Aerolíneas: aceleran los procesos para aumentar la oferta de cabotaje con aviones y tripulaciones extranjeros

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El Gobierno sacó un decreto para delegar el otorgamiento de autorizaciones en la ANAC; en 15 días podría estar la instrumentación para que ya puedan volar en el país

23 de septiembre de 2024

María Julieta Rumi / LA NACION

Con el fin de mitigar una eventual nueva ola de cancelaciones de vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas por medidas de fuerza, el Gobierno publicó hoy un decreto por el cual el Poder Ejecutivo delega en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el otorgamiento de autorizaciones para que pilotos y tripulaciones extranjeras puedan desempeñarse en vuelos aerocomerciales, así como también para la utilización en el país de aviones de matrícula foránea.

Hasta el momento, solo el Poder Ejecutivo Nacional podía autorizar un porcentaje de personal extranjero en los servicios aerocomerciales y la utilización de aeronaves de matrícula extranjera, pero con esta modificación ahora es la ANAC quien podrá otorgar dichas autorizaciones acelerando el proceso.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei, que traspasará esa autoridad, y luego la ANAC deberá reglamentar técnicamente los artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico, con el fin de establecer los procedimientos adecuados para el otorgamiento de las autorizaciones. Fuentes al tanto de las tratativas confirmaron que la instrumentación podría estar lista en menos de 15 días para que ya puedan venir los aviones y la tripulación extranjera. “Esto es lo último que faltaba en todo el paquete de desregulaciones y lo que permite que puedan venir aerolíneas a operar los vuelos de cabotaje que se están discutiendo”, explicaron.

El jueves pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno había iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para hacer una cesión de las operaciones de Aerolíneas Argentinas en caso de que continuaran las medidas de fuerza que lleva adelante “el gremio que conduce [Pablo] Biró y compañía”.

Y si bien, en principio, esas afirmaciones se tomaron de forma literal como si se pudiera delegar la operación de Aerolíneas en otra compañía, al día siguiente quedó claro que lo que se busca es un plan de contingencia con líneas aéreas como Gol o Flybondi, mientras que una eventual privatización todavía depende del trámite legislativo.

Una fuente que participó de una de las reuniones del viernes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, explicó que el Gobierno “explora alternativas en el caso de que haya paros continuados y no se pueda prestar el servicio”. Aerolíneas Argentinas tiene casi 70% de cuota en el mercado doméstico, mientras que el 30% restante se reparte entre las compañías JetSmart y Flybondi.

Por lo pronto, la primera ya había anunciado que traerá dos aviones matrícula chilena entre octubre y noviembre, con los que buscan duplicar su oferta de asientos y sumar tres rutas nuevas: Mendoza-Salta, Mendoza-Bariloche y Buenos Aires-Comodoro Rivadavia.

En tanto, Flybondi también quería traer cinco aeronaves extranjeras que se alquilan con los pilotos y la tripulación, pero su CEO, Mauricio Sana, dijo que aún tienen problemas para acceder a los dólares para pagar los leasing.

La hipótesis de un conflicto creciente en la empresa de bandera es casi una certidumbre. Por caso, el viernes también se conoció que el directorio de Aerolíneas Argentinas convocó a una asamblea para el 16 de octubre para echar a Biró del directorio de la compañía. Dos días antes, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que conduce el sindicalista, informó que el gerente de Operaciones de la empresa, Gustavo García Lemos, que tiene bajo su responsabilidad toda la flota, había presentado su renuncia. “Una vez efectivizada esta dimisión, y con esa posición acéfala, la empresa no puede volar”, contaron desde el gremio.

De acuerdo con una fuente del sector, esa renuncia está fechada al 30 de septiembre. Es decir, que si el 1° de octubre no hay reemplazante para García Lemos, cesarían las operaciones de Aerolíneas, según su versión. Voceros de la empresa, en cambio, dicen que no existen ese tipo de plazos.

Fabián Lombardo, CEO de la compañía, igualmente busca reemplazante. Pero, pero el sucesor tiene que ser piloto. Y si está en actividad, debería estar afiliado a APLA, que es quien le pidió la renuncia al actual gerente. La única opción sería buscar reemplazante entre pilotos retirados, una posibilidad que habilita la ANAC.

La renuncia del gerente de Operaciones fue una respuesta del sindicato a la decisión de la empresa de echar a tres pilotos el 12 de septiembre pasado.

En este punto, el reclamo salarial ya es casi anecdótico. Los pilotos piden una recomposición de entre 25% y 70%, cuando la empresa ofrece un 11%, en línea con el aumento de los empleados estatales. Dos de los cinco gremios con presencia en la empresa ya acordaron: la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). Quedan APLA, los Aeronavegantes y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

Otro frente de batalla

A la par del otorgamiento de estas autorizaciones, la interventora de la ANAC, Julia Cordero, trabaja junto a Mogetta y Francos para evitar que el sistema aeroportuario del país caiga de la categoría 1 a la categoría 2. La causa son los hallazgos de una auditoría que realizó la Administración Federal de Aviación –la FAA, por su nombre en inglés, una entidad oficial de Estados Unidos responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil– en abril pasado. Según informaron, de las 82 falencias en seguridad operacional ya resolvieron 23, mientras que las 59 restantes se trabajan con un plan detallado que demuestre cuándo y cómo se resolverán.

Se esperaba que las autoridades estadounidenses regresaran durante este mes, pero, por cuestiones operativas, la segunda visita se daría entre octubre y noviembre. Una caída de la categoría, como ya sucedió entre 2002 y 2005, haría que no se puedan sumar vuelos ni nuevas rutas a los Estados Unidos, así como tampoco cambiar los aviones que hoy operan esas rutas.

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