puede generar una ola de litigios individuales, con planteos de inconstitucionalidad y, sobre todo, con reclamos por la aplicación de la nueva fórmula indemnizatoria. Abogados laboralistas como Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAA), sostienen que la reforma vulnera el principio de progresividad en materia de derechos sociales, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió a inicios de la gestión mileísta con el capítulo laboral del DNU 70/23, como esta vez la norma surge del Congreso, se plantean mayores dificultades para su impugnación judicial. Ahora los cuestionamientos deberán plantearse artículo por artículo y caso por caso, en un escenario que anticipa una multiplicación de las demandas individuales.
El eje más sensible seguramente tendrá que ver con las indemnizaciones por despido, cuya fórmula de cálculo se modifica en el nuevo proyecto flexibilizador. La exclusión del aguinaldo y las vacaciones del cálculo, junto con los cambios en la jornada laboral y el banco de horas, abre la puerta a reclamos por retroactividad y derechos adquiridos. ¿Qué régimen se le aplicaría a un trabajador con veinte años de antigüedad? ¿La ley vigente al momento de su ingreso o la nueva fórmula? Todo indica que la conflictividad no se reducirá, sino que, por el contrario, se disparará.
En ese contexto de potencial escalada judicial, el artículo 91 del proyecto, que avala la transferencia de las competencias laborales a la Ciudad en un plazo de 180 días, también anticipa fuertes conflictos. La medida implicaría el traspaso progresivo de 80 juzgados laborales y 10 salas nacionales a una estructura porteña que hoy cuenta con apenas 10 juzgados y dos salas, para decenas de miles de causas en curso. Jueces y trabajadores del fuero laboral advierten que el sistema podría colapsar y que en la iniciativa votada no están para nada claros los mecanismos para la transición.
Ante este escenario, los trabajadores del fuero laboral organizados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ocuparon este lunes el edificio de la Justicia Nacional del Trabajo de Diagonal Roque Sáenz Peña y confirmaron la convocatoria a un paro total, con movilización nacional. El gremio denuncia que el traspaso será “destructivo” (en tanto debilita la protección de los derechos laborales) y anticipa medidas judiciales para frenar su implementación efectiva, todo lo que suma conflictividad al escenario post aprobación del proyecto oficialista de reforma laboral.
El resultado es un panorama incierto y potencialmente explosivo. Con una reforma que reduce derechos, modifica reglas históricas y al mismo tiempo altera la estructura judicial encargada de controlarla, el escenario más probable no es el de una reducción de las causas laborales, sino, por el contrario, de una oleada de las mismas ante una nueva estructura judicial incapaz de asumirlas, lo que solo implicará una mayor demora y desigualdad en el acceso a la justicia.
