El derecho a la protesta: riesgosos cuestionamientos desde los poderes públicos

En los últimos días se llevaron a cabo en nuestro país dos medidas por parte de poderes públicos que intentan limitar el ejercicio de la protesta social. En efecto, en la provincia de Salta se aprobó una Ley para limitar las manifestaciones públicas, así como en Jujuy se acaba de aprobar una reforma constitucional que las limita.

La suerte de ambas decisiones por el momento fue despareja. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz, a través del Decreto n° 360, vetó parcialmente la “Ley de Convivencia y Conciliación Ciudadana”, dando marcha atrás con algunas de las medidas contempladas de carácter más polémico. Por ejemplo, eliminó el artículo 4 de la mencionada Ley, que estipulaba la notificación previa de las manifestaciones.

Con respecto a Jujuy, el gobernador Gerardo Morales derogó el Decreto Acuerdo 8464-G-2023, que establecía fuertes limitaciones a las manifestaciones públicas, alegando “razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia”. Sin embargo, se estableció la limitación de la protesta en la reforma constitucional recientemente aprobada.

Ambos hechos sientan un serio antecedente en la vida político institucional de nuestro país. Lo curioso, si es que cabe la palabra, es que en ambas cuestiones no parece haber grieta. Incluso el rango constitucional que se le da a la medida fue aprobado por las bancadas oficialista y opositora.

Buena parte de las instituciones, derechos y logros políticos que se han logrado en nuestra historia fueron alcanzados a partir del activismo, la movilización, la huelga y diversos modos de expresar el descontento ante los acontecimientos.

Limitar el derecho a la protesta comporta una medida ajena a nuestra historia democrática, al sano ejercicio de participación social y evidencia un déficit en los poderes públicos para entender las diversas manifestaciones de la vida social.

Como era de esperar, la misma política de desarticulación de las manifestaciones sociales ha generado situaciones contraproducentes, ya que no ha hecho sino incentivar aún más las protestas. Como hemos visto, en sendas medidas legales en Salta y Jujuy, se dieron parcialmente marcha atrás.

Sin embargo, la reforma constitucional en Jujuy y la evidente decisión de instalar en agenda la judicialización de la protesta, evidencian un pernicioso avance sobre la vida político social del país.

Los sindicatos confederados deben tomar nota y prestar mucha atención, a estas intentonas legislativas que tienen por objeto criminalizar la protesta.