La Procuración del Tesoro de la Nación prepara una presentación ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, para frenar la ejecución de una condena que supera los US$ 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El Estado argentino busca que el tribunal reexamine cuestiones procesales y de prescripción antes de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, con el propósito de evitar embargos sobre activos soberanos en el exterior.

El litigio responde al laudo emitido en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que fijó una compensación original de US$ 321 millones más intereses para el grupo español Marsans tras la reestatización de ambas empresas aéreas en 2008. Aquellos derechos crediticios pasaron a manos del fondo Burford Capital y posteriormente a Titan Consortium, firma que reclama US$ 390,9 millones más los intereses devengados desde diciembre de 2024.

La justicia estadounidense convalidó el reclamo en primera instancia al desestimar el planteo de la defensa argentina, que sostenía una prescripción de tres años para la acción. La Corte de Distrito determinó la aplicación de un límite temporal de doce años, criterio que fue ratificado en julio último por el tribunal de apelaciones.

Frente a la posibilidad de que el demandante avance contra bienes estatales en territorio estadounidense, el equipo jurídico encabezado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, estructuró una vía de revisión judicial. El planteo técnico apunta a dilatar los plazos procesales para negociar esquemas de pago o ganar margen antes de solicitar la intervención del máximo tribunal norteamericano.