Conflicto por Aerolíneas: robos, expedientes perdidos y aviones abandonados en la ANAC 

María Julieta Rumi

Una investigación interna reveló múltiples irregularidades en el ente encargado de manejar la aviación civil.

Los resultados de la intervención a la Administración de Aviación Civil (ANAC) conocidos van en el camino contrario a lo que se espera de ese organismo. Como máxima autoridad aeronáutica, es la encargada de fiscalizar y controlar la actividad aérea en el país, pero como resultado de varias malas administraciones, no estaba en condiciones de supervisar mucho a pesar de su tamaño.

De acuerdo con el diagnóstico de la interventora Julia Cordero, la ANAC tiene 103 cargos y 68 jefes de departamento, sin contar los jefes de aeropuertos. Funciona en un edificio ubicado en Balcarce 290 que se alquiló durante la pandemia de Covid-19 y tiene seis pisos y 84 cocheras.

Esa mudanza, al parecer, fue compleja, porque se perdieron expedientes, entre ellos algunos que solicitó la Administración Federal de Aviación -la FAA, por su nombre en inglés, una entidad gubernamental de Estados Unidos responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil- cuando vino a auditar los aeropuertos argentinos en abril pasado. A pesar de la pérdida, no se realizaron sumarios administrativos.

Además, de la investigación surge que la ANAC tiene 14 aeronaves, de las cuales la mayoría está en desuso porque no funcionan o debido a que se vencieron los permisos de aeronavegabilidad. Algunas están en comodato en escuelas de vuelo, pero esos contratos también están vencidos.

En tanto, de los inmuebles propiedad del organismo repartidos por todo el país, la mitad (unos 30) están ocupados de forma irregular por gente que perteneció a la ANAC y nunca se fue, o porque se generó un comodato para la utilización del inmueble, se venció y no se desocupó. La propia sede central a pasos de la Casa Rosada tiene el contrato vencido.

A esto se suma una deuda por unos $3000 millones y el robo de computadoras que el organismo compró y guardó en el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) ubicado en el aeropuerto de Ezeiza. Al parecer, se hizo una compra de equipos y parte fue al CIPE, donde desaparecieron. Como no estaba inventariado el stock, no se hizo un sumario.

Más allá de todo esto, lo que más le preocupa a la intervención es la falta absoluta de procedimientos, como por ejemplo manuales que fueron aprobados por la nota de un director sin ningún tipo de validez legal. “Hay cosas que no pasaban por acá. Había discrecionalidad en la toma de decisiones y una falta en general de procesos. Las tres áreas (seguridad operacional, navegación e infraestructura) se manejaban cada una por su lado”, detallaron.

Consultados por el origen de los problemas, apuntaron a la gestión de Paola Tamburelli durante el gobierno de Alberto Fernández y, más atrás en el tiempo, al paso de Tomás Insausti por el organismo en épocas de Mauricio Macri. “Hubo desidia de muchas gestiones y una pérdida de liderazgo de la ANAC que fue cediendo competencias en otros organismos, como el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Hubo un relajamiento de los procedimientos”, describieron. Fuentes del gobierno de Macri defendieron a Insausti y dijeron que la gestión de la ANAC de ese período acompañó el extraordinario crecimiento de vuelos y conectividad, con un plan efectivo de la mejora de la seguridad operacional, recupero de activos, nueva normativa y protocolos.

En cuanto al primer titular de la ANAC durante el gobierno de Javier Milei, Gustavo Marón, el diagnóstico de Cordero arrojó que no informó de los problemas existentes ni a la subsecretaria de Transporte Aéreo a cargo de Hernán Gómez, ni a la secretaria de Transporte en cabeza de Franco Mogetta. Ambas dependencias ni siquiera se enteraron de la visita de la Administración Federal de Aviación cuando tuvo lugar.

Como contó LA NACION, esa inspección resultó en 82 hallazgos, que son falencias en la seguridad operacional, que podrían resultar en una baja de categoría del sistema aeroportuario argentino de la categoría 1 a la categoría 2, como sucedió entre 2002 y 2005. Eso implicaría que no se podrían sumar vuelos ni nuevas rutas a los Estados Unidos ni cambiar los aviones que actualmente operan esas rutas.

La ANAC está trabajando junto con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para cumplir con los procesos, aunque su conducción no sabe si llegará a generar la evidencia para cuando se produzca la nueva visita de la autoridad estadounidense temida por muchos países.