El castigo del Gobierno a los sindicatos antes de sentarse en el banquillo de la OIT

La coincidencia temporal difícilmente pueda pasar inadvertida.

El Gobierno en el banquillo de la OIT tras denuncias sindicales

Este miércoles, Argentina deberá responder ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT por observaciones vinculadas al Convenio 150 sobre administración del trabajo, uno de los instrumentos internacionales que regulan el funcionamiento de las instituciones estatales encargadas de las políticas laborales, la fiscalización, la inspección y el diálogo social.

No se trata de una discusión menor ni de una cuestión burocrática. Lo que estará bajo análisis es el modo en que el Estado argentino organiza y garantiza la administración del trabajo, precisamente uno de los ámbitos que sufrió profundas modificaciones desde la llegada de Milei al poder. El ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo al mando de Julio Cordero, deberán dar respuestas.

Las observaciones elaboradas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) recogen buena parte de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales argentinas durante el último año. Entre ellas aparecen cuestionamientos por la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, la pérdida de estructuras estatales, el debilitamiento de organismos tripartitos y las dificultades para sostener mecanismos institucionales de diálogo social.

La CEACR también tomó nota de las observaciones presentadas por la CGT, la CTA Autónoma, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), que advirtieron sobre el impacto de las políticas de ajuste implementadas desde diciembre de 2023 sobre el funcionamiento de la administración laboral.

Entre otros aspectos, las organizaciones sindicales denunciaron la paralización o debilitamiento de ámbitos de diálogo social, problemas en la negociación colectiva, dificultades para la implementación de políticas públicas laborales y la reducción de capacidades estatales vinculadas al control y la fiscalización.

Los decretos castigo de la gestión libertaria

Es en ese contexto donde adquiere especial relevancia la reciente decisión -llámese castigo- del Gobierno de reglamentar, precisamente ahora, algunos de los puntos más sensibles de la reforma laboral.

El decreto 407 reglamenta aspectos centrales vinculados a las relaciones laborales, la registración, la negociación colectiva y distintas modificaciones introducidas por la Ley Bases. El decreto 408 pone en funcionamiento el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que habilita sistemas alternativos al esquema tradicional de indemnizaciones por despido. El decreto 409 reglamenta el régimen de promoción del empleo registrado. El 406 completa el paquete normativo derivado de la misma reforma.

Para el movimiento sindical, la secuencia resulta difícil de ignorar.

Mientras Argentina se prepara para explicar ante la OIT los cuestionamientos sobre la administración del trabajo, la capacidad de fiscalización estatal y el funcionamiento de los mecanismos de diálogo social, el Gobierno decidió avanzar con una reglamentación que impacta directamente sobre las relaciones laborales, los convenios colectivos y el rol de las organizaciones gremiales.

El impacto de los decretos en la delegación argentina en Ginebra

La lectura que muchos dirigentes sindicales hicieron en Ginebra fue inmediata: el Gobierno no eligió esperar el debate internacional ni moderar el ritmo de las reformas. Eligió acelerar. Y lo hizo justo cuando el país vuelve a quedar bajo observación internacional en materia laboral.

La situación adquiere todavía mayor dimensión porque durante la Conferencia Internacional del Trabajo también estarán presentes debates vinculados a denuncias relacionadas con el Convenio 81 sobre inspección del trabajo y el Convenio 129 sobre inspección laboral en la agricultura, dos instrumentos fundamentales para evaluar la capacidad estatal de control y cumplimiento de la legislación laboral.

Es decir, buena parte de las discusiones que esta semana se desarrollarán en Ginebra giran alrededor de un mismo interrogante: cuál será el papel del Estado argentino en la protección de los derechos laborales y en la regulación de las relaciones entre trabajadores y empleadores.

La cuestión de fondo excede la discusión técnica sobre decretos, reglamentaciones o procedimientos administrativos. Lo que quedó expuesto es una concepción política del trabajo y de las relaciones laborales.

Mientras los organismos de control de la OIT cuestionan el debilitamiento de la administración laboral, la pérdida de espacios de diálogo social y las dificultades para fortalecer los mecanismos de inspección y fiscalización, el Gobierno decidió avanzar precisamente en la dirección opuesta: menos intervención estatal, menos capacidad de control y mayores restricciones para las organizaciones sindicales.

La coincidencia temporal entre la apertura de la Conferencia Internacional del Trabajo y la publicación de los decretos no hizo más que profundizar esa percepción. En lugar de responder a los cuestionamientos con más diálogo, más institucionalidad o más consensos, la Casa Rosada eligió acelerar una reforma rechazada por buena parte del movimiento obrero.

El mensaje que llegó a Ginebra no fue el de un Gobierno dispuesto a revisar observaciones o corregir desvíos. Fue el de una administración decidida a ratificar su rumbo aun cuando Argentina sea llamada a rendir cuentas ante los organismos internacionales encargados de velar por los derechos laborales.

Por eso, para muchos dirigentes sindicales presentes en la Conferencia, los decretos publicados el 1 de junio no fueron una simple reglamentación pendiente. Fueron una respuesta política. Una demostración de poder. Un mensaje dirigido a quienes, desde el movimiento obrero argentino y desde los organismos internacionales, cuestionan el rumbo de la política laboral oficial.

El Gobierno aceleró y generó más tensión

Mientras Argentina se prepara para ocupar el banquillo de la OIT, el Gobierno dejó en claro que no piensa defenderse retrocediendo. Prefiere convertir el cuestionamiento en confrontación y la observación internacional en una nueva oportunidad para profundizar su ofensiva sobre las instituciones laborales construidas durante décadas.

Y acaso allí radique la mayor paradoja de esta historia: cuanto más se cuestiona internacionalmente el deterioro de los mecanismos de protección laboral, inspección y diálogo social en la Argentina, más decidido parece estar el Gobierno a acelerar ese mismo camino. Los decretos publicados el lunes no buscaron disipar las dudas planteadas en Ginebra. Por el contrario, para amplios sectores del sindicalismo, terminaron confirmándolas.