Cielos despejados
Daniel Victor Sosa
Como actividades auxiliares y complementarias del sector aerocomercial «deben ser modernizadas para acompañar las necesidades crecientes de empresas y usuarios particulares», definieron funcionarios vinculados al proceso de privatización de la empresa estatal Intercargo.
El ministro Luis Caputo lanzó a fines del mes pasado la licitación nacional e internacional para el traspaso de la compañía y fijó un precio base de 42,1 millones de dólares, tras la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Además de contribuir a una mayor competitividad, a través de inversiones privadas, el próximo traspaso apunta a lograr «garantías de continuidad de los servicios», referencia indirecta al propósito oficial de evitar interrupciones en la conectividad local y externa, relacionadas con conflictos gremiales.
La operación de venta se realizará en beneficio de los usuarios, que no sólo viajan por turismo sino -cada vez más- por negocios dentro o fuera del país, sostienen en el gobierno.
Entre los interesados en la gestión de Intercargo, según trascendió, figuran el grupo francés Alyzia, que cumple funciones similares en el aeropuerto Charle de Gaulle de París (además de otras terminales de Europa), y la firma local Paolini Grúas.
En este marco, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) rechazó los planes gubernamentales y denunció el intento de «malvender» la compañía, luego de décadas de gestión estatal.
Según el sindicato que agrupa a los casi 1.600 trabajadores de Intercargo, el resultado operativo de la empresa fue ampliamente positivo durante 2025, con una ganancia de 20 millones de dólares.
Rampa
Intercargo SAU es una empresa del sector público nacional que actúa en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.
Se trata de la concesionaria del servicio público de atención en tierra a aeronaves, comúnmente denominado «servicio de rampa», en referencia a un conjunto de prestaciones que se desarrollan en el ámbito aeroportuario.
La función de la empresa engloba a las actividades que sirven de nexo entre las aeronaves y las distintas terminales aeroportuarias incluyendo, entre otras, la carga y descarga de equipajes, correo y carga aérea, así como también el embarque, desembarque y transporte de pasajeros y tripulaciones.
Intercargo es asimismo responsable de la provisión de energía eléctrica, aire acondicionado y arranque neumático a las aeronaves en tierra, la carga de agua potable y desagote de los baños, la limpieza de aeronaves y el servicio de señalero en plataforma.
Sus actividades se realizan en 19 terminales que son parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, incluidos los de mayor tráfico: Buenos Aires (Ezeiza), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery), Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Bariloche.
La lista de aeropuertos donde presta servicios Intercargo se completa con Iguazú, Neuquén, Río Gallegos, Tucumán, Ushuaia, Calafate, Jujuy, Comodoro Rivadavia, Salta, San Juan y Chapelco.
Rechazo
Frente a la publicación de los pliegos para la licitación, el sindicato APA sostuvo que el Gobierno «está cometiendo un grave delito de defraudación a la Patria, al entregar activos estratégicos y patrimoniales, en perjuicio de la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores».
Según el gremio, la compañía padece «una peligrosa desinversión» y «falta de mantenimiento en equipos», poco personal y «sueldos miserables».
En suma, alerta el sindicato, se está llevando adelante «una clara política de vaciamiento para bajar el precio de venta, poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores y usuarios en los aeropuertos».
También manifestó su oposición la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), mientras los trabajadores de Intercargo lanzaron un plan de resistencia al traspaso, que no justifican dado el comportamiento «eficiente», «superavitario» y «estratégico» de la compañía.
Los gremios aeronáuticos, por pronto, presentaron amparos judiciales cuestionando la legalidad del método de tasación y la pérdida de soberanía estatal sobre un servicio esencial.
La venta del paquete accionario de la empresa se enmarca en la denominada «ley Bases» (N° 27842), que dispuso la privatización, además, de Energía Argentina (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), entre otras.
En el caso de Intercargo, los funcionarios de Economía justifican la decisión, tanto para modernizar y mejorar los servicios de transporte y depósito de bienes en los aeropuertos del país, como para desregular el mercado aerocomercial y fomentar la competencia.
También, para dejar que los futuros concesionarios se hagan cargo de los desafíos financieros que habrá que afrontar para mejorar la calidad del servicio, reducir costos para los usuarios y, según se promete, rebajar tarifas a los pasajeros.
Un beneficio adicional radica en la reducción del gasto público, motivo que subyace en la política de desprendimiento de activos estatales para que dejen de representar erogaciones insostenibles, cuando, aseguran en despachos oficiales, el sector privado puede gestionar estos servicios de manera más eficaz.
Por lo demás, la venta del 100% de las acciones de la estatal mediante licitación pública generará un ingreso inmediato de fondos al Tesoro Nacional, que algunos analistas cifran en un monto muy superior al de la tasación original.
Cielos
Con el antecedente de la política de «Cielos Abiertos» durante la gestión de Mauricio Macri, la privatización de Intercargo es -según el enfoque libertario- un componente clave para dinamizar el mercado aerocomercial argentino y facilitar que nuevas aerolíneas operen con mayor libertad y menores costos operativos.
El pliego de condiciones exige que el comprador garantice la continuidad del servicio, ya que la empresa se vende como una unidad en funcionamiento.
Esa documentación podrá ser consultada por los interesados hasta el 27 de este mes, mientras que la presentación de ofertas está prevista para el 7 de mayo. Ese mismo día se procederá a la apertura de sobres correspondiente a la etapa N° 1.
Para evitar la integración vertical fueron dispuestas restricciones a los oferentes que ya posean el control de concesiones aeroportuarias o sean titulares de certificados de explotación de trabajo aéreo en el territorio nacional.
El avance en la desregulación del sector aerocomercial, destacó el gobierno nacional, comprende la reciente modificación y eliminación de más de 30 normativas y procedimientos obsoletos, algunos con más de 50 años de antigüedad.
Con el esquema actual, que incluyó un nuevo reglamento para facilitar la asignación de espacios a operadores de rampa en las terminales aéreas de todo el país, Intercargo perdió su carácter de monopolio en la prestación de sus servicios, al habilitarse la operación de 11 nuevas empresas. De todos modos, hasta el cierre del primer trimestre sólo cuatro de esas compañías habían iniciado sus actividades.
Crecimiento
El traspaso de Intercargo se inserta en la previsión de un crecimiento sostenido de la actividad aerocomercial: según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en febrero último se registraron casi 4,4 millones de pasajeros en aeropuertos de todo el país, lo que representó un incremento de siete por ciento respecto del récord previo alcanzado en 2025.
En este contexto, la política de Cielos Abiertos promovida por el gobierno nacional favoreció el ingreso de nuevas empresas al sistema. Como resultado, se habilitaron más de 415 nuevas frecuencias, consolidando una mayor conectividad y un mercado con tarifas potencialmente más competitivas.
La Secretaría de Transporte precisó que el objetivo primordial para Intercargo consiste en «alcanzar máximos niveles de eficiencia, regularidad y productividad en la prestación de los servicios». Para lo cual se procura mejorar el estándar de calidad general y cumplir con las exigencias de seguridad operacional.
En ese sentido, la cesión de una parte o la totalidad de las acciones de la sociedad es entendida como herramienta a ser implementada tendiente a «incorporar las mejores prácticas de gestión y organización empresarial».
Imagen: ilustrativa
