Aerolíneas: el Gobierno debe negociar los votos tras lograr el dictamen

PRIVATIZACIÓN. Encuentro Federal y la UCR disidente presentaron un texto alternativo de privatización parcial, con mayoría accionaria estatal.

Tras un debate cargado de tensión que estuvo al borde del fracaso, La Libertad Avanza y el PRO lograron alzarse con el dictamen de mayoría para privatizar Aerolíneas Argentinas, pero aún no consiguen asegurarse los votos en el recinto: dependerá de la voluntad del Gobierno nacional para negociar con los bloques «federales», anclados en gobernadores, y con el radicalismo disidente.

El de ayer fue apenas un primer paso. Los libertarios, el PRO, la UCR de Rodrigo de Loredo, Paula Oliveto (Coalición Cívica), el MID y una sanjuanina del gobernador Marcelo Orrego juntaron 35 firmas de las 80 totales y avanzaron con un dictamen que sólo declara a Aerolíneas como «sujeta a privatización» y autoriza al Poder Ejecutivo a establecer el marco legal e instrumentar el proceso según se dispuso en la Ley Bases.

Hubo tres dictámenes de minoría: uno de Unión por la Patria por el rechazo; otro de Encuentro Federal, de los radicales de Democracia para Siempre y del «lilito» Maximiliano Ferraro, que establece una privatización parcial, con mayoría accionaria estatal, y otro del Frente de Izquierda, que, al igual que el kirchnerismo, se opone a la iniciativa.

Se encendieron dos señales de preocupación para el oficialismo. Una, la sorpresiva división de la Coalición Cívica. Otra, el «silencio» de Innovación Federal, que no firmó ningún dictamen.

Es un bloque con mandato de tres gobernadores (el rionegrino Alberto Weretilneck, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua) que había colaborado con el Gobierno para sostener los vetos.

La incertidumbre marcó el pulso de la jornada: mientras avanzaban las exposiciones de trabajadores aeronáuticos y de especialistas, los bloques hacían cuentas y se multiplicaban las conversaciones entre diputados.

En el bloque de Miguel Pichetto y en el del radicalismo díscolo se especuló con la posibilidad de no firmar ningún despacho y dejar al oficialismo sin la mitad más uno necesaria para dictaminar, aunque finalmente desistieron de esa jugada.

A diferencia del dictamen mayoritario, que delega en el Ejecutivo el plan de acción, el de Encuentro Federal y Democracia para Siempre establece un esquema mixto, pero con mayoría accionaria estatal, replicando el modelo de YPF.

«Sujetamos nuestro voto a que el Estado no pierda el control. La misión de la compañía, que forma parte de sus estatutos, no es ser rentable o darle dividendos al Estado, sino conectar a la Argentina y transportar a sus ciudadanos», argumentó Nicolás Massot, uno de los firmantes de Encuentro Federal junto con el cordobés Ignacio García Aresca y el socialista Esteban Paulón. A ellos se sumaron los radicales Jorge Rizzotti (Jujuy) y Mariela Coletta (Caba), y Ferraro, de la CC.

Según ese dictamen alternativo, se podrá únicamente «incorporar la participación de capital privado, debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social», y «conceder la administración o gerenciamiento por un plazo determinado».

Otro aspecto relevante es que se requiere «expresa autorización del Congreso» para «vender o liquidar totalmente los activos de la compañía»; «decidir el cierre de operación de la compañía», e «implementar cualquier medida que implique resignar el control de la compañía y/o la participación mayoritaria en el capital social».

«Con esta propuesta, el Ejecutivo tiene un instrumento concreto y práctico para explorar soluciones y buscar en socios privados aquellos que puedan mejorar la gobernanza, darle mayor estabilidad a la compañía y hacerle frente al plan de inversiones que necesita para seguir siendo lo que hasta ahora fue», fundamentó Massot.

En un debate en el que no faltaron los cruces, el diputado Hernán Lombardi (PRO), autor de uno de los proyectos privatizadores que tomó el Gobierno, aclaró que «no se está discutiendo soberanía, sino un medio de transporte» y la posibilidad de «volar mejor, más barato, más conectados, y que mayor cantidad de ciudadanos vuelen».

Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, rechazó la privatización en cualquiera de sus formas. «Están los que quieren rifarla completa y los que quieren rifarla un poquito, pero los lobbistas son los mismos: los que jugaban con (Mauricio) Macri y (Guillermo) Dietrich, o con (Isela) Costantini y la pareja de Costantini». «Quieren la disolución nacional y la desintegración territorial», remató.

El exministro de Transporte massista Diego Giuliano advirtió que se trata de una «privatización a ciegas, sin ningún tipo de plan ni proyecto», y que, «más que cielos abiertos, plantean cielos privados». El exfuncionario agregó que «Aerolíneas ha convivido con otras empresas low cost que han crecido exponencialmente».

Además de la cuestión de fondo, Giuliano hizo un planteo de forma: según el legislador de Unión por la Patria, la ley ya no se puede volver a tratar en 2024 porque la Constitución establece, en su artículo 81, que «ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año».