Caputo puso techo a la suba de sueldos en el Presupuesto y mandó un mensaje a sindicatos

-El presupuesto 2027 estima una suba salarial del 25,4% frente a una inflación del 18%, proyectando una recuperación real del poder adquisitivo.

Una de las señales políticas más fuertes que se infieren del proyecto de Presupuesto 2027 es la de una recuperación salarial: se estima que la variación nominal sea de 25,4% frente a una inflación de 18%, lo cual implica, en términos reales, una suba del 6,3% en el poder adquisitivo de los asalariados.

No es un dato menor, si se considera que desde octubre del año pasadoel índice salarial del INDEC para los trabajadores del sector formal viene registrando una variación interanual menor al IPC.

Pero, sobre todo, se está enviando un mensaje a los sindicatos y las cámaras empresariales: que para las próximas paritarias se espera un rango de ajustes mensuales con un piso de 1,4% mensual y un techo de 1,9%. Esas cifras son, respectivamente, las que llevan al nivel de inflación prevista para diciembre y el nivel de mejora nominal de los sueldos.

Si bien el Gobierno aclaró que el supuesto sobre el salario no es una predicción, sino una estimación, y reiteró que su postura es la de la libre negociación entre empleados y empleadores, lo cierto es que, en los casi tres años de gestión de Javier Milei, se ha mostrado una vocación intervencionista en materia salarial. Desde el propio arranque de la gestión, el sindicato de los camioneros se quejó de que un acuerdo ya firmado con las patronales no recibía la homologación de la Secretaría de Trabajo, porque el ministro Toto Caputo creía que la cifra acordada era una exageración.

«Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía», decía el ministro en una entrevista con Jonatan Viale en medio del conflicto sectorial.

A partir de ese momento, sin temor a que lo acusaran de apoyar la tesis de que la inflación tiene un origen «multicausal», el propio ministro confirmó que le parecía nocivo el hecho de firmar paritarias con números que no tuvieran en cuenta que la economía estaba entrando en un sendero descendente. Fue esa situación lo que llevó a líderes sindicales como Pablo Moyano a acusar a Caputo de militar un falso liberalismo, en el que la negociación entre partes quedaba distorsionada por las medidas de los funcionarios.

Lo cierto es que, a partir de allí, Caputo estableció «techos» en cada inicio de paritarias, que iban en función de la expectativa inflacionaria. Este año, por ejemplo, la consigna es que no haya acuerdos que se alejaran de mejoras nominales de un 2% mensual, que es el promedio del IPC si el año termina, como prevé el gobierno, con una inflación anual en torno de 29%.

Cómo impactará el Presupuesto en las paritarias de 2027

En las proyecciones de Caputo que se reflejan en el Presupuesto la inflación promedio del año próximo será de 21,1%, pero en diciembre, cuando se haga el cálculo «punta a punta», estará en 18%. ¿Qué significa esto? Que la expectativa oficial es de un IPC mensual que empiece el año en torno de 1,8%, que caiga a 1,6% sobre el fin del primer semestre y que finalice el año en un nivel mensual de 1,4%.

Si Caputo mantiene su política de techo salarial, entonces las paritarias deberían seguir aproximadamente esa secuencia. El hecho de que sea un año electoral podría justificar cierto margen de «afloje» respecto de los años previos, sobre todo en el sector estatal, donde los empleados sufrieron particularmente el «efecto motosierra» en el inicio de la gestión.

De todas formas, parece clara la determinación del Gobierno a no convalidar acuerdos paritarios con subas nominales de salario que empiecen con el número 2.  Y, para eso, el Gobierno podrá usar como argumento la proyección inflacionaria de 18% para el año próximo.

Claro que no hay consenso respecto de que ese número sea realista. Más bien al contrario, hay controversia. Esta sospecha se sostiene al observar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado de agosto está previendo que el año próximo finalice con una inflación en torno del 20,5%. Y los economistas más alarmados creen que el número final podría ser superior, dado el contexto electoral, en el cual los ahorristas tenderán a dolarizarse masivamente, lo cual hará caer la demanda de pesos.

Es por eso que no faltan las suspicacias en el sentido de que la proyección «oficial» no sea igual a la proyección «verdadera», y que la cifra de 18% se esté presentando con el objetivo de moderar el efecto indexatorio. Es una sospecha que se aplica especialmente para el caso de los salarios, pero también en otros precios importantes cuyo ajuste repercute en el resto de la economía, como los alquileres.

La estrategia del Gobierno para desindexar los salarios

La suspicacia está ampliamente justificada por la historia reciente. Al fin y al cabo, los supuestos macroeconómicos del proyecto de presupuesto que el gobierno había enviado el año pasado son risibles, vistos a 12 meses de distancia. Caputo proyectaba que el 2026 terminaría con una inflación de 10,1% y que la economía crecería un 5% del PBI.

Rápidamente quedó en evidencia que el objetivo del IPC sería incumplible, por la disparada de precios del verano. Sin embargo, las paritarias habían iniciado con las cifras pretendidas por Caputo, que oscilaban en un 1,5% mensual y luego fueron corregidas con cláusulas compensatorias.

Aun con esas revisiones, el índice salarial del Indec marca que el sector asalariado formal tuvo una mejora nominal acumulada de 15,4% en el primer semestre, contra una inflación de 16,9%. Es decir, otra vez los salarios hicieron de variable de contención de los precios.

Por cierto que la subestimación de la inflación como forma de moderar la inflación no es una originalidad del gobierno libertario. De hecho, fue la tónica de la última gestión peronista. Tanto Martín Guzmán como Sergio Massa mantenían el discurso de la recuperación salarial, pero que luego no se plasmaba en la realidad. La secuencia siempre arrancaba con un presupuesto en el que la proyección oficial de inflación se ubicaba por debajo de las previsiones privadas. Ese número era la señal sobre lo que el gobierno esperaba en las paritarias: ajustes nominales más altos que el IPC previsto, pero sin que lo excedieran de manera exagerada, con el argumento de que algunos empresarios podrían trasladar los costos laborales a los precios.

El resultado siempre era que la inflación real se ubicaba bien por encima de la proyección original, de manera que los salarios quedaban retrasados. A la larga, se terminaban negociando cláusulas de revisión e incluso pagos de suma fija por decreto, pero no se llegaba a compensar la pérdida sufrida en el período transcurrido.

Un caso claro en ese sentido fue el de 2022, cuando el entonces ministro Guzmán había proyectado una inflación de 40%. Y el propio sector público dio a los empleados estatales aumentos del 45%, para que fuera tomado como referencia del mercado. En los papeles, sería un año de recuperación salarial. Pero el IPC del año finalmente cerró en 94,8%, mientras que los salarios corrieron desde atrás y aumentaron un 90%.