Aerolíneas: el Gobierno negocia con los gremios que cedan privilegios
María Julieta Rumi LA NACION
El objetivo es mejorar la productividad y el balance de Aerolíneas Argentinas; tras una reunión de más de siete horas, las tratativas entre ambas partes continuarán hoy; hay divisiones entre los diferentes sindicatos.
En una extensa reunión que duró más de siete horas, las autoridades de Aerolíneas Argentinas intentaron que los tres sindicatos que aún no han firmado la nueva paritaria cedan algunos beneficios para llegar a un acuerdo.
Tras una dura negociación, finalmente se dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, porque el gremio de pilotos se negaba a firmar el acuerdo. Otros sindicatos, en cambio, estaban más cerca de acordar.
El trasfondo de la discusión era una serie de determinados puntos de los convenios para hacer más productiva a la compañía. De lo contrario, la línea de bandera presentaría el procedimiento preventivo de crisis de empresa (PPCE).
La opción del PPCE era la que tomaba más fuerza dentro de las filas del Ejecutivo desde la tarde de ayer.
De todas formas, en el Gobierno había quienes no descartaban la posibilidad de cerrar la empresa, si no había resultados positivos en la negociación.
La posibilidad de privatización, aunque arengada públicamente por el Ejecutivo, era admitida como prácticamente imposible, ante la falta de interesados en adquirirla por las condiciones existentes, según reconocían fuentes de la Casa Rosada.
Los responsables de Aerolíneas Argentina empezaron a negociar ayer, tras haberlo hecho el viernes, con la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), después fue el turno de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y más para el final estaba previsto que se iniciaran las conversaciones con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Sin embargo, de forma sorpresiva, la compañía empezó a negociar con las tres de forma conjunta. El encuentro de ayer se extendió hasta entrada la noche y por más de siete horas.
Según fuentes del sector, los gremios iban a ceder en puntos como el de los remises para su traslado, los tiempos de servicio y de vuelo que le agregaba una hora y media de paga a su jornada laboral, los asientos de descanso en business, el día de cumpleaños libre y la opción de no aceptar tomar un vuelo reprogramado. Sin embargo, el sindicato de los pilotos finalmente no suscribió el acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio.
En la Casa Rosada admitían también que pese a su voluntad de avanzar hacia una privatización, por ahora «no hay interesados en Aerolíneas en particular» y agregaban: «Y no va a haber ninguna oferta real hasta que no se modifique el convenio colectivo de trabajo». Esos son los puntos que se encuentran en negociación.
En este sentido, fuentes de la compañía dijeron que desde la semana pasada se estaba preparando la documentación que hay que presentar para el procedimiento preventivo de crisis, en caso de que decidieran hacerlo.
El procedimiento preventivo De acuerdo con la ley N°24.013, el PPCE debe tramitarse antes de la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, y cuando la propuesta del empleador para superar la crisis incluya un alto porcentaje de reducción de la planta de personal (más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados, más del 10% en empresas de entre 400 y 1000, y a más del 5% en empresas de más de 1000 empleados).
Según cifras oficiales, desde que comenzó la presidencia de Javier Milei, Aerolíneas Argentinas desvinculó a 1334 trabajadores para llegar a una planta compuesta por 10.592 personas.
En la empresa conviven otros dos gremios: la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que ya firmaron la paritaria, mientras que los otros tres no, porque buscan una recomposición de entre el 25% y el 70%, cuando Aerolíneas ofrece un 11%, en línea con el aumento de los empleados estatales.* Con la colaboración de Cecilia Devanna
QUEJAS DE UN GREMIO AL MINISTERIO DE SALUD
El jefe del gremio de trabajadores rurales, José Voytenco, le expresó ayer su «preocupación» al ministro de Salud, Mario Lugones, por los efectos de la intervención de la obra social Osprera.
En una carta pública, el sindicalista sostuvo que se suspendió la «autorización para la compra de medicamentos de alto costo» y se bloquearon «las cuentas bancarias de todas las delegaciones» de la obra social, la tercera más grande del país.
Osprera fue intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud. La Justicia allanó dos sábados atrás la obra social por presunto lavado de dinero. Las medidas de fuerza provocaron la semana pasada fuertes demoras e inconvenientes.
