Con dos nuevas intervenciones, Milei profundiza la ofensiva contra las obras sociales sindicales

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estadodealerta.com.ar

En los últimos días el Gobierno nacional de Javier Milei concretó la intervención de otras dos obras sociales sindicales: Obra Social de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y Obra Social del Personal Ladrillero (OSLP). El nuevo ministro de Salud Mario Lugones es la punta de lanza de la ofensiva oficial contra los gremios. Menos de una semana atrás, había sido intervenida también la Obra Social de Vareadores, para completar tres ataques al sistema de salud gremial en el lapso de una semana.

En ambos casos, la intervención se extiende por un plazo de 180 días, con posibilidades de que la cartera de Salud prorrogue ese plazo “de considerarlo necesario”. Las auditorías que justificaron la decisión oficial las llevó adelante la Superintendencia de Servicios de Salud, que afirma haber descubierto “incumplimientos graves” vinculados con el manejo de fondos y los controles internos.

Los fundamentos para la intervención se detallan en los Decretos 911/2024 y 912/2024, que fueron publicados en las últimas horas en el Boletín Oficial, en el marco de los que se enumeran las anomalías descubiertas y se designa a los correspondientes interventores, que deberán presentar al Ministerio de Salud un informe mensual en el camino hacia la “normalización” de las entidades.

Respecto de OSPILM se denuncia que “no entregó conciliaciones bancarias ni mayores contables, y de la lectura de las Actas del Consejo Directivo se desprende que la entidad posee en sus activos un inmueble cuya titularidad corresponde al Sindicato de Ladrilleros a Máquina”. También se afirma que la entidad “no cumple con el Registro de Referentes de Discapacidad” y que muestra “un atraso considerable en la presentación de los Estados Financieros Discapacidad (EFD) y los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF)”. El interventor a cargo será Jorge Carlos Alonso.

En cuanto a OSLP se cuestionó que “continúa sin contar con canales de comunicación y de acceso a la información completos y adecuados, requiriendo actualizaciones y ampliación de información respecto a Salud Mental, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Interrupción Legal del Embarazo, Identidad de Género, Prevención del Suicidio, Violencia de Género y Anexos”. Todo esto “no garantiza una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios”, generando irregularidades “de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento de la entidad”. Matías Antonio Abal Gronchi fue designado como interventor.

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