Designaron al nuevo superintendente de Servicios de Salud tras aceptar la renuncia de Gabriel Oriolo
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Los cambios se dan en el marco del proceso iniciado por el Gobierno hacia la regularización de las obras sociales y el sistema de medicina privada.
El Gobierno nacional oficializó esta madrugada los cambios en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) —una área clave para los cambios impulsados por la gestión en materia de obras sociales—. Tras la renuncia de Gabriel Oriolo, ahora ex titular del organismo, designaron a la persona que encabezará el área de ahora en más.
Tal como adelantó Infobae, Oriolo había presentado su renuncia el pasado 28 de junio. Según precisaron fuentes oficiales a este medio, su salida se debe a motivos personales y fue previamente conversada con el ministro de Salud, Mario Lugones.
De esta manera, mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 440/22025, el Ejecutivo aceptó su renuncia y designó en su lugar a Claudio Adrián Stivelman, quien hasta ayer se desempeñaba como gerente general de la SSS.
En línea con los cambios, ese puesto será ocupado de ahora en más por Juan José Picón.
“Se han evaluado los antecedentes del doctor Claudio Adrián Stivelman y del licenciado Juan José Picón, quienes cuentan con la formación profesional y reúnen las exigencias de idoneidad y experiencia necesarias para cubrir los cargos aludidos, habiendo demostrado su capacidad en el desempeño de sus funciones actuales dentro del citado organismo”, alegó el Gobierno nacional.
Al conocerse su salida, Oriolo expresó en sus redes sociales su agradecimiento a Lugones por el trabajo compartido durante estos meses. “Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional“, escribió.
Asimismo, aseguró que durante su gestión impulsó “reformas históricas tanto en la seguridad social como en la medicina privada”, entre las que mencionó: “Terminamos con la famosa triangulación que era un negocio legal de décadas a costa de los beneficiarios, redujimos drásticamente los tiempos de respuesta a los reclamos, reformamos el régimen de sanciones a los agentes que no cumplen, hicimos públicos los valores de los planes para facilitar la libertad de elegir, achicamos la estructura política del organismo, mejoramos la trazabilidad, promovimos compras conjuntas que generaron ahorros millonarios y desregulamos un sistema que atentaba contra la competencia y beneficiaba a unos pocos, solo por nombrar algunas”.
Lugones, por su parte, hizo lo propio y le dedicó un mensaje al ahora ex funcionario. “Muchas gracias pro todo el trabajo que realizaste. Durante este período lideraste cambios muy importantes que eran necesarios para mejorar el sistema de la seguridad social y la medicina privada. El mayor de los éxitos en tu próximo desafío”, manifestó en su cuenta de X.
Estos cambios se dan en el marco de un proceso para reorganizar el Sistema de Salud nacional. Una de las medidas que más resonancia tuvo en los últimos días fue la liquidación de una serie de obras sociales, resultado de la política oficial orientada a fortalecer el control y la transparencia en el sector.
Dos de ellas son la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial a través de los textos 1092/2025 y 1093/2025, detallan que ambas entidades llevaban más de dos años bajo declaración de crisis. Durante este tiempo, la Superintendencia de Servicios de Salud había realizado observaciones sobre irregularidades administrativas y financieras, sin que las instituciones implicadas pudieran subsanar los señalamientos ni entregar la documentación solicitada.
En los considerandos de ambas resoluciones, se hace referencia a la ausencia de avances en los planes de normalización de balances tanto financieros como operativos por parte de las obras sociales afectadas, una situación que, según explicó el organismo, dejó sin margen de maniobra para otro tipo de intervención que no fuera la liquidación.
