Desde aviones hasta pólvora: qué fabrican las empresas del Estado que Milei quiere privatizar
28/12/2023 mdzol.com (Mendoza) – Nota
Gabriela Yalangozian
Córdoba
La empresa insignia cordobesa es la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), con 900 empleados, que ya pasó por una privatización en 1995 durante el Gobierno de Menem. Volvió a manos del Estado en 2009.
La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) en la provincia de Córdoba fue concesionada a la firma estadounidense Lockheed Martin Aircraft en 1995. Este miércoles se conoció en detalle la ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso nacional y que, entre sus más de 300 puntos que permiten delinear el objetivo de su Gobierno, incluye la privatización de un listad de empresas del Estado.
Si bien durante durante los últimos días el mandatario había mencionado su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas, YPF o los medios de comunicación estatales (Radio Nacional, Télam o la TV Pública), poco se conocía del resto de las empresas, algunas de las cuales están radicadas en el interior del país, que tienen capitales estatales y emplean a cientos de personas.
En el caso de la provincia de Córdoba , la empresa que más trabajadores tiene y es una insignia ya que está próxima a cumplir 100 años es la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Creada en 1927, atravesó en toda su historia distintos embates por decisión de los gobiernos de turno. Tuvo su época de gloria con el desarrollo de El Pulqui, que convirtió a la Argentina en uno de los tres países en el mundo y el primero en Sudamérica en producir un avión propulsado por un motor a reacción. También su cierre y desmonte completo en 1979, por orden del por entonces ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Luego vendría su reapertura con la llegada de la Democracia, y el desarrollo de otra nave histórica: El Pampa. Y también pasó por una privatización.
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Fue de la mano de Carlos Sául Menem en 1995 que la fábrica fue concesionada por 25 años al conglomerado industrial estadounidense Lockheed Martin Aircraft que la convirtió en taller de mantenimiento. En 2009, se dispuso la reestatización y la empresa pasó a tener el nombre que conserva hasta la actualidad: Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA). Con ese nombre figura en el anexo de la ley ómnibus en el punto 16. A pocos meses de cumplir 15 años de su reestatización, FAdeA volverá a ser concesionada.
La Fábrica de Aviones fue sujeta a privatización durante el Gobierno de Menem y reestatizada en 2009.
Si bien la empresa tiene su parte comercial, su principal objetivo es realizar un aporte a la estructura de las Fuerzas Aéreas y de la Armada. En esto años, sus trabajadores -en su mayoría ingenieros jóvenes porque tiene una gran rotación- se dedicaron al mantenimiento de distintos aviones y se realizaron acuerdos con Embraer, la empresa aeronáutica brasileña.
Durante la etapa con Lockheed Martin, se trabajó en la modernización de los aviones A-4 que se compraban en Estados Unidos, pero en ese período sus trabajadores aseguran que el conglomerado extranjero no realizó grandes inversiones en la planta, la cual se mantuvo con las mismas máquinas de siempre.
En su época de gloria supo tener 3.000 trabajadores y ahora quedaron 930. En la actualidad, existe un área de mantenimiento y otra de fabricación. Aún cuando no es una empresa que de superávit, sus empleados señalan: «Nosotros facturamos a base de los trabajos que se realizan. De todas formas, no es una empresa que sea deficitaria para el Estado que justifique un desprendimiento para pasar a manos de privados».
Entre los trabajos que actualmente se realizan enumeran el mantenimiento de los aviones Hércules, el B-3 que es un avión Orión de la Armada y se están modernizando tres aviones Pampa. También se fabrican partes para el avión KC-390 de Embraer. Y se está planeando la modernización de tres aviones Pucará, que son remotorizados.
Fabricaciones Militares
Además de FAdeA, la provincia de Córdoba cuenta con otras dos empresas que superan los 400 empleaos cada una. Se trata de las dos fábricas militares que dependen del Estado nacional: una ubicada en Río Tercero y la otra en Villa María.
En ambas dependencias se produjeron despidos durante la administración de Mauricio Macri con el objetivo de reducir costos y generó la reacción de los trabajadores.
Jorge Challup, secretario general de la CTA Regional Córdoba y a la vez secretario gremial del ATE Córdoba -gremio que es comandado por Federico Giuliani-remarcó que además de Fabricaciones Militares, cuenta con un plantel de más de 800 personas entre ambas ciudades. Otras de las empresas mencionadas por la ley ómnibus y que tienen sus sedes en la provincia mediterránea son Dioxitec, que trabaja sobre polvo de dióxido de uranio y que emplea a 300 empleados; Vehículo Espacial Nueva Generación S.A. (VENG) que es una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos que trabaja junto a la CONAE (300 trabajadores), los Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.(con cerca de 220 empleados y cinco medios de comunicación) y Radio Nacional Córdoba, con alrededor de 60 empleados.
Sin mencionar los empleados de Aerolíneas Argentinas, YPF, Trenes Argentinos y otras empresas que tienen sedes en varias provincias del país.
“Nosotros vemos como una amenaza el avance del Gobierno de Milei sobre estas empresas que pertenecen al Estado. En el caso de VENG que depende de la CONAE hay un trasfondo que está relacionado con darle importancia a la soberanía tecnológica. Es decir, es el Estado Nacional el que debe tener el control de los satélites y no las empresas privadas. Además, esta empresa da ganancias, igual que Dioxitec y que las fábricas militares de Río Tercero y Villa María. Nos preocupa que puedan pasar para el sector privado”, expresó Challup.
Jonathan Cruzeño es operario en Fábrica Militar Villa María, donde desarrolla tareas en el área de producción de dinámicas. Es además secretario general de junta interna de ATE que integran 13 de los 420 trabajadores que tiene hoy la planta incluyendo su área administrativa y la parte productiva.
Según precisa, la fábrica hoy en día no se encuentra trabajando al 100% de su capacidad, «Estamos produciendo entre un 50% y un 60% tanto sea por falta de materia prima como por falta de mantenimiento e inversiones. Aún así, la fábrica no da pérdidas. Tenemos contratos con una empresa de Perú, a la cual exportamos MasterMix que es un componente activo que se usa para la elaboración de dinámicas. También hacemos pólvoras para balas de cañones de gran calibre, y nitrocelulosa, que es un componente activo que se puede utilizar para pólvoras o la fabricación de nuestros explosivos propios», detalló.
La Fábrica Militar de Villa María es una de las empresas del Estado que podría pasar por un proceso de privatización. Fabricaciones Militares
Cruzeño aún recuerda que en 2017 y 2018, la fábrica tuvo una reducción de personal que se produjo bajo el gobierno de Mauricio Macri. «La fábrica por entonces estaba en muchas mejores condiciones que ahora y esos 82 despidos fueron en etapas. La mayoría de ellos fueron reintegrados después de una lucha muy grande», comentó.
Impacto en las economías locales
Sobre la posibilidad de que la fábrica pueda ser concesionada, el operario señaló que con sus compañeros vienen analizando esa situación desde antes que Javier Milei asumiera frente a la Presidencia. «Nosotros estamos organizando la resistencia para demostrarle al Gobierno que somos una empresa sustentable. La fábrica militar no da pérdida, es una fuente de ingreso de dólares al país porque estamos exportando material, aún cuando estamos fabricando a un porcentaje menor de lo que podríamos hacer», enfatizó.
«También es importante destacar que todos los trabajadores, los 420, vuelcan todos sus sueldos en la ciudad. No somos operarios que tenemos la posibilidad de ahorrar en dólares. Vivimos al día a día, y con nuestro sueldo compramos en los comercios de la ciudad, es decir que esta fábrica es importante para la economía regional», destacó Cruzeño. Y recalcó que no le encuentran sentido que la fabricación de insumos de defensa para la soberanía argentina pase a manos privadas.
«Mucha gente quizás no sabe bien qué es lo que dice el DNU y a cuánta cantidad de gente abarca. Nosotros que sí lo hemos leído, y sabemos hasta dónde llega este decreto, que no nos parece ni de necesidad ni de urgencia. Y vamos a manifestarnos, con el derecho constitucional de hacer huelga que tenemos y siempre pacíficamente, para defender a la fábrica que es nuestro segundo hogar y donde tenemos un fuerte sentido de pertenencia», aseguró.
Por su parte, Mayra Luján, delegada de los trabajadores de la Fábrica Militar de Río Tercero comentó lo difícil que es enfrentar a una localidad que votó masivamente a Milei y que cree que la plata de esta empresa del estado está compuesta por «militantes» o «ñoquis».
La Fábrica Militar de Río Tercero emplea a unos 400 operarios y es otra de las empresas del Estado radicadas en la provincia de Córdoba. Foto: Facebook Fabricaciones Militares
Según precisó, la Fábrica Militar de Río Tercero está compuesta por dos plantas que emplean en total a aproximadamente 400 operarios. «En la planta química producimos ácido nítrico, nitrato de amonio, ácido sulfúrico, y éter. En tanto, en la Planta Metal-mecánica, luego de las explosiones del 1995, no se fabricaron más explosivos. Hoy en día, nos dedicamos a la reparación de vagones para recargar granos, y ahora estamos desarrollando un proyecto para armar los kits de los jeeps de exploración para el Servicio Militar», comentó.
«Nos dicen que somos ´ñoquis´»
Como su par de Villa María, Luján asegura: «No somos una empresa de déficit, somos una empresa que produce. Y no produce solamente para el Estado, sino también para los privados que no consiguen mano de obra calificada y nos contrata para hacer reparaciones. No es cierto lo que se dice de nosotros, que somos ´vividores´ o lo que ´estamos fundiendo al Estado´. Es una barbaridad», se lamentó.
Durante el 2017 y 2018 también se produjeron despidos en las plantas de Río Tercero. La operaria recuerda que muchas familias se fueron de la ciudad porque por cada trabajador que dejaba de comprar o alquilar, se cortaba la cadena de la economía local.
«Esta ciudad creció a la par de la Fábrica Militar. Hay empleados que vienen de generaciones de familias que han pasado por estas plantas. Además cumple con una función social, porque tiene una Escuela de Aprendices, en la que todos los años dicta como mínimo dos o tres cursos gratuitos para la población. Son grupos limitados pero quienes se anotan obtienen un título y una capacitación de mano de obra.
En mi caso, yo me anoté en Curso en Soldadura y después me presenté en una convocatoria abierta que hizo la fábrica y entre a trabajar», relató. Luján contó también que el temor por un cierre o privatización de la fábrica comenzó antes de las elecciones generales, cuando se conocieron las propuestas del ahora Presidente de la Nación. «Yo le decía a mi familia, es muy triste ver cómo se vive con la angustia de llegar al trabajo y que no te permitan el ingreso o te informen que la fábrica fue vendida o va a cerrar. Ahora mismo, nos tocó que hay varios trabajadores que entraron a través de contratos este 2023 y ya dijeron que no se renovarán.
Es difícil además porque en Río Tercero, siete de cada 10 personas votaron a Milei, y nos encuadra en esa creencia de que somos ´ñoquis´ o que somos de ´La Cámpora´. No tenemos el apoyo ni siquiera de nuestra propia ciudad. La agresión que recibimos en las redes sociales es constante. Es increíble la crueldad de la gente que te dice ´Ojalá los echen porque el sueldo de ustedes sale de nuestros impuestos´», se lamentó.
Soberanía espacial
A pocos kilómetros de Córdoba Capital, en Falda del Carnen, se encuentra el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Dicha sede trabaja en conjunto con la empresa VENG, una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial.
Desde el inicio de sus actividades comerciales en 2007, VENG se ha desarrollado exponencialmente a partir de la participación en proyectos espaciales impulsados por su controlante, la CONAE. Sus siglas significan «Vehículo Espacial de Nueva Generación», y fue creada como un contratista privado como tienen muchos otros países del mundo.
VENG es una empresa cuyas acciones mayoritarias las tiene el Estado y nació como soporte de la CONAE. Es otras de las empresas que podría pasar por una privatización. Foto: Instagram VENG Argentina
«VENG es una sociedad anónima, cuyo accionista mayoritario es el Estado Nacional. Por sus condiciones y los dichos del actual presidente, quedaría en el conjunto de empresas que serían desarticuladas, privatizadas, o el mecanismo que se tome para que el Estado se desprenda de ella. Y esto generaría un problema para la CONAE, que viene muy golpeada por el sector tecnológico, porque muchas de las tareas que se llevan adelante a través de VENS no se van a poder seguir realizando por los costos que implica hacerlo. Y de hecho hay muchos convenios que tenemos que cumplir como con la Agenzia Spaziale Italiana, con empresas noruegas, y con la misma NASA», explicó Emiliano Baun, ingeniero informático de la CONAE en Córdoba.
En cuanto a la relevancia de las tareas que se realizan en conjunto con VENG, Baun explicó que actualmente se logró tener volando dos satélites de observación de la Tierra: el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B. «Estos satélites tiene una aplicación muy importante para la agroindustria, y a su vez su tarea es muy relevante par el monitoreo de desastres naturales», contó.
«Con satelites como estos, se hicieron análisis del cambio de la forestación y también se pudieron prever la epidemia del dengue. Con esas imágenes satelitales, se hacen todos los relevamientos para el cobro de impuestos inmobiliarios, por ejemplo. Tiene un montón de aplicaciones. La industria satelital está creciendo mucho. Requiere mucha inversión, pero genera mucho dinero. Si la CONAE desaparece, o desaparece VENG, el Estado va a terminar gastando mucho más dinero para acceder a esas imágenes de empresas privadas», aclaró Baun.
Además destacó la importancia que tienen esas imágenes para la defensa del país, el control del litoral marítimo, y el control de los buques que invaden nuestra plataforma marítima, entre otras aplicaciones
«Hoy uno ve en el mundo que las guerras se dan con drones y satélites. Esa información es valiosa para la defensa de nuestra soberanía y es fundamental que el Estado esté presente. Ningún país regala eso», señaló el ingeniero informático.
Según contabilizó, la CONAE tiene alrededor de 300 empleados en el país, y en Córdoba trabajan casi la mitad de ellos. En tanto, en la empresa VENS tiene en esa provincia unos 400 empleados. «VENS no tiene pérdidas, pero es cierto que el principal proveedor es la CONAE porque nació con ese objetivo de brindarle soporte. Sin embargo, también realiza tareas para el sector privado. De todas formas, si se llega a privatizar, no veo que haya empresas del sector privado que les interese investigar si en tal o cual lugar va a haber un brote de dengue el año que viene. Esas cosas las hace el Estado, o no las hace nadie», reflexionó.
