La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra la Ley de Modernización Laboral

Este miércoles 11 de marzo, el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, Enrique Lavié Pico, rechazó la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra algunos artículos centrales de la nueva Ley de Modernización Laboral y el traslado del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ordenando dar traslado de la demanda al Estado nacional para que responda en el marco del proceso judicial iniciado por la central obrera. La resolución representa el primer pronunciamiento judicial relevante en torno a la decisión cegetista de priorizar la estrategia judicial contra la ley 27.802.

La CGT había solicitado una medida cautelar de no innovar para suspender de manera inmediata la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley, que habilitan el cierre de 30 juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, además del traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El amparo, presentado el 6 de marzo —el mismo día de la publicación de la ley en el Boletín Oficial—, fue firmado por los cosecretarios generales Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes advirtieron que ese traspaso implicaba una alteración profunda del sistema judicial laboral.Para justificar el rechazo, Lavié Pico sostuvo que la finalidad de las medidas cautelares es garantizar la eficacia de una futura sentencia, y remarcó que no corresponde dictar decisiones preventivas cuyo resultado sea equivalente al fallo final del proceso. Señaló además que no se acreditó la existencia de un peligro en la demora que justifique el dictado de la medida y que la vía sumarísima del amparo asegura una decisión pronta sobre el fondo del asunto, motivo por el cual no se configura un daño irreparable que torne ilusoria una futura sentencia.

El pronunciamiento no implica todavía una definición sobre la constitucionalidad de la ley, cuestión que será analizada en el fallo definitivo. Sin embargo, el rechazo de la cautelar representa un revés para la estrategia judicial de la CGT, que buscaba frenar la aplicación inmediata de la ley de flexibilización laboral. No es la primera vez que Lavié Pico se pronuncia en una causa sensible para el movimiento obrero: se trata del mismo magistrado que a principios de 2024 rechazó dos amparos contra el cuestionado DNU 70/2023.

El juez dispuso dar traslado de la demanda al Estado nacional, que deberá presentar su informe en el plazo de cinco días conforme a lo previsto en la Ley de Amparo 16.986, instancia en la que el Gobierno tendrá la oportunidad de exponer su defensa y ofrecer la prueba que considere pertinente para sostener la legalidad de la reforma. Desde la CGT confirmaron que se encuentran evaluando los pasos a seguir y que el reclamo judicial continuará.