Como si la masiva marcha no hubiera existido

25/04/2024 Página 12 – Nota – El País – Pag. 3

El Gobierno repitió los mismos ataques contra la universidad pública
Por Melisa Molina

Milei insistió en que la multitudinaria movilización en todo el país fue «política» y organizada por «la casta». Reiteró que van a auditar las casas de estudios, algo que ya se hace.

El día después de la masiva marcha por la universidad pública fue intenso en Casa Rosada.
El presidente Javier Milei, que tras la movilización posteó el dibujo de un león tomando un té con «lágrimas de zurdos», publicó un extenso mensaje en sus redes titulado «Causa noble, motivos oscuros», en el que volvió a refrendar lo que los días anteriores argumentaban en su entorno más cercano: insistió con que la marcha fue «política» y organizada por «la casta»; que los fondos para el funcionamiento de las universidades «ya fueron girados»; y, por último, que van a realizar auditorías ?como si las universidades no fueran auditadas?.

A la vez, en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista no dieron quórum para debatir un aumento de emergencia al presupuesto universitario (ver aparte). «Lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción», señaló Milei.

Si bien el Presidente evitó reflexionar sobre el casi millón de personas que se manifestó en todo el país, el hecho de que difundiera un mensaje en respuesta a la marcha dejó en claro que recibió el impacto.

Según comentaban en Balcarce 50, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quedó «corrido» de las negociaciones con las universidades y ahora toda la discusión con los rectores la liderará el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que depende del Ministerio de Capital Humano. Más allá de ese cambio, cerca del Presidente aclaran que ambos seguirán por ahora en sus puestos y que no habría renuncias. Para el martes que viene, Educación convocó a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una reunión para analizar cómo seguir.

En principio, en Casa Rosada dicen que «la educación pública no está en peligro» y que «se va a garantizar su continuidad pagando como se viene haciendo». Lo que no explicitan es cómo se garantizará esa continuidad si no aumentan el presupuesto, cuando las universidades advierten que no les alcanza con los fondos actuales. El aumento de fondos anunciado por el Gobierno sólo está dirigido a las partidas para gastos de funcionamiento, que representan menos del 10 por ciento del presupuesto universitario.

La gran mayoría de los recursos se destina al pago de salarios de docentes y no docentes.
Más allá de decir que la causa «puede ser noble», desde el oficialismo dicen que «lo del presu- puesto sí es discutible». «Lo de ayer fue masivo, pero nosotros pusimos en la mesa los curros de los que desvían fondos para hacer política. Quizás hoy estén contentos porque crean que le doblaron el brazo al Gobierno, pero todo ese poder que construyeron en las sombras se puso en debate y les va a doler», decían con tono amenazador.

Las respuestas oficiales a la marcha comenzaron temprano, con declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni: «No estamos de acuerdo en que se haya intentado convencer a un grupo enorme de estudiantes y alumnos que quiere una educación pública de calidad, auditada, y sin los vicios de la vieja política, de que vamos a cerrar la universidad». «Mientras estemos en el gobierno, las universidades públicas no se van a cerrar, ni bajar su calidad, ni que un día bajen la llave de luz porque no tienen para pagarla. Eso no va a pasar nunca», subrayó sin tener en cuenta que eso ya está ocurriendo: en las últimas semanas varias universidades estuvieron con sus luces apagadas por la falta de recursos para pagar los servicios.

«Dejemos de debatir el cierre de las universidades porque es algo maligno por parte de quienes lo plantean. Una cuestión de mucha maldad», remató el vocero.

Las propias autoridades universitarias han advertido que los recursos asignados no les permitirán funcionar más allá de mitad de año.
La carta de Milei se publicó cerca del mediodía. Allí, el mandatario volvió a criticar la movilización y a decir que los que asistieron son «los mismos vivos de siempre» que «utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta». «En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, el día anterior a la manifestación estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno», reiteró.

Luego, continuó con la misma línea discursiva que venían usando en Casa Rosada antes de la marcha: la de decir que ellos están en contra de «la casta», que fue la que «organizó y asistió a la marcha». «Vimos las mismas caras de siempre, las de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios: Massa, Cristina, Lousteau, Yacobitti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice, y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen».

Dijeron que esos sectores no defienden a la educación «sino sus privilegios».
Por último, el Gobierno utilizó otro de sus caballitos de batalla contra las universidades: el de la auditoría. La Libertad Avanza viene repitiendo el mismo modus operandi en distintas áreas: primero recorta o anula el envío de fondos a una provincia, a beneficiarios de políticas sociales, a comedores comunitarios, a las víctimas del terrorismo de Estado, a las universidades, con el argumento de que hay «corrupción».

Y después anuncia auditorías para corroborarlo.
Las universidades remarcan que son autónomas y autárquicas, por lo que no pueden ser auditadas por el Ejecutivo y recuerdan que, como prevé la ley, ya son controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Desde el Gobierno responden que «la AGN es política», y que quieren avanzar en una auditoría conjunta entre la AGN y «técnicos de la Secretaría de Educación».

«Hay que sacar a la política del medio para que sea transparente», dicen como si la Secretaría de Educación no fuese también política.
Al «análisis» que hicieron desde la Casa Rosada se sumaron los iracundos dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que disparó: «Quiero una UBA donde el dinero de todos los argentinos no sea malgastado para bancar la sed de sangre fresca de los parásitos de siempre». De paso, lanzó que Cristina Kirchner, Sergio Massa, la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel son «cadáveres políticos», que quieren tener «cinco minutos más de fama a costa de los demás».

AGN
«El Ejecutivo no audita»

La Auditoría General de la Nación (AGN) salió a ponerle frenos a la estrategia del Gobierno de sembrar sospechas sobre la administración de las universidades. Le recordó que la legislación establece que el Poder Ejecutivo no es el encargado de auditar a las casas de estudios, sino que el responsable de solicitar esa tarea es el Congreso nacional.

«El Ejecutivo no podría auditar» a las universidades, porque el control externo de esas instituciones «lo realiza el Congreso a través de la AGN», explicó el auditor general, Juan Manuel Olmos. Tanto la AGN como el Poder Legislativo pueden «determinar cuáles son los aspectos del gasto presupuestario» y cómo se ejecuta cada partida asignada.

Y cada auditoría «no solamente revisa el estado contable» de las universidades sino también «el estado de la gestión» de cada institución. Olmos sostuvo que la mayoría de los resultados negativos que se obtienen en auditorías se refieren a cuestiones vinculadas a «la ineficiencia del gasto» y no a los «negocios turbios» de los que habló el presidente Milei.