De Lufthansa a Vicentin

El Gobierno de Alemania avanzó, como se sabe, en un acuerdo de salvataje a su aerolínea de bandera, Lufthansa, que según la agencia de noticias de ese país, DPA, alcanzó un monto de 9.000 millones de dólares. Al acuerdo sólo parece faltarle el visto bueno de la Comisión Europea, con sede en Bruselas, y esquivar la impugnación de una competidora, la gigantesca Ryanair.

Es importantísimo este acuerdo, mirado desde la Argentina, como caso testigo de un gobierno que yendo al rescate de una de las grandes empresas del país pasará a ser el principal accionista de la misma con una participación de entre el 20 y el 25 por ciento del capital empresario. Y acuerdo que no es sencillo ni está cerrado todavía, pero marca un rumbo ejemplar ya que Lufthansa (que hoy emplea a 140.000 personas en todo el mundo y tiene a 700 de sus 760 aviones inmovilizados) fue totalmente privatizada hace más de dos décadas, en 1997.

En la Argentina de hoy interesa seguir el caso, porque denota una conducta gubernamental que bien podría –y muchos pensamos que debería– asumirse aquí. De hecho la decisión de Ángela Merkel lleva a cuestionar indirectamente absurdos argentinos como que nuestro gobierno «ayude» a la Sociedad Rural, por ejemplo. O que hoy sea posible -–al menos es vox pópuli en todos los circuitos de la economía–- que el grupo dirigido por el ex favorito menemista y hoy empresario multimediático, José Luis Manzano, se quede con Vicentin, la megaempresa santafesina protagonista de la barbaridad bancario-empresarial que consintió y apañó Javier González Fraga, presidente del Banco Nación durante el macrismo, sainete que se dilata inexplicablemente.

La sola posibilidad de que el grupo Vicentin pase a manos de ex dirigentes políticos vinculados hace años a repudiables conductas que se pretendieron justificar con el gelatinoso título de «robo para la corona» y que estuvieron involucrados en lavados de dineros obtenidos de la corrupción, a la vez que enciende alarmas obliga a mirar con atención el ejemplo alemán.

La República Argentina necesita hoy, y con urgencia, una empresa testigo de su comercio exterior de granos y de producción de aceite, proceso que es integral y clave para un comercio exterior soberano. Por eso, sería insensato e inadmisible ceder una empresa estratégica como Vicentin a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo considerarla empresa argentina,  ni mucho menos diferenciarla de las transnacionales que hoy dominan la circulación incontrolada del río Paraná.

Hay mucho dinero en juego en este caso y la corrupción política, bancaria y empresarial que llevó a Vicentin a la insostenible situación actual exige no solamente un final, sino, y sobre todo, una resolución con absoluta transparencia, algo que obviamente ninguno de los personajes involucrados garantiza y que es la presumible razón por la que el gobierno tiene el asunto en tan demorada carpeta.

La Argentina ya no soporta empresas de orígenes oscuros ejecutando maniobras oscuras. De igual modo que no tolera empresarios supuestamente nacionales que luego, en los hechos, transnacionalizan producciones esenciales. Y Vicentin, por su naturaleza, es estratégica y clave para la soberanía y la seguridad alimentaria nacional. Por eso el gobierno no debe entregarla a grupo alguno de corsarios fugadores de divisas y sí, en cambio, debe nacionalizarla de inmediato. Vicentin debe ser una empresa pública no estatal, con control social, precisamente por tratarse de un bien estratégico.

Una política pública es todo lo que un gobierno hace, pero también es lo que no hace o deja hacer. Por eso hoy el pueblo argentino debe saber que, además de la calamidad sanitaria que atravesamos, hoy mismo en algunos escritorios se están cocinando maniobras atentatorias contra los intereses nacionales y populares.