Para el espionaje, Milei sí tiene presupuesto
La Secretaría de Inteligencia de Estado escapó del ajuste, mientras el Gobierno pasa la motosierra por educación, ciencia, vivienda, asistencia social y producción.
Mientras el Gobierno mantiene fuertes recortes en educación, ciencia, vivienda, asistencia social y organismos productivos, hay un área que logró escapar del ajuste: la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En 2027 dispondrá de un presupuesto 44,8 por ciento superior en términos reales al que tenía en 2023. El contraste se profundiza porque, al mismo tiempo que restringe recursos para numerosas políticas públicas, el proyecto acepta una caída real de la recaudación de Bienes Personales y mantiene beneficios tributarios para grandes inversiones y determinados sectores privados. El Presupuesto vuelve así a mostrar que la discusión no pasa solamente por si hay plata, sino por dónde decide invertir el Ejecutivo.
El contraste surge del análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el proyecto enviado al Congreso. Medido en pesos constantes de 2027, el presupuesto de la SIDE pasa de 125.317 millones de pesos en 2023 a 181.472 millones el próximo año. El recorrido no fue lineal: después de caer en 2024, aumentó con fuerza hasta alcanzar 211.747 millones en 2026 y retrocedería el próximo año. Aun con esa reducción, terminará 44,8 por ciento por encima del nivel que tenía cuatro años antes.
La trayectoria es prácticamente inversa a la que atravesaron buena parte de las funciones sociales. Educación y Cultura tendrá en 2027 un presupuesto 51,2 por ciento inferior en términos reales al de 2023; Ciencia, Tecnología e Innovación perderá 45,7; Promoción y Asistencia Social, 80,2; Seguridad Social, 12,8; Trabajo, 13; y Vivienda y Urbanismo, 99,3. Salud constituye la principal excepción dentro de las grandes funciones sociales analizadas por CEPA, al ubicarse 8,9 por ciento por encima del nivel de 2023.
Según CEPA, las propias proyecciones oficiales contemplan que el gasto público crezca 4,6 por ciento en términos reales durante 2027, con una inflación promedio estimada en 19,7. Es decir, una expansión real del gasto durante el próximo año, aunque la recuperación no se distribuye de manera homogénea entre las diferentes funciones.
El contraste también aparece cuando se observa de dónde pretende obtener los recursos el Gobierno. La presión tributaria aumentaría de 21,06 a 21,70 por ciento del PBI, pero uno de los impuestos que perderá peso será Bienes Personales. Su recaudación pasará de 2,63 billones de pesos en 2026 a 2,83 billones en 2027, un incremento nominal de apenas 7,5 por ciento y, por lo tanto, una caída en términos reales.
Además, su participación sobre el PBI disminuirá de 0,23 a 0,20 por ciento. CEPA atribuye esa evolución a la reducción de la alícuota de 1 a 0,75 por ciento.
Bienes Personales se mueve así a contramano del resto de los principales tributos. El Gobierno proyecta que la recaudación del impuesto a los combustibles aumentará 59,3 por ciento, los derechos de exportación 41,3, los Ganancias 30,5 e IVA 28,2. El aumento general de la presión tributaria convivirá, de esta manera, con una menor carga proveniente del impuesto que grava los patrimonios alcanzados por Bienes Personales.
Los tratamientos impositivos diferenciales no terminan allí. CEPA señala que el artículo 67 del proyecto incorpora beneficios tributarios para futuros concesionarios viales, entre ellos mecanismos de amortización de inversiones y la posibilidad de utilizar el impuesto a los créditos y débitos como pago a cuenta de Ganancias, IVA y contribuciones patronales. El esquema contempla además beneficios adicionales en las jurisdicciones que concedan exenciones de Ingresos Brutos y Sellos.
Otro caso es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El gasto tributario informado para 2027 todavía no incorpora el costo fiscal asociado al régimen. La explicación oficial es que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales y que su impacto podrá estimarse posteriormente. CEPA calcula, sin embargo, que las exenciones y beneficios involucrados podrían representar entre 2.900 y 3.200 millones de dólares anuales.
Mientras se sostienen esos beneficios, el Presupuesto modifica el financiamiento de organismos públicos vinculados con la producción. Elimina una asignación específica proveniente del valor de las importaciones que financiaba al INTA, INTI y Senasa. CEPA calcula para 2027 una reducción real de 50 por ciento para el INTA y de 40 para el SENASA, además de la eliminación de esa fuente específica de recursos para el INTI.
Frente a 2023, la Biblioteca Nacional tendrá 61,6 por ciento menos recursos reales, el Instituto Nacional del Teatro perderá 63 y el Fondo Nacional de las Artes 48,8. En ciencia, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación quedará 79,9 por ciento debajo del nivel de 2023 y el Conicet 48,7. En obra pública, numerosos programas acumulan retrocesos superiores al 90 por ciento.
El contraste entre las partidas que lograron escapar del ajuste y aquellas que todavía cargan con fuertes recortes acumulados vuelve a poner en primer plano cuáles son las prioridades que el Gobierno eligió para distribuir los recursos públicos.
¿Dónde decide invertir los recursos el Ejecutivo? | Rafael Yohai
Imagen: mundogremial
