La interna en el Gobierno frena la reforma laboral:

Según la planificación original, el próximo 1° de junio  los empleadores debían comenzar a realizar de manera obligatoria las contribuciones mensuales para nutrir estas cuentas de afectación específica. Sin embargo, fuentes del sector financiero y del propio Ejecutivo confirmaron que el esquema quedó congelado y su implementación práctica se postergaría, como mínimo, hasta el año 2027.

Detrás de este freno operativo se esconde una profunda interna en el gabinete económico que enfrenta de manera directa al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, con el principal artífice de la desregulación estatal, Federico Sturzenegger. Mientras el segundo presiona por una apertura acelerada del nuevo modelo laboral, el jefe de las cartera económica priorizó la disciplina fiscal, en un contexto de persistente caída de la recaudación impositiva por la baja real del IVA y del Impuesto a las Ganancias.

El bache de los 4,5 billones de pesos: el argumento fiscal

La Ley de Modernización Laboral 27.802 estipula que los recursos del FAL se integren mediante un aporte patronal mensual obligatorio calculado sobre las remuneraciones de los trabajadores. El esquema prevé dos alícuotas diferenciadas:

• 1% para las grandes empresas.
• 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

La principal crítica al nuevo esquema está en el destino de esos fondos. En lugar de ingresar a las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), estos porcentajes de las contribuciones patronales se derivarían directamente a fondos privados de inversión, administrados por sociedades gerentes y fiduciarios bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Desde el Palacio de Hacienda se encendieron las alarmas al calcular el impacto que esta transferencia tendría sobre el ya golpeado sistema previsional. Según los equipos técnicos de Economía, la puesta en marcha del FAL generaría un bache fiscal superior a los 4,5 billones de pesos anuales, aproximadamente un 0,46% del PBI, equivalente a unos 2.500 millones de dólares. Ante la imposibilidad de resignar semejante masa de recursos en pleno proceso de ajuste, Caputo optó por meter el proyecto en el freezer.

Por el contrario, los defensores del nuevo régimen argumentan que la cifra esgrimida por Economía está sobredimensionada con intenciones políticas, sosteniendo que la constitución de los fondos iba a ser un proceso gradual que demandaría varios años antes de consolidar ese volumen de desvío de recursos.

Una «revolución» financiera que queda en el cajón

La postergación del cronograma cayó como un balde de agua fría en el sector financiero, donde la expectativa de un nuevo esquema de negocios era alta. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los bancos ya se preparaban para administrar un flujo constante y multimillonario de aportes mensuales que prometía reconfigurar la escala total de la industria financiera local.

El propio titular de la CNV, Roberto Silva, reflejó el entusiasmo del sector días atrás al señalar que, «estamos hablando de más de 500 mil empleadores. Es una revolución de números y de tamaño brutal«, había adelantado.

Sin embargo, el andamiaje operativo para semejante despliegue está completamente en pausa. Para que el FAL pueda aplicarse de manera efectiva, el Gobierno todavía debe definir aspectos clave como:

•  La forma de ingreso y liquidación de los aportes.
• Las entidades financieras intervinientes y los mecanismos de control de saldos.
• La operatoria concreta para que las empresas dispongan de esos recursos ante un despido o contingencia laboral.

A este vacío reglamentario se sumó el descontento de las propias administradoras de fondos, que consideran inviable la estructura de costos actual: argumentan que el tope del 1% fijado para comisiones y gastos por todo concepto es demasiado bajo para hacerse cargo de la administración de semejante volumen de cuentas.

Tensiones cruzadas y la batalla por el rumbo económico en el Gobierno

La suspensión del FAL es el síntoma más visible de una fractura más amplia entre Caputo y Sturzenegger respecto del rumbo del plan económico. El titular de Economía mantiene como prioridad absoluta el sostenimiento del ancla cambiaria y el ordenamiento de las variables fiscales. En la vereda de enfrente, Sturzenegger cuestiona la demora en la apertura total del cepo cambiario y promueve una desregulación acelerada a través de proyectos como la denominada «Ley Hojarasca».

Esta rivalidad ya generó antes fricciones en diversas dependencias del Estado, como los recientes idas y vueltas en los planes de reestructuración del INTI, y se extiende al plano internacional. En el entorno de Caputo genera profunda molestia el fuerte vínculo académico que Sturzenegger mantiene con los cuadros técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus sugerencias en privado sobre su presunta influencia para destrabar desembolsos de Washington.

Mientras el debate técnico y político se dirime en los pasillos de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, la realidad práctica indica que, al no existir una reglamentación ni un sistema operativo habilitado, los empleadores no deberán iniciar ningún tipo de descuento ni aporte a partir del 1° de junio y, por ahora, el nuevo esquema de indemnizaciones promovido por el gobierno libertario permanecerá guardado en un cajón.